Sánchez se queda sin su comisión territorial tras la marcha de Ciudadanos

La reforma constitucional se aleja casi definitivamente de esta legislatura, si es que aún cabía alguna esperanza. Ciudadanos decide marcharse de la comisión territorial, la que el PSOE había concebido como la antesala al debate sobre la modificación de la Carta Magna, y con ello asesta un varapalo de enorme magnitud a una de las ambiciones de Pedro Sánchez. Ese órgano ya estaba muy lastrado por las ausencias, desde el primer día, de Podemos, PNV y las formaciones nacionalistas e independentistas. La permanencia en él de PP, PSOE y dos pequeños partidos del Mixto (Unión del Pueblo Navarro y Compromís) hacen muy cuesta arriba su viabilidad a partir de ahora. Los socialistas, no obstante, seguirán con los trabajos y emplazan al resto de fuerzas a sumarse a ellos.

Fue Albert Rivera quien anunció el plante en una reunión este martes con su grupo parlamentario en el Congreso. "Ya ha quedado demostrado que no hay evolución posible. Se acabó. Nos vamos a seguir en esa comisión". El presidente de Ciudadanos reprochó con dureza la postura de los socialistas, "vetando a personas que han hecho muchísimo por este país y que son de los suyos". Se refería, entre otros, a Alfonso Guerra, José Bono, Juan José Laborda y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, a los que Sánchez efectivamente no permitió que acudieran a comparecer a la comisión, con el argumento de que no era necesario que fueran "más ex" a la comisión, y que había que pensar en el futuro, dado el tiempo limitado de trabajo —seis meses, que se iban a agotar a finales de junio— de este órgano, que preside el veterano socialista José Enrique Serrano.

Rivera señala que no estará para las "ocurrencias" de Sánchez ni tolerará que el "sectarismo" invada el Congreso. "Ahí se queda el bipartidismo", desprecia

Rivera insistió en que su grupo "no estará para las ocurrencias" del secretario general del PSOE ni para "legitimar la nación de naciones" que pretende Sánchez. "Si de verdad quieren una reforma constitucional que modernice España suprimiendo aforamientos, reformando el Senado o abordando la garantía de los derechos sociales sí nos va a encontrar. Para esto, no", zanjó el líder centrista. En la reunión de los 32 diputados naranjas, el presidente de la formación insistió en que "no se puede permitir que el sectarismo se apodere del Parlamento", asegurando que la comisión "va a acabar peor" de lo que empezó y, por eso, concluyó, Ciudadanos abandona. "Ahí se queda el bipartidismo", aseveró.

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"Buscaba protagonismo"

El anuncio pilló a los socialistas a contrapié. La portavoz del grupo, Margarita Robles, apuntó que deberá ser el presidente de Cs quien explique por qué se levanta de la mesa. "Creo que buscaba un protagonismo, y como el siempre se mueve por protagonismo y por tener presencia y por fotos, en este caso concreto se ha dado cuenta de la que la comisión se hace un trabajo serio, riguroso, jurídico, y ahí es verdad que con esos parámetros de seriedad y de rigor, Cs no se sabe mover bien".

Los socialistas habían argumentado en las últimas semanas que no querían que fueran "más ex" a la comisión, porque el tiempo de trabajo es limitado

Robles consideró "lamentable que, sin dar ninguna razón, más que razones puramente anecdóticas, que no se corresponden con la realidad" —o sea, el veto a los expresidentes autonómicos Pepe Bono y Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al exvicepresidente Alfonso Guerra o al expresidente del Senado Juan José Laborda— Cs se marcha. La portavoz denunció que con su espantada la formación naranja "incumple algo tan importante" para un partido que aspira a gobernar, "al negarse examinar lo que es el estudio de una reforma constitucional y de poner las bases para que nuestra Constitución salga mucho más fortalecida y sea una Constitución dentro del ámbito de la Europa del siglo XXI".

