adjudicación pública en collado villalba

Así se amañan 43 M: cinco políticos, 12 empresarios, un asesor y un periodista

La UCO concluye que hasta 19 personas se confabularon para amañar una adjudicación millonaria del Ayuntamiento de Collado Villalba con el pago de más de 800.000 euros en comisiones

Foto: Registros de la UCO en el Ayuntamiento de Collado Villalba en octubre de 2014, durante la primera fase de la operación Púnica. (EFE)
Registros de la UCO en el Ayuntamiento de Collado Villalba en octubre de 2014, durante la primera fase de la operación Púnica. (EFE)

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado por concluida la investigación sobre uno de los amaños que más beneficios granjearon a la trama Púnica, un contrato de eficiencia energética del Ayuntamiento madrileño de Collado Villalba (61.000 habitantes) licitado en 2014 por 42,9 millones de euros, que presuntamente fue manipulado para que se lo llevara Cofely, filial del gigante eléctrico de capital francés GDF-Suez.

Según detallan los agentes en un nuevo informe incorporado al sumario que instruye el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en este fraude habrían participado directamente hasta cinco políticos o funcionarios, un asesor fiscal, un periodista y 12 empresarios o directivos. Entre ellos se encuentran el alcalde de la localidad cuando estalló el caso Púnica en octubre de 2014, el popular Agustín Juárez; su concejal de Urbanismo, Francisco Pintado; el edil de Obras Públicas, Alberto Sánchez; el consejero ejecutivo de Cofely, Didier Maurice, y David Marjaliza, presunto muñidor del engaño.

La UCO aporta pruebas de que el concurso estuvo viciado desde su origen. “La fase de preparación del concurso se desarrolló en un marco de concertación generalizado, habiendo quedado acreditado cómo el director de Mercado Público de Cofely, Pedro García Pérez [otro de los cabecillas], con la asistencia de la responsable de su Back-Office, Gaéla Hamon [también imputada], habría participado durante más de un año en la redacción de los pliegos, tanto de cláusulas administrativas (PCAP) como de prescripciones técnicas (PPTP), introduciendo aspectos que por un lado favoreciesen los
intereses empresariales de la multinacional francesa y por otro restringiesen
la concurrencia”, expone el informe.

Foto: Cofely.
Foto: Cofely.

Correos electrónicos revelan que Cofely decidió, por ejemplo, el precio de partida de la licitación. Lo fijó en 47.735.173,8 euros, “incrementándolo 5.837.137 euros respecto a los primeros cálculos que se habían barajado”, tomando como referencia sus cálculos financieros internos y, sobre todo, “sus intereses económicos, que obviamente no coinciden con los intereses económicos de la Administración”. La multinacional también introdujo, “con el beneplácito de los responsables municipales”, una exigencia de solvencia económico-financiera que pedía a los licitadores un volumen global de negocios igual o superior a 150 millones de euros, referido a la suma de volumen de negocios de los tres últimos ejercicios disponibles, “cifra desorbitada en relación con el precio del contrato, lo que redunda en una restricción de acceso a terceros licitadores”. La UCO considera que ese límite “permitió a la multinacional francesa orientar el resultado de la licitación, ya que restringieron el acceso al concurso de muchas empresas que, a pesar de poder ejecutar el contrato en condiciones normales, no cumplían unos criterios de solvencia que iban más allá de lo necesario para cumplir el objeto del contrato”.

El sistema impuesto por Cofely también restó valor al peso económico de las ofertas para que primaran los aspectos técnicos, sujetos a criterios puramente subjetivos. De los 55 puntos atribuidos por el concurso al apartado económico, solo el 11% correspondía en realidad al precio. Hamon reconoció en el juzgado que le pidieron colar esa trampa porque eran la compañía más cara. El resultado fue que Cofely ganó el contrato de Collado Villalba —y también de otras ciudades— con la oferta más lesiva para las arcas municipales.

