Debate en el TC: disolver y elecciones en Cataluña el 30 de marzo o dos meses después

El 30 de marzo se cumplirán dos meses de la investidura fallida y frustrada de Carles Puigdemont, sin que esté claro aún si es posible una nueva convocatoria electoral por parte de Mariano Rajoy para desbloquear la política en Cataluña. Todo depende del Tribunal Constitucional, que tiene previsto analizar la cuestión en su próximo pleno, la semana que viene.

El debate entre los magistrados sobre el momento en el que se pondría en marcha el plazo legal para la nueva disolución del Parlament de Cataluña está garantizado. No hay aún una propuesta concreta y aún se está estudiando. El martes abordarán las bases para el desbloqueo, pero no es previsible que resuelvan ya que "la relevancia del tema exige resolverlo por sentencia y no en una medida cautelar", indican a El Confidencial fuentes del tribunal.

El PSC y el PP de Cataluña aseguran que barajan y prefieren la posibilidad de que el Tribunal diga que ese 30 de marzo es posible ya la disolución por parte de Rajoy, con las competencias que le da el artículo 155 de la Constitución. Se aplicaría, según esa opción, el artículo del Estatut que establece que el plazo corre desde la investidura fallida, en este caso la convocada de Puigdemont que nunca llegó a celebrarse. En ese caso, las hipotéticas elecciones serían 54 días después, es decir, a finales de mayo.

Se aplicaría el criterio del Consejo de Estado que permitió la repetición de las elecciones en la Comunidad de Madrid, tras el 'tamayazo' en 2003.

El criterio más probable de los magistrados es que consideren que el cómputo de los dos meses se haga con la fecha de referencia del 30 de enero

Por eso, el PSC presentó un recurso de amparo, que está pendiente de resolución en el Constitucional y que empezará a ser debatido por los magistrados en el pleno que se inicia el próximo martes. El recurso pedía que, como cuestión previa y medida cautelar se resolviera el cómputo de los plazos para esa hipotética repetición electoral.

El Tribunal ya lo admitió a trámite, pero decidió no pronunciarse por el momento sobre las medidas cautelares reclamadas. Abordará su estudio en el pleno ordinario del próximo martes. Fuentes jurídicas informan a El Confidencial que la mayoría considera que la cuestión no debe resolverse como medida cautelar, sino en la propia sentencia.

El criterio más probable de los magistrados es que consideren que el cómputo de los dos meses se haga con la fecha de referencia de ese 30 de enero y no desde la previa constitución del Parlament. Pero pese a ello, la cuenta no se considerará activada desde ese día. Si esta fuera la decisión no puede aplicarse en ningún caso con carácter retroactivo y dar así por hecho que el plazo acaba el 30 de marzo. En ese caso el reloj de los dos meses se pondría en marcha desde el día que se dicte sentencia. Este criterio llevaría una eventual repetición de elecciones más allá del mes de julio, con convocatoria en mayo. Todo ello siempre que la sentencia se acelere para que se conozca en las próximas semanas.

El escollo de los Presupuestos

Fuentes de Moncloa y del PP aseguran que han estudiado la opción de elecciones convocadas por Rajoy el 30 de marzo. Tendría la ventaja de acabar ya con la situación de incertidumbre en Cataluña, coincidiendo con una probable suspensión de los imputados tras el procesamiento y, por tanto, evitando que puedan volver a ser diputados. Tendría el inconveniente de que dificultaría la aprobación de los Presupuestos para 2018, ya que el PNV lo ha condicionado al levantamiento del 155.

Los independentistas siguen aún su disputa interna para un acuerdo sobre la investidura. Se prevé que la próxima semana pueda anunciarse un nuevo candidato tras Puigdemont y Jordi Sànchez, aunque la dificultad sigue centrándose en la disputa interna en la lista de Junts per Catalunya. El PDeCAT se opone a un independiente como Elsa Artadi y los fieles de Puigdemont son reacios a Turull. Y queda la incógnita del voto de la CUP.

Si hubiera investidura se solucionaría el problema legal de los plazos porque ya no habría opción de repetición de elecciones. Sin embargo, la resolución del Constitucional seguiría teniendo gran interés, porque sería la primera vez que se pronunciara sobre este vacío legal que puede afectar a otras comunidades y hasta al Estado. Se establecerá una jurisprudencia para evitar en el futuro este tipo de vacíos legales e institucionales.