El farmacéutico que fabricaba medicinas ilegales para países pobres desde Teruel

Cuando los agentes de la Guardia Civil llamaron a la puerta de los laboratorios Defabar salió a abrirles su propietario, Gabriel García Gavín. Tenía mal aspecto, como si hubiese estado durmiendo dentro, en el colchón que encontraron en uno de los despachos. La nave se encontraba tan revuelta como los ficheros de los ordenadores con los que había intentado salvar su negocio. Había cajas de cartón tiradas, medicinas, maquinaria desconectada y en desuso. El sueño que este farmacéutico había tratado de levantar en un polígono de Alcorisa (Teruel) se había truncado años antes. En realidad, para cuando la policía irrumpió ya acumulaba cerca de tres millones de euros en pérdidas (según uno de sus extrabajadores), había dejado un reguero de impagos a empleados, clientes y proveedores y le estaban embargando el material.

Los primeros contratados por Defabar recuerdan un panorama muy distinto, que duró hasta hace apenas cinco años. "El laboratorio era una joya. Muy pequeño pero con máquinas muy buenas y mucho potencial. Bien hecho y bien proyectado y cuidado, con mucho futuro". Al García Gavín de aquella etapa lo describen además como un hombre dicharachero, optimista y enérgico, aunque un poco despistado y con tendencia a prometer demasiado. Lo que se sabía en la comarca es que era un farmacéutico de Santander que había querido dar el salto para convertirse en fabricante y que prometía crear empleo y riqueza en la zona. Las subvenciones del plan de reindustrialización de la vieja cuenca minera de Teruel le habían atraído hasta allí.

El alcalde de Alcorisa y exsenador del PP, José Ángel Azuaga, le animó personalmente a instalarse en su pueblo, en un polígono a quince minutos en coche de Andorra, pueblo donde estableció su residencia y se fue a vivir con su mujer y su hija. Las ayudas llegaron, cientos de miles de euros. Y pasó de tres empleados a unos veinte. Del millón inicial invertido, más de un 30 por ciento lo recibió de la entidad 'Suma Teruel', una sociedad para la promoción empresarial con representación del Gobierno de Aragón, la SEPI, Ibercaja y la Caja Rural de Teruel. El negocio, sin embargo, no despegó nunca. El primer revés lo sufrió cuando la Agencia del Medicamento le obligó a cerrar la farmacia por ser incompatible con el laboratorio. Y a partir de ahí todo fue cuesta abajo.

Según las investigaciones de la Sección de Consumo y Medio Ambiente (SECOMA) de la UCO, desde 2015 García Gavín empezó a convertir su ruinoso negocio en una peligrosa bomba de relojería. Intentando salvarse de la ruina, creó "un entramado dedicado a la importación, exportación, fabricación y distribución de medicamentos ilegales a nivel internacional". En esencia, compraba medicamentos baratos en India y China —a menudo a granel—, los transportaba a España saltándose controles y requerimientos, los empaquetaba utilizando marcas españolas ficticias y finalmente los exportaba a países como Líbano, Panamá, Ucrania, Ecuador, Irán, Arabia Saudí o Congo. Algunos llegaban a su destino camuflados. En una de las facturas se describe el envío como ropa de cama, en otra como de bolsas de basura (1.381 kilogramos), en otra como preparaciones de limpieza (7.400 kg)...

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Elena del Estal. Delhi (India)

El SECOMA hizo pública esta semana la llamada Operación Ayurvedha​ y García Gavín acabará respondiendo ante la justicia por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales. Los investigadores creen que ha puesto en riesgo la vida de pacientes en los países donde exportó su mercancía falsa. Y la impresión la comparten algunos de los extrabajadores consultados por El Confidencial. "Cuando me enteré de lo que había hecho se me pusieron los pelos de punta. Con los analgésicos, almax y medicamentos corrientes el riesgo es más bajo porque son medicamentos preparados para aguantar, muy estables. Pero con los inyectables es una auténtica locura lo que ha hecho. Con la amoxicilina, o con la heparina, por ejemplo. Cuando me enteré pensé que se había vuelto loco. Yo creo que no es mala persona pero estaba desesperado por la situación", valoró uno de ellos.

"Los fármacos así fabricados”, inciden los investigadores, “estaban destinados a tratamientos de distintas patologías, algunos para contrarrestar dolencias de gravedad como leucemia, psicosis y síndromes de ansiedad e incluso afecciones cardiacas graves, destacando fármacos como la penicilina, heparina, vincristina y morfina”. Uno de los problemas más graves es que en muchas ocasiones, y con el fin de ahorrar costes, DEFABAR se saltaba los protocolos de conservación de los medicamentos en tránsito y almacenaje. Además, los porcentajes de principio activo estaban a menudo al mínimo, se cree que para limar aún más los costes. “Los inyectables podrían haber estado en almacenes en la India a quién sabe qué temperaturas, algunos viajaban sin el termómetro reglamentario. Si el principio activo pierde las cualidades puede ser un peligro. Incluso siendo inocuo porque si alguien se inyecta heparina para combatir un trombo y no le funciona.... puede morir”, resumen.

Según trasciende de la investigación, García Gavín evitaba los países más desarrollados, donde existen más regulaciones y controles, y viajaba constantemente a ferias internacionales para ampliar sus contactos. Se sabe que colaboraba con otras pequeñas empresas españolas y que contaba con distribuidores en diferentes partes del mundo, entre ellos uno en EEUU para el mercado de América Latina, otro en Oriente Medio y otro francés para África. También era habitual la falsificación de documentos o el aprovechamiento de instituciones españolas como las Cámaras de Comercio para otorgar sensación de seriedad a sus clientes.

Los inyectables podrían haber estado en almacenes en la India a quién sabe qué temperatura e iban sin termómetro

García Gavín habría engañado en sus últimos años de actividad a varios colaboradores, socios y trabajadores. Falsificó por ejemplo la firma de una exempleada para aparentar legalidad en documentos técnicos y persuadió a un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares para hacer certificaciones fraudulentas, asegurándole que estaba todo en orden. En algunos casos, los medicamentos eran adquiridos por otras empresas (generalmente en apuros económicos como Logi Health, una actividad familiar de Sevilla) y que acababan funcionando como distribuidores. "Bajo su propia marca y simulando el papel de fabricante, eran comercializados fuera de la Comunidad Europea a países con legislación y control más laxo", resumen los investigadores.

La voz de alarma sobre Defabar la dio un laboratorio iraní al que García Gavín vendió una remesa de fármacos que nunca llegó a destino, dejándoles un pufo de más de 70.000 euros. Denunciaron los hechos ante la Agencia del Medicamento, que a su vez alertó al SECOMA. La investigación, que ha durado unos 20 meses, encontró más rastros de su actividad ilegal gracias a la FDA de EE.UU, que lo vinculó con una operación de tráfico ilícito de medicamentos para su exportación a América Latina. García Gavín, hoy divorciado, sigue viviendo en su casa de Andorra (Teruel) a la espera del juicio. García Gavín está en libertad, esperando el juicio. Según fuentes cercanas a la familia ni siquiera dispone de dinero para pagarse un abogado y recurrirá a la defensa de oficio. "Otro se habría vuelto loco, pero él lo lleva con optimismo. Y sigue yendo al laboratorio todos los días".