Con todo, el mayor engaño, según los investigadores, fue la introducción en los pliegos de una “cláusula irregular para desviar el 2% del precio del contrato” y convertir esos fondos en comisiones ilegales. Ese precepto añadido por la trama obligó al consistorio a invertir ese porcentaje “en la contratación de una Oficina Técnica Independiente que supuestamente debería revisar, auditar y evaluar la calidad del servicio y de las inversiones realizadas”. “Esta cláusula, en realidad”, señala el informe, “sería un artificio ideado para desviar fondos públicos con los que compensar las comisiones del conseguidor David Marjaliza, así como para hacer frente al pago de las comisiones de los cargos públicos que habrían favorecido fraudulentamente a Cofely en procesos de adjudicación”.

David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados. (EFE)
David Marjaliza, exsocio de Francisco Granados. (EFE)

En la práctica, la cláusula del concurso de Collado Villalba permitió al ayuntamiento destinar 858.304,67 euros a la contratación de una empresa teóricamente independiente, “lo que significa que se brinda al adjudicatario [empresa del sector privado] la capacidad de gestionar unos fondos públicos [el 2% del precio del contrato] y contratar así de manera directa a la auditora que considere”, denuncian los investigadores.

En la segunda parte del amaño es donde habría intervenido Marjaliza, uno de los presuntos líderes de la red Púnica, junto a su antiguo amigo y socio Francisco Granados. Segun la UCO, “David Marjaliza no realizó influencia para predeterminar el resultado del concurso, pero sí puso al servicio de la organización un entramado societario que controlaba y a través del cual se canalizaban los fondos necesarios para pagar las comisiones [a cargos públicos y al mismo David Marjaliza] derivadas del trato de favor”. “Este desvío de fondos de Cofely”, añade la UCO, “se camuflaba bajo facturación ficticia girada por las sociedades Ruta Energética y Construcciones de la Peña, controladas por Marjaliza”. Así, se sorteaban los controles internos de Cofely para obtener efectivo. Después, el dinero se enviaba a las sociedades del empresario y este se encargaba de “pagar a los cargos públicos, teniendo en ocasiones que adelantar fondos propios porque Cofely se retrasaba en el pago de las facturas ficticias”.

El propio Marjaliza y otros empleados de Cofely han reconocido en sede judicial la existencia de esta mecánica. En el caso de Collado Villalba, el conseguidor precisó que Pedro García pactó el pago de comisiones a cargos municipales por importe de 400.000 euros. De esa cantidad, 100.000 euros se habrían abonado por adelantado. Por su parte, Marjaliza habría ganado otros 475.000 euros por su labor de intermediación.

A juicio de los investigadores, el amaño fue posible gracias a la concertación de hasta 19 personas que ahora se enfrentan a los delitos de cohecho, fraude, malversación de fondos públicos, organización criminal, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales, entre otros. Por un lado, cinco políticos y funcionarios. Se trata del entonces alcalde, Agustín Juárez; su edil de Urbanismo, Francisco Pintado; el concejal de Obras y Servicios, Alberto Sánchez; el secretario del ayuntamiento, Francisco Valenciano, y el técnico municipal César Pérez de Villar, que presuntamente se prestó a participar en el fraude a cambio de mejoras salariales. La Guardia Civil implica asimismo a un asesor fiscal de la confianza del alcalde, Manuel Casado, que le habría ayudado a encubrir la comisión, y a un periodista local, Víctor Manuel Ortega, que aparece en las conversaciones para pactar los pagos.

El otro gran grupo de investigados lo integran directivos y empleados de Cofely, entre los que se encuentran el consejero y director ejecutivo, Didier Maurice; el director de Desarrollo, Constantino Álvarez; el director de Mercado Público, Pedro García; la responsable de Estudios y proyectos de eficiencia energética, Gaéla Hamon; el director territorial de Madrid, Antonio Fernández; el jefe del Centro Operacional, José Antonio Hernández, y el responsable de la División Service, Javier Susan. Finalmente, cierran la lista el propio Marjaliza y su equipo de colaboradores más estrechos, como su secretaria y testaferro, Ana María Ramírez; un segundo testaferro, Antonio Cándido Ruiz; el administrador de una de las sociedad utilizadas para facilitar el movimiento de las comisiones, Eduardo de la Peña, y un ingeniero que habría confeccionado informes para justificar los pagos, R. L.

Este informe definitivo sobre el contrato que obtuvo Cofely en Collado Villalba deja al borde del cierre la pieza número 6 de Púnica, centrada en las adjudicaciones de eficiencia energética conseguidas por esa multinacional en más de una decena de consistorios.

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