Actas, mentiras y firmas falsas: las 72 horas cruciales del caso Cifuentes

El caso del máster de Cristina Cifuentes arrancó hace dos semanas pero los acontecimientos se precipitaron el miércoles. La culpa fue de un documento: el acta de presentación de su Trabajo Fin de Máster, una prueba clave si pretendía demostrar que completó los estudios en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de forma completamente reglamentaria en 2012, el año en el que se había matriculado, y no en 2014, tras conseguir que una funcionaria convirtiera en notables dos calificaciones de No Presentado.

El 21 de marzo por la noche, solo unas horas después de que eldiario.es publicara la primera información sobre este escándalo, Cifuentes grabó un vídeo en su despacho oficial para probar que no tenía nada que esconder. "Tengo aquí un acta del trabajo de fin de máster, un acta que está firmada por los tres miembros del tribunal calificador con la fecha de la evaluación y la calificación del trabajo, que por cierto saqué un notable [...] Los papeles hay que enseñarlos. Hay que hablar con papeles", dijo la presidenta regional. "Todo el procedimiento académico en relación con el máster se llevó a cabo de acuerdo con la más absoluta legalidad, y que no hubo irregularidades", añadió luego en un comunicado.

El documento parecía despejar, efectivamente, las dudas que se cernían sobre su currículum. Probaba que había culminado sus estudios de máster el 2 de julio de 2012 con la presentación del proyecto fin de curso, último trámite para la obtención del título. Al pie del acta habían firmado las tres profesoras que le pusieron nota, Alicia López de los Mozos (supuesta presidenta del jurado), Clara Souto (vocal) y Cecilia Rosado (secretaria). Y el teórico tutor de su trabajo, el catedrático Enrique Álvarez Conde, director del máster y del Instituto de Derecho Público (IDP) que gestiona esos estudios, ya la había respaldo en público el primer día. No debía preocuparse.

Hasta que todo saltó por los aires el miércoles, cuando este diario reveló que las firmas de dos de las tres profesoras del supuesto tribunal habían sido falsificadas y que el documento fue fabricado el pasado 21 de marzo, casi seis años después de la fecha que reflejaba.

El catedrático había reunido a las tres profesoras para tratar de pactar una versión común que debían sostener hasta las últimas consecuencias

Antes, el martes por la tarde, el catedrático había reunido a las tres profesoras para tratar de pactar una versión común que debían sostener hasta las últimas consecuencias. También ante la información reservada que había abierto la Universidad, con el apoyo de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). El supuesto tutor de Cifuentes quería que ninguno de los implicados reconociera que el acta era falsa. Recurrió incluso a un amigo, el catedrático de Derecho Administrativo Juan Mestre, miembro también del Consejo Académico del Instituto de Derecho Público, para analizar las eventuales responsabilidades que se cernían sobre el grupo y obtener asesoramiento de cara a las declaraciones. Álvarez Conde también maniobró para no tener que pasar él primero por la información reservada, el miércoles por la mañana. Logró retrasar su cita hasta el viernes, después de las tres profesoras. Así ya sabría lo que ellas habían contado.

A media mañana del miércoles, con el acta tambaleándose, comenzó a cobrar fuerza la posibilidad de que Cifuentes dimitiera. Pero la presidenta madrileña compareció por la tarde en la Asamblea Regional para defender que su máster era "perfectamente legal y real" y exhibió nuevos papeles para intentar acreditarlo. Con todo, ya no recurrió al acta del TFM. La ocultó como si nunca hubiera existido. Después, en rueda de prensa, admitió que prefería esperar a que la Universidad aclarara las dudas más que razonables que ya gravitaban a esa hora sobre el papel.

No obstante, Cifuentes insistió en que acudió al campus de Vicálvaro de la Universidad a primera hora de la tarde del 2 de julio de 2012 para exponer su trabajo. Dijo que su alocución duró unos 15 minutos y que le resultó "muy sencillo" el trámite porque conocía bien la materia sobre la que versaba el supuesto TFM, "El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana". Entonces ya era delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Los detalles no sirvieron para frenar las noticias. El jueves se derrumbó otro pilar de la coartada cuando El Confidencial reveló que no solo había sido suplantada la identidad de dos de las tres componentes del jurado y que el acta fue inventada cuando saltó el escándalo, sino que el tribunal ni siquiera se había reunido para evaluar a la jefa del Ejecutivo madrileño. Ni el 2 de julio de 2012 ni en ninguna otra fecha. Es decir, el documento había recreado un acto administrativo inexistente. De hecho, algunas de las supuestas firmantes nunca habían examinado a Cifuentes, ni el TFM ni otra asignatura, según confirmaron a este diario fuentes de la Universidad.