La formación naranja ya había amagado con marcharse de la comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico —ese es su nombre oficial— hace semanas, cuando la dirección actual del PSOE empezó a rechazar las comparecencias de exdirigentes de su partido como Guerra, Bono o Ibarra, requeridos por los de Rivera. Esa negativa, que secundaron PSOE y PP, se repitió hasta en cuatro ocasiones, y a la última los naranjas decidieron suplantarse. Robles subrayó que no se puede hablar de "vetos" con una "panoplia tan variada" de ponentes como está habiendo. En los dos meses que lleva funcionando este órgano —y lo está haciendo "muy bien", a juicio de la portavoz socialista—, han desfilado los padres de la Constitución, exministros y cargos públicos relevantes, pero también es cierto que ha perdido interés y notoriedad en las últimas semanas por el bajo perfil de algunos comparecientes y la evidencia de que esa comisión no iba a llegar a buen puerto.

La comparación con Aznar y Vox

Robles recordó que el foro parlamentario tiene seis meses para elaborar su dictamen, y por tanto el PSOE considera más pertinente que pasen por allí los presidentes autonómicos, los expresidentes del Gobierno y Mariano Rajoy. De ahí ese "no queremos más ex" que Adriana Lastra, la vicesecretaria general del partido y portavoz en esta comisión, soltaba a las demás fuerzas cuando salían a colación los nombres de Bono, Ibarra o Guerra. De hecho, Sánchez ya anunció el mes pasado que quería que en marzo acudieran los jefes de los Ejecutivos regionales. La programación, sin embargo, ya estaba hecha y además estaba la dificultad de uno de los primeros que tendría que ser llamado —por una cuestión de protocolo institucional— sería el presidente de la Generalitat de Catalunya, y aún no ha sido elegido por el Parlament.

El PSOE quiere que desfilen por la comisión territorial los presidentes autonómicos, los exjefes del Ejecutivo y Mariano Rajoy

No obstante, la decisión de la cúpula de Sánchez de negarse a la comparecencia de figuras históricas como Guerra, Bono o Ibarra —que representan las posiciones más jacobinas dentro del PSOE, y que además han confrontado con la actual dirección— sí ha sido muy criticada, en privado, por los dirigentes más contrarios al secretario general. Le acusaban de querer borrar el pasado del partido, de renegar de su propia gente, algo que creían inexplicable.

El PSOE continuará dentro de la comisión, pese a que hay más fuerzas fuera de ella que dentro, según confirmó en el arranque del pleno, en los pasillos de la Cámara Baja, la propia Adriana Lastra. La vicesecretaria general cargó muy duramente contra Cs por no haberse comprometido nunca con esta vía parlamentaria —votó en contra de su creación el pasado otoño—, por haber buscado el choque entre territorios, por haber puesto "siempre problemas", frente a la actitud de los demás grupos, que han mantenido la "voluntad" de trabajar en pos del diálogo. Cs, que no gobierna ninguna comunidad ni ayuntamiento importante, prefiere "confrontar a los territorios y, por tanto, a los ciudadanos", con lo que se muestra como la "mejor herencia de [José María] Aznar o Vox", subrayó, volviendo a escorar a los naranjas a la extrema derecha. Los socialistas defienden que a partir de ahora acudan al foro responsables de la UE para abrir la perspectiva de la cesión de soberanía hacia las instituciones comunitarias. "No nos sorprende [su marcha]. Es lo que ellos esperaban desde el primer momento", "amenazaba cada dos minutos con abandonar", denunció la número dos.

La dirección de Sánchez no se sorprende de la marcha de Cs, a los que acusan de buscar la "confrontación" y de poner "problemas" siempre

La comisión territorial fue creada a iniciativa del PSOE en plena crisis soberanista en Cataluña. Sánchez lanzó la propuesta para intentar encauzar el debate y Rajoy aceptó ponerla en marcha. El pacto al que ambos líderes llegaron, según la versión del socialista, y que el presidente nunca negó, es que este foro trabajaría durante seis meses para después comenzar los trabajos de la reforma constitucional. Pero la aplicación del artículo 155 en Cataluña, tras la aprobación por el Parlament de la declaración unilateral de independencia (DUI) hizo que solo se implicaran en la comisión populares, socialistas, Cs, UPN y Compromís. El PSOE confiaba en que después de las elecciones autonómicas catalanas del 21-D y con el encarrilamiento de la crisis pedirían su ingreso en el órgano el resto de fuerzas, singularmente el PNV y Unidos Podemos. Pero no fue así.