La muerte de Gabriel condiciona el debate de la prisión permanente revisable

El terrible desenlace del caso del niño almeriense Gabriel Cruz —cuyo cadáver fue hallado en el maletero de la actual pareja de su padre este domingo tras 12 días desaparecido— podría influir de manera significativa en el debate sobre la prisión permanente revisable que llega al Congreso este jueves. Los grupos parlamentarios del PP y Ciudadanos presentarán sus enmiendas a la totalidad para intentar que la reforma del Código Penal propuesta por el PNV (y que pretende derogar esta pena) no prospere. Sin embargo, todo apunta a que estas iniciativas no contarán con el apoyo necesario. La confirmación de la muerte del pequeño Gabriel pesará, eso sí, sobre un debate que adquiere todavía una mayor relevancia social, como reconocen distintas fuentes parlamentarias.

A la fatídica noticia sobre el pequeño Gabriel se suma la fuerte presión que han ejercido en los últimos meses los padres de otros jóvenes desaparecidos y asesinados, especialmente desde que la Guardia Civil halló el cuerpo de Diana Quer el pasado diciembre, para intentar que la prisión permanente revisable, conocida comúnmente como cadena perpetua, no desaparezca.

En concreto, Juan Carlos Quer (padre de la joven madrileña) y Juan José Cortés (padre de la niña Mari Luz) mantuvieron una ronda de contactos la pasada semana con los distintos grupos parlamentarios a pocos días de que se produzca el debate a la totalidad de la iniciativa legislativa. Lo hicieron respaldados por los 2,4 millones de firmas con que ya cuentan en su campaña contra la derogación de esta pena y que lanzaron en la plataforma 'change.org' hace dos meses. Además, este sábado volvía a la primera línea el caso de Diana cuando el diario ‘ABC’ publicó la carta que el Chicle, presunto autor del crimen y que se reconoce como tal en la misiva, habría enviado a sus padres, dando por hecho que su condena no conllevaría demasiado tiempo en prisión: “Me van a pedir homicidio, pero a los siete años ya estaría fuera”, rezaba el documento.

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Una nueva circunstancia que, unida al caso de Gabriel Cruz, devuelve la reforma del Código Penal a la primera línea del debate público y social. Aunque los distintos partidos afirman tener claras sus posiciones, parece evidente que el asunto sí se verá afectado en gran medida por estos últimos acontecimientos. Sobre todo porque, una vez más, la pena de prisión permanente revisable podría recaer sobre la responsable de la muerte del niño almeriense. En la reforma que aprobó el PP en solitario en 2015, cuando todavía tenía mayoría absoluta, se establecía que “el asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable” en caso de que concurrieran distintas circunstancias, entre las que está “que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad”. Es decir, que el caso de Gabriel cumpliría de lleno con este supuesto. Y, por tanto, si la derogación sigue adelante, la presunta culpable podría librarse de esta pena.

Una realidad que los grupos que plantean enmiendas a la totalidad (PP y Ciudadanos) no pasarán por alto y pedirán al resto de partidos que se pronuncien con claridad. En el caso del PSOE, mantiene una oposición consolidada a la conocida como cadena perpetua. Fuentes de Ferraz insisten en que los socialistas “nunca legislan en caliente” y recuerdan que el rechazo a esta reforma del Código Penal fue absoluto desde el primer momento, como le trasladó el propio Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en 2015, teniendo en cuenta que el PSOE cree en el principio de reinserción, que, a su juicio, no queda garantizado con esta pena. Las mismas fuentes confirman que el grupo socialista votará en contra de las enmiendas presentadas por populares y centristas.

Tampoco Unidos Podemos es partidario de cambiar su postura y sus dirigentes se manifestaron desde el principio a favor de la derogación propuesta por los nacionalistas vascos, como también los grupos independentistas catalanes de la Cámara. Si las enmiendas quedan rechazas —como todo parece indicar por ahora—, la propuesta del PNV continuaría su tramitación de enmiendas parciales en comisión, antes de que lo aprueben definitivamente los plenos del Congreso y el Senado.

El PP ha insistido durante estos meses en defender férreamente la prisión permanente revisable recogida en el Código Penal y que los conservadores aprobaron en solitario, reprochando con dureza a Ciudadanos haber votado a favor de la admisión a trámite de esta propuesta del PNV. Los populares proponen además algunas actualizaciones, castigando la ocultación del cadáver de la víctima con esta pena, entre otros casos. El partido de Albert Rivera aseguró desde el primer momento que su postura se correspondía con la necesidad de reabrir el debate, teniendo en cuenta además que actualmente hay dudas sobre la constitucionalidad de esta pena y el propio TC debe pronunciarse al respecto. En España, hoy por hoy, hay una sola persona condenada a cadena perpetua.

Y más allá de esa postura, Ciudadanos optó el pasado enero por presentar su enmienda a la totalidad endureciendo la pena. En concreto, propone restringir todavía más el acceso al tercer grado (último paso antes de acceder a la libertad condicional y que constituye un régimen de semilibertad), hasta el cumplimiento de un mínimo de 20 años de prisión efectiva (y no 15 como sucede ahora) en delitos muy graves que causan "daños irreparables en la sociedad”. Además, pide endurecer el acceso a este tercer grado en los casos en que la gravedad de la condena así lo exija, es decir, cuando por ejemplo exista una condena por varios delitos (siempre y cuando al menos uno esté ya castigado con la cadena perpetua). La formación naranja incluye también los delitos de terrorismo o de organizaciones criminales en este régimen más restrictivo, y considera modificar el régimen de concesión de permisos ordinarios de salida para aquellas personas que hayan sido condenadas con esta pena. En la práctica, supondría que esos permisos solo se otorgarían una vez cumplidos 15 años de prisión.

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Precisamente Rivera garantizó al padre de Diana Quer el pasado viernes durante su reunión que el partido naranja no apoyará la derogación de la prisión permanente revisable mientras el Constitucional no determine con claridad si esta pena se ajusta o no a los principios recogidos por la Carta Magna. Juan Carlos Quer, por su parte, recibió “con satisfacción” la propuesta naranja de endurecimiento. Días antes, el padre de la joven madrileña y el de la niña Mari Luz se veían con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el portavoz de los populares en el Congreso, Rafael Hernando, que señaló esta pena como “proporcional” para que “criminales depravados no salgan a la calle”.