El juez no atiende a la Fiscalía y deja libre a la detenida de los CDR

El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea ha dejado libre a la detenida de los comités de defensa de la república (CDR) Tamara Carrasco, por un delito de desórdenes públicos. El Ministerio Público había reclamado su encarcelamiento incondicional pero el magistrado no ha accedido a la petición y se ha limitado a imponer medidas cautelares: comparecencias todos los lunes en el juzgado de guardia y prohibición de salida del municipio de residencia, salvo para acudir al trabajo si este estuviera fuera de dicha localidad. Pese a ello, el juez mantiene de momento la competencia del procedimiento, declarado secreto, y no se ha inhibido a la jurisdicción ordinaria.

De Egea dictará orden de detención respecto de la otra persona que no ha sido localizada, un segundo investigado de la localidad de Espluges que no fue detenido porque no se le halló en su domicilio, añaden fuentes jurídicas. El fiscal Miguel Ángel Carballo había solicitado su prisión provisional como presunta responsable de delitos cometidos con finalidad de rebelión, aunque dejando la puerta abierta al terrorismo, ya que avisa de que puede haber "ulteriores calificaciones que puedan adoptarse tras el avance de la investigación".

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Según la Fiscalía, la investigada habría desarrollado actividades de dirección y coordinación en actos de sabotaje, formando parte de un reducido equipo de dirección que determina las pautas de actuación y las consignas de movilización de estos grupos. Defiende que protagonizó y guió actos de rebeldía encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado. Las acciones se desarrollaban en la calle, con actuaciones violentas en defensa del proceso soberanista catalán que se investiga en sendos procedimientos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. Eran -añade- una clara una amenaza directa al orden constitucional establecido.

En su opinión, la gravedad de las penas que los hechos conllevan, además del riesgo de reiteración delictiva —dadas las acciones que la detenida presuntamente pretendía coordinar, junto a la finalidad de evitar la destrucción de pruebas por la actitud ya acreditada de la misma—, determinan la necesidad de la medida cautelar solicitada. La investigada se ha negado a responder a las preguntas del Ministerio Público durante su comparecencia de esta mañana anque sí ha contestado a su defensa.

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Durante la operación, bautizada como Cadera, a cargo de efectivos de la Guardia Civil, los agentes localizaron en el domicilio de la arrestada mapas con rutas y trayectos para llegar al cuartel del Instituto Armado situado en Travessera de Gràcia, que alberga la Sección de Protección y Seguridad de la ciudad. El acuartelamiento, uno de los más importantes de la capital catalana, fue uno de los puntos donde se celebraron concentraciones de protesta los días 20 y 21 de septiembre, ya que allí fueron trasladados los arrestados entonces por su relación con la organización del referéndum del 1 de octubre. La defensa insiste en que se trata de una imagen de Google Maps con indicaciones para desplazarse a las dependencias a raíz de las numerosas protestas de los últimos meses.

Ha sido precisamente en esta comisaría en la que la activista ha permanecido bajo custodia hasta su traslado a Madrid. También le fueron incautados un teléfono móvil, un ordenador, memorias USB, una agenda y numerosa cartelería. Además, localizaron camisetas de apoyo a los políticos presos y al referéndum del 1-O, caretas de papel con la fotografía de Jordi Cuixart, boletos para recaudar fondos para los encausados por el 'procés' y varios objetos de color amarillo, entre ellos un silbato.

Durante la tarde de este miércoles, se negó a declarar ante los agentes. Su abogado, Jordi Busquets, negó que la arrestada ejerza dirección alguna en el seno de los CDR y ha destacado que solo participó en uno de los cortes de carretera organizados tras la detención de Carles Puigdemont en Alemania el domingo 25 de marzo. Fue identificada, en concreto, en la acción desarrollada en la carretera A-2 a la altura de Soses (Lleida).

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No obstante, los investigadores la vinculan con un archivo de audio que se distribuyó en un inicio a través de aplicaciones de mensajería instantánea y después saltó a las redes sociales. En el que explicaba que se estaban sentando los cimientos para una huelga general indefinida a través de conversaciones de los CDR con distintos sindicatos. "Los muy cabrones reclaman que la gente se afilie", afirmaba en el audio, y especificaba que el plan debía ser impulsar el paro en una semana. Para ello, sostenía, era necesario que se organizaran previamente movilizaciones en las calles.

Para esta "paralización indefinida", la detenida explicaba que se trabajaba en el corte de carreteras, con prioridad en la frontera de la Junquera, para los que se emplearía la quema de neumáticos, como efectivamente sucedió en los primeros días de este mes. "En Barcelona, los CDR se repartirán por la ciudad", dijo y explicó que el objetivo era mantener ocupados con microacciones en diversos puntos a los distintos cuerpos policiales. También mencionó planes para llevar a cabo sabotajes en las vías del tren y el deseo de tomar el aeropuerto del Prat. "Eso está muy jodido por culpa de la guardia civil", agregó.