Rato asegura que de momento no se ha podido demostrar ningún fraude fiscal

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha asegurado este jueves, tras comparecer ante el Juzgado 31 de Madrid, que desde que fuera detenido en abril de 2015, la ONIF ha realizado 11 informes y que "ninguno ha sido definitivo". Ha asegurado que los más de ocho millones de euros que en un principio le acusaban haber defraudado finalmente "se han quedado en cero", porque no se ha podido demostrar ningún fraude hasta la fecha.

Rato ha indicado que cobró sus conferencias a través de sus empresas, lo que a su entender es "plenamente legítimo", dado que desde 2002 la ley permite facturar por medio de mercantiles. El exministro ha afirmado haber sufrido un trato discriminatorio por parte de la Justicia debido a que otras personas han sido investigadas por lo mismo que él y sus procedimientos se han resuelto por vía administrativa.

El exvicepresidente ha declarado en el marco del procedimiento que investiga su patrimonio. En concreto, en la pieza separada que indaga las supuestas irregularidades en el cobro de sus servicios profesionales a Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC). Es la primera vez en dos años, informa EFE, que comparece el exgerente del Fondo Monetario Internacional ante este juzgado después de que en septiembre de 2016 defendiera la contratación de su excuñado Santiago Alarcó y de su secretaria personal, Teresa Arellano, durante su presidencia en Bankia en otra pieza del caso que ya ha sido archivada.

En un principio, Rato también iba a explicar este jueves su versión sobre otra derivada de la causa —el presunto blanqueo que le atribuye la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil—, pero finalmente el exministro económico recurrió este punto ante la Audiencia Provincial de Madrid. Aunque el alto tribunal aún no ha resuelto, el Juzgado 31 decidió limitar el objeto de la declaración a su actividad con BCC.

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En noviembre de 2015, siete meses después de la detención televisada que destapó el caso, la Guardia Civil solicitó investigar la relación con BCC, dado el "complejo entramado empresarial a través del cual [Rato] hace circular fondos provenientes de actividades profesionales". Entre las operaciones que proponía analizar, estaba la impartición de conferencias en diversos países por las que Rato "recibiría importantes cantidades de dinero".

Para gestionar esta actividad, proseguían los investigadores, el exministro contrató los servicios de BCC, sociedad administrada por los también investigados Pedro Díez y Francisca Buján, que también declararon este jueves. Según la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a la empresa 1,7 millones de euros. Durante el tiempo que ejerció como presidente de Bankia, además, Rato "contrató los servicios de Díez como asesor estratégico externo en comunicación, aunque su destitución hizo que de manera inmediata se suspendiera".