El Gobierno no se fía: veta a los Mossos comprar armas hasta aclarar su destino

El Gobierno está investigando las últimas solicitudes de compra de armamento cursadas por los Mossos d'Esquadra para asegurarse de que los fusiles, pistolas y balas que pretenden adquirir encajan en las funciones que les asigna la ley y no pueden ser utilizados para otros fines, como planeaba el gabinete de Carles Puigdemont. Según el Ejecutivo de Mariano Rajoy, los expedientes de compra remitidos por la policía autonómica están en proceso de “valoración, estudio y tramitación” y solo se resolverán cuando se determine que la “cantidad y el nuevo tipo de armas (...) y municiones (…) solicitadas resultan las más idóneas para el cumplimiento de las competencias del cuerpo”.

Así lo ha explicado el propio Gobierno en las respuestas a cuatro preguntas cursadas en la Cámara Baja por el diputado del PDeCAT Feliu-Joan Guillaumes, que quería saber por qué los ministerios de Defensa e Interior habían bloqueado la incorporación de nuevo material para los Mossos. El Ejecutivo asegura que no existe ningún bloqueo, pero admite que se están analizando con el máximo detalle las demandas de la policía autonómica tras constatar que entre el arsenal que esta había apalabrado figuraban “armas de guerra” y “municiones especiales, con características como la alta penetración o el bajo impacto en terrenos urbanos”, habituales en un ejército profesional pero inconcebibles en una policía europea. Además, al Gobierno le ha llamado la atención la enorme “cantidad de municiones” solicitadas, fuera también de toda lógica.

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José María Olmo Beatriz Parera

Fuentes del Ministerio de Defensa adelantaron el lunes a este diario que su departamento ya ha informado en contra de la adquisición de cualquier tipo de material que exceda las competencias policiales de los Mossos. En 2016, ya en plena recta final del proceso independentista, el Govern tramitó una petición que incluía la compra de 300 subfusiles calibre 9x19 mm, 400 fusiles 5,65x45 mm, 50 rifles de precisión 338 Lapua MAG, 50 rifles de precisión Whisper y 50 fusiles 7,62x51 mm, como reveló 'ABC'. Desde el Palau de la Generalitat se justificó la adquisición de ese arsenal, propio de un escenario prebélico, apelando al nivel 4 de amenaza terrorista. Pero ese expediente de los Mossos, al igual que otros trasladados a Madrid con posterioridad, continúa pendiente de evaluación, como ha confirmado ahora el Ejecutivo.

Defensa e Interior, responsables de este control, quieren garantizar que las armas no son desviadas para alimentar otros proyectos. Como adelantó este diario, entre los documentos del Govern intervenidos por la Guardia Civil en la operación Anubis contra el 1-O apareció un dosier interno, supervisado por el diputado de ERC en el Parlamento Europeo Jordi Soler, que planteaba la creación de un ejército compuesto por hasta 22.000 soldados que permitiera a Cataluña afrontar ataques armados al día siguiente de la ruptura con el resto de España. El informe fue redactado por Miquel Royo, coordinador de los asesores de ERC en Bruselas, y apareció en la bandeja de correo electrónico de Josep Lluís Salvadó, exsecretario de Hacienda del Govern y mano derecha de Oriol Junqueras.

Lo que sí ha permitido el Gobierno del PP es que los Mossos adquieran munición para garantizar su funcionamiento ordinario

Lo que sí ha permitido el Gobierno del Partido Popular es que los Mossos adquieran munición para garantizar su funcionamiento ordinario. En los meses anteriores al 1-O, la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil mantuvo un veto absoluto a la compra de balas ante el escenario de inestabilidad que se avecinaba y las dudas que existían sobre el posicionamiento que adoptarían sus agentes en caso de conflicto. El Departamento de Interior catalán denunció que, con esa limitación, se estaba poniendo en riesgo la capacidad del cuerpo y aseguró que los 'mossos' ni siquiera disponían ya de balas para hacer prácticas en sus galerías de tiro.

El veto concluyó finalmente el pasado 30 de noviembre, dos meses después del referéndum y ya con los Mossos bajo el control de la cartera que dirige Juan Ignacio Zoido. El Gobierno ha informado de que la Intervención autorizó ese día, por primera vez en todo 2017, la “adquisición de cartuchería para la Policía Autónoma de Cataluña”, en su mayoría balas de 9 mm para el arma reglamentaria que utilizan sus efectivos.

Fuentes internas de los Mossos han confirmado a este diario que en estos momentos ya no tienen problemas de munición, ni para la dotación asignada a cada agente (dos cargadores por funcionario con una media de 12 balas por cargador) ni para realizar ejercicios de tiro. En cuanto a las armas largas, el control del Gobierno ha impedido que haya variaciones. Las únicas unidades con una dotación especial son el Grupo Especial de Intervención (GEI), que es la sección de élite del cuerpo, y las unidades de orden público Brimo y ARRO. Cada comisaría también tiene asignadas una o dos armas largas, pero no suelen ser utilizadas por los agentes en las patrullas rutinarias y permanecen bajo custodia en los búnkeres de las instalaciones policiales.