Alemania amenaza el plan de Rajoy para descabezar el independentismo

Mariano Rajoy tenía una estrategia para Cataluña que consistía en llegar al objetivo básico de descabezar el independentismo, es decir, sacar de la política a los líderes del 'procés' soberanista, empezando, obviamente, por Carles Puigdemont. Así lo dijo claramente la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la campaña electoral de Cataluña.

Para ello, tenía el arma de la aplicación estricta de las leyes, encabezada por el equipo jurídico de La Moncloa, lo que se conoce como "el Gobierno de los abogados del Estado", con dos patas fundamentales: el artículo 155 de la Constitución y la acción de la Justicia contra los líderes del independentismo. Esas dos patas tienen el elemento común de que, en último término, su desarrollo o aplicación final requiere la intervención y colaboración de otros actores no del todo controlables.

En el primer caso, el 155 con elecciones inmediatas para apartar a los líderes dependía de la voluntad de los votantes catalanes, y en el segundo suponía ponerse detrás de jueces y fiscales.

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Los votantes catalanes no hicieron lo que Rajoy deseaba y el independentismo logró mayoría absoluta el 21 de diciembre, sin contar con que el PP quedó en solo cuatro diputados y en el Grupo Mixto, haciendo estéril la histórica victoria de un partido constitucionalista como Ciudadanos. Esa vía le salió mal, aunque el 155 no esté provocando dificultades en su aplicación práctica y diaria.

La de la Justicia significaba ponerse detrás de fiscales y jueces, pero iba bien para Rajoy hasta que un tribunal alemán ha desbaratado este jueves la estrategia y ha dejado temblando al propio presidente del Gobierno. Un imprevisto con efectos demoledores para el Estado y que ha sembrado el desconcierto en La Moncloa.

El argumentario para ministros y dirigentes del PP se queda en el obvio respeto a las decisiones judiciales. Fuentes del Gobierno confían en que el Supremo encuentre una grieta legal para solucionarlo y dudan de la posibilidad de una nueva retirada de la euroorden por la imagen que dejaría de España en Europa.

Ya en los últimos días, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena desbarató el plan de Rajoy para una investidura de Jordi Turull que permitía desbloquear la Generalitat, levantar el 155 y aprobar los Presupuestos. Es lo que tiene hacer depender de otros la estrategia, que puede descontrolarse.

Para todo ese plan de La Moncloa era necesaria la acusación del delito de rebeldía, porque es el único, junto al de terrorismo, que permite la suspensión cautelar de los procesados, es decir, el apartamiento de los líderes del independentismo lo antes posible. Para eso era preciso anudar una acusación de violencia, como requisito imprescindible para el delito de rebeldía.

El entonces fiscal general, José Manuel Maza, elaboró una querella por rebelión y con un concepto de violencia potencial, ajustado a lo que deseaba el Gobierno. Colaboraron los informes de la Policía y la Guardia Civil, y el juez Llarena lo asumió en los autos de procesamiento. También lo hizo Julián Sánchez Melgar cuando llegó a la Fiscalía General tras el fallecimiento de José Manuel Maza, a pesar de muchas dudas de miembros del ministerio público. El Gobierno lo apoyó con entusiasmo y hasta el ministro de Justicia, Rafael Catalá, anticipó algunos pasos del juez. Tan discutida es la rebelión con violencia que la jueza Carmen Lamela ha procesado al exjefe de los Mossos por sedición, es decir, un escalón menor que no exige que haya actos violentos.

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Hasta que la Justicia alemana ha objetado ese concepto de violencia y ha desbaratado la tesis del Supremo y la estrategia de Rajoy. Al menos, obliga a buscar una vía legal alternativa. Sorprendió a todos porque, por ejemplo, el tribunal alemán pidió a la Fiscalía estos días aclaraciones sobre el delito de malversación, pero no sobre el de rebeldía. Hoy fiscales españoles y alemanes intentarán buscar una salida alternativa y estudiar las opciones de recurso.

El independentismo estaba a punto de ser descabezado, pero ahora Puigdemont, a quien el Gobierno daba por muerto y enterrado, está en condiciones de volver y no ser procesado por rebelión. Lo será por desobediencia, malversación o prevaricación, y a final de año será condenado e inhabilitado en el Supremo, pero no podrá ser suspendido ahora si es entregado por la Justicia alemana. El Gobierno estudia cómo impedir que sea investido 'president' de la Generalitat. Cabe la posibilidad de que Puigdemont, líder o cabecilla del 'procés', sea juzgado y condenado por muchos menos años y delitos que el resto de procesados.

Ya forzó el Gobierno un recurso al Tribunal Constitucional que fue desaconsejado por el Consejo de Estado para impedir la investidura de Puigdemont, pero ahora le vuelve el problema porque no estaba resuelto.

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Rajoy contaba con llegar a la convención del PP que se inicia hoy en Sevilla con un Govern, sin el 155 y con los Presupuestos pactados con Ciudadanos y PNV. Y, finalmente, llega sin 'president', con el 155, con la votación de Presupuestos del 26 de abril y la legislatura en el aire y con mucha incertidumbre política. Todo porque su estrategia depende de otros. Y no está claro qué van a celebrar en Sevilla con el caso Cifuentes abierto y sangrando.

El PNV queda lejos de su voluntad de apoyar los Presupuestos. De hecho, en una nota, los nacionalistas vascos aseguran que "no hay Justicia en Europa que homologue un delito de rebelión sin violencia. El fallo deja de nuevo en mal lugar a la Justicia española, cuyas actuaciones hemos venido cuestionando desde el PNV. Esta decisión nos reafirma en lo que llevamos meses diciendo: la Justicia no puede suplantar a la política, los jueces no pueden solucionar un problema que es político".

Quedan también instituciones dañadas como el Supremo, la Fiscalía, el Constitucional o la jefatura del Estado, entre otras, y, en general debilitado el Estado por la decisión de la Justicia alemana. Y por los letrados de la defensa legal de Puigdemont, que van ganando la partida al Estado.

Otro efecto político de la decisión de la Justicia alemana sobre Puigdemont se produce en el propio independentismo. No es un secreto que el PDeCAT y ERC pretendían desde hace meses quitarse de encima al 'expresident' para iniciar una nueva etapa y, de paso, favorecer sus estrategias de defensa. No lo han conseguido porque Puigdemont ha resistido con su núcleo de fieles que lideran el grupo parlamentario del Parlament.

Los que se han mantenido fieles al expresident no ocultan su euforia, proporcional a la desolación de fiscales, jueces y Gobierno. Ralentiza además la formación de un Govern que aún tiene de plazo hasta el 22 de mayo. antes de unas nuevas elecciones.

Dirigentes de ERC ya se sorprendieron de que fallaran sus expectativas y les superara la lista de Junts per Catalunya, pese a estar liderada por alguien desde Bruselas mientras los suyos estaban en la cárcel. Ahora, además, podrán lamentar que ellos estén cerca de ser suspendidos, fuera de la política y con perspectiva de no salir de la cárcel antes de 10 años, como mínimo.

La conclusión es que Puigdemont está en mejores condiciones políticas y procesales que Oriol Junqueras y Jordi Sànchez.