Un máster 1.000 euros, dos 1.800: así vende títulos el centro del máster de Cifuentes

El Instituto de Derecho Público (IDP) de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) concedió un máster a Cristina Cifuentes sin exigirle asistir a las clases, hacer exámenes o presentar su supuesto proyecto fin de curso ante un tribunal reglamentario, pero ofrece esas mismas facilidades a decenas de estudiantes. Incluso en cursos que no tienen nada que ver con el Derecho Público ni tampoco guardan la más mínima relación con el perfil de los profesores que integran el Consejo Académico de ese organismo. Más que un centro de estudios, el IDP es una máquina de ingresar dinero.

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Parte de los fondos los obtiene con los másteres, cursos de especialista, seminarios y conferencias que organiza directamente. El Máster en Derecho Público del Estado Autonómico en el que se matriculó Cifuentes tras pagar 1.586 euros desapareció en 2014, pero a cambio ofrece otros programas sobre Gobernanza, Marketing Político y Comunicación Estratégica, Terapia Sexual y de Pareja, Sexología y Género, Adiestramiento de Base y Educación Canina, Detective Privado y Detección de Sustancias Explosivas con Perros, entre otros.

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Como informó eldiario.es, aunque el IDP depende desde su entrada en funcionamiento en 2005 de la Universidad Rey Juan Carlos, el fundador y cerebro de esta entidad, el catedrático de Derecho Constitucional Enrique Álvarez Conde, supuesto tutor de Cifuentes, logró en 2010 una autorización para que el centro actuara como un organismo casi autónomo, con CIF propio, capacidad de endeudamiento y contabilidad separada.

La otra gran fuente de ingresos del IDP son los acuerdos comerciales que sella con entidades externas, en su mayoría, academias privadas que le pagan un canon por usar su marca y la de la URJC en los títulos propios que ofertan. El barniz de seriedad que debería acompañar a una universidad pública sirve de anzuelo en el saturado mercado de la enseñanza privada. Según fuentes consultadas por El Confidencial, a cambio de ceder su imagen, el IDP se lleva hasta un 40% del precio de matriculación de esos cursos ajenos a la universidad.

En marzo de 2016, el IDP anunció una de sus últimas alianzas mercantiles. Fue con la sociedad Iniciativas de Gestión Cultural Siglo XXI SL (Liceus). Los cursos de Experto en Agencias de Desarrollo Local, Experto en Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional o Experto en Producción y Montaje de Exposiciones que gestiona Liceus están desde entonces certificados por el IDP de Álvarez Conde. Con todo lo que ello implica.

Algunos de estos títulos externos se venden casi al peso. Es el caso, por ejemplo, de los que organiza Vonselma Internacional, otra firma privada que ha colocado los logotipos del Instituto y de la Rey Juan Carlos en una posición predominante de su página web. Ofrece programas presenciales y online en asuntos tan diversos como Emprendimiento y Desarrollo de Ideas Innovadoras, Inteligencia Emocional y Coaching para Entornos Públicos, Habilidades Directivas en la Gestión de Energía, Petróleo y Gas y en Logística y Comercio Exterior. Los precios de Vonselma oscilan entre los 2.500 euros de un curso online y los 9.500 de un máster presencial. La oferta de títulos se agrupa en una subpágina llamada "producto" y para matricularse sólo hay que "añadir al carrito" los estudios elegidos. Álvarez Conde ocupa la segunda posición en el lista de profesores de esta academia. En la primera aparece el propietario y presidente de Vonselma, Fernando Herrero-Nieto. Asegura ser doctor en Lobby Político.

Más disparatada es la relación del Instituto que avaló el máster de Cifuentes con el centro Logoss, una academia de Jaén especializada en la formación online en materias sanitarias y educativas, también sin relación con el Derecho Público o áreas conexas. Logoss actúa además como si fuera un supermercado de títulos. Sus másteres valen 1.100 euros, pero pueden comprarse dos por 1.800. También tiene grandes descuentos en los títulos de especialista: uno por 695 euros y dos por 1.050. Permite incluso matricularse en hasta tres títulos de experto a la vez. De ese modo, el precio unitario de 495 euros desciende a 400 (1.200 euros los tres).

Logoss insiste en su web en que todas sus formaciones están avaladas por el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos y, para despejar las dudas de los interesados, exhibe una muestra del título que obtendrán si finalmente se matriculan. En la parte superior del documento aparecen, por supuesto, los logotipos del instituto y de la Universidad. La reproducción tapa la firma del responsable que expide el título, pero aún puede leerse el cargo: director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Es decir, Enrique Álvarez Conde.

La oferta formativa de Logoss incluye cursos de Cuidados de Enfermería en Emergencias y Urgencias, Enfermería al Neonato y Pediatría, Enfermería en Unidades de Cuidados Intensivos y Cuidados Paliativos y en Manejo de la Vía Aérea y Ventilación Mecánica, entre otros. A pesar de la importancia de la materia y de que estos títulos puntúan en los procesos públicos de oposición, toda la formación se imparte online. El alumno va superando unidades hasta que llega al trabajo final, que debe tener una extensión de unas 40 o 50 páginas, según explica a El Confidencial un empleado de Logoss. El estudiante decide a qué ritmo quiere avanzar. El formato tiene tanto éxito que algunos másteres se imparten hasta tres veces al año.

Estas prácticas, unidas a lo que ya denunció El Confidencial en el mismo sentido con los cursos que la Universidad Rey Juan Carlos creó para que comisarios e inspectores jefe de la Policía Nacional pudieran obtener el título de grado haciendo un sencillo curso online —una iniciativa tumbada por Educación—, refuerzan el aroma a fraude que ya desprendía el máster de Cristina Cifuentes. Como adelantó este diario, el acta de presentación del Trabajo Fin de Máster de la dirigente del PP fue fabricado con firmas falsas de profesoras el pasado 21 de marzo, sólo unas horas después de que eldiario.es revelara que la presidenta regional había conseguido su título en 2014 —dos años después de matricularse— gracias a que una funcionaria convirtió dos calificaciones de No-Presentado en notables. La Fiscalía ya ha abierto diligencias para determinar si los hechos son constitutivos de delito.