La información fue ratificada a media mañana. La profesora López de los Mozos acudió a las 12 horas al campus de Móstoles para declarar ante la información reservada. Negó haber participado en el tribunal del acta y denunció que alguien había suplantado su firma. Su relato fue contundente. "Que me encuentro involucrada en una polémica en relación con mi supuesta participación en un Tribunal de Fin de Máster en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos con el que no guardo relación alguna y que me está ocasionando importantísimos perjuicios físicos, psíquicos, personales, familiares y profesionales", manifestó la docente. "Que no he formado parte ni he presidido ningún tribunal que haya examinado dicho trabajo Fin de Máster de la señora Cristina Cifuentes (…) Que no tengo conocimiento de la existencia en los archivos del Instituto de Derecho Público de la URJC ni del Trabajo Fin de Máster de la señora Cristina Cifuentes ni de ningún otro documento en relación con el mismo".

La confesión provocó que la Universidad suspendiera la información reservada para remitir automáticamente todo el caso a la Fiscalía Provincial de Madrid, ante la acumulación de indicios de que se podría haber cometido, al menos, un delito de falsedad documental con la elaboración 'ad hoc' de un acta. El caso del máster aterrizaba en la vía penal.

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La otra consecuencia inmediata de la confesión de López de los Mozos fue que diluyó el único documento que permitía a Cifuentes sostener ante la opinión pública que, en contra de las informaciones periodísticas, sí había presentado y aprobado su TFM. Y si el proyecto fin de curso era un espejismo, era imposible que hubiera obtenido el título. Cifuentes obvió ese nuevo contratiempo y celebró que el caso fuera remitido a la Fiscalía. "Que sea la Justicia quien determine si se ha cometido un delito", aplaudió, antes de rechazar otra vez el camino de la dimisión.

Para entonces ya se había roto la unidad que habían mantenido los profesores durante dos semanas. El reconocimiento de López de los Mozos desató un torrente de acusaciones cruzadas. El Confidencial publicó este viernes que el rector de la Universidad, Javier Ramos, reclamó el 21 de marzo al director del máster, Álvarez Conde, que le entregara un acta del TFM para poder probar ante los medios que la presidenta madrileña había cursado los estudios como cualquier otra alumna. En solo tres horas, Álvarez Conde fabricó el famoso documento que debía respaldar a Cifuentes.

"Es rotundamente falso que se haya pretendido interferir, modificar o manipular algunas de las actuaciones", afirmó el director del máster

El catedrático reconoció los hechos en una entrevista en Onda Cero y en una posterior conversación con este diario. Admitió que "reconstruyó" el acta a petición del rector y acusó a este de haberlo sometido a una "enorme presión". Álvarez Conde habría trasladado a su vez la instrucción a las profesoras, según contó. "Les dije que por orden del señor rector, y lo dije en el mismo despacho del rector, con la presencia multitudinaria que había y con intervenciones de mucha gente. 'Enrique, arréglalo'. En el sentido de elaborar un documento interno para el rector. No oficial. Que debería reflejar en la medida de lo posible lo que sucedió en 2012. Claro, han pasado seis años y estamos en muchos tribunales", declaró a El Confidencial. El catedrático mantuvo que, aunque el documento era falso, sí se produjo el examen a Cifuentes. "Mis discípulas me dijeron el 2 de julio de 2012 que hubo tribunal. No me lo han dicho ayer. Me lo dijeron después del acto". Sin embargo, a pesar de que había sido el supuesto tutor del trabajo, reconoció que no tenía ninguna prueba para documentar el rastro que había dejado la presidenta madrileña en su paso por el máster.

Las palabras de Álvarez Conde fueron duramente contestadas a mediodía por el rector. En una comparecencia, esta vez sin preguntas de la prensa, Javier Ramos reivindicó su gestión de la crisis y rechazó que hubiera exigido la fabricación de ninguna prueba. "Es rotundamente falso que se haya pretendido interferir, modificar o manipular algunas de las actuaciones a lo largo del proceso", afirmó, recordando que fue él quien ordenó abrir una investigación el mismo 21 de marzo por la tarde, tras detectar las "inconsistencias" que presentaba el documento.

Su intervención tuvo otra deriva funesta para los intereses de Cifuentes. Además de confirmar que el acta era falsa, Ramos reveló que no hay ninguna otra prueba documental en los archivos del centro que permita demostrar que la jefa del Ejecutivo autonómico defendió su proyecto fin de curso. Fue lapidario: "Durante estas investigaciones se constata que no consta el acta en el servicio de posgrado pese a que su archivo en el mismo sea obligatorio; tampoco ha sido remitida la memoria del TFM ni se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar". No quedó un ladrillo en pie de la versión oficial.

Aun así, Cifuentes no se dio por aludida. Zanjó 72 horas de informaciones sobre el máster con una rueda de prensa desde la convención nacional del PP en Sevilla. Se declaró víctima de un linchamiento y reclamó a la Universidad que aclare por qué no encuentra los documentos sobre su título. "Me matriculé, pagué mi matrícula, cursé mis asignaturas, aprobé y presenté mi trabajo de fin de máster. Todo esto lo he acreditado en un documento oficial que solicité y me remitió la Universidad Rey Juan Carlos", declaró. Luego espantó otra vez la posibilidad de una renuncia: "Yo no voy a dimitir por la sencilla razón de que ni he cometido ninguna ilegalidad ni he mentido". Ciudadanos tiene un problema. Y nadie se lo va a resolver.