El responsable de la destrucción de la incineradora: hubo más papeles "tras el 1-O"

El jefe de Información de los Mossos d'Esquadra Manel Castellví, el mando encargado de dar la orden de destruir 36 cajas de cartón repletas de documentos horas antes de la entrada en vigor del 155 en Cataluña admitió el pasado 27 de febrero ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que fue él el responsable de la quema de los papeles. El comisario defendió a preguntas del fiscal Javier Zaragoza que esta eliminación de documentos estaba estandarizada y perfectamente pautada. "Ese es el proceso que hacemos siempre, que hemos realizado en el año 2016 cuatro veces, creo, y en el año 2017 cuatro o cinco, incluso después del día 1 de octubre", indicó según los audios de su comparecencia ante el juez como testigo.

El fiscal dejó para el final el tema y le lanzó una serie de preguntas sobre la cuestión [minutos 13:50 a 20:34 de la parte II]. "Quiero que me hable usted del incidente de la incineradora. Sabe usted que a finales de octubre dos vehículos camuflados de Mossos fueron interceptados por policía nacional cuando llevaban documentación para incinerar en Sant Adrià del Besòs, ¿Es cierto?". "Es cierto", respondió el alto mando de los Mossos que después fue preguntado directamente si él dio esa orden.

Explicó, en respuesta, que la Comisaría General de Información desde hace años "siempre ha llevado a destruir documentación, objetos, y cualquier tipo de material a una incineradora en concreto de la ciudad de Barcelona". Explicó que se sigue siempre el mismo protocolo: "En primer lugar, lo tienes que comunicar al servicio de administración y documentación de la Dirección General de la Policía, diciendo que quieres destruir material, documentación o artefactos. Se ha de rellenar un formulario en concreto, creo que es 48 o algo así, el servicio de administración lo autoriza al cabo de unos días y luego se le comunica a la incineradora y ella pone la fecha en la que se puede realizar, digamos, ese servicio".

Los papeles de la incineradora, salvados de la quema por la intervención de la Policía, evidencian según informes que obran en la causa que instruye la Audiencia Nacional que el Cuerpo trató de destruir pruebas de seguimientos a políticos y otras personas del ámbito social. También incluyen documentos referentes al control de periodistas, entre ellos de este medio. Las pruebas se encontraban en 36 cajas repletas de papeles, algunos de ellas hallados en trozos, y que abarcaban información que se remonta a 2011 e incluso a los años 90. La Policía considera en sus últimos informes que la estrategia de espionaje masivo fue dirigida por su Comisaría General de Información, que dirige aún a día de hoy este comisario.

Castellví detalló que, en ese envío en concreto se hizo el 19 de octubre y la incineradora autorizó el día 24. Indicó que "normalmente" los documentos están digitalizados y que la tipología con la que suele trabajar puede ser de tres tipos. Información bajada de Internet —"en ese había bastante de esto", agregó— , informes o información de fuentes secretas y borradores de servicios operativos y diligencias realizadas". Pero en todo caso esta documentación es muy sensible y lo que queremos siempre es incinerarlo", agregó, aclarando: "puede haber papeles del día anterior o de hace unos años".

Admitió que toda la documentación de esas 36 cajas era de su departamento y, a continuación, el fiscal entró directo a la pregunta clave: "¿Recuerda usted si entre esa documentación había alguna relativa a seguimientos o vigilancia a personas?". La pregunta provocó un largo titubeo en el testigo pero el comisario acabó admitiendo que se había "enterado" de que había "algún seguimiento operativo a alguna persona en concreto".

A continuación, se enredó en una explicación poco esclarecedora. "Apareció en los medios de comunicación alguna persona y tal. Esas fueron unas actuaciones que se realización de acuerdo a unas denuncias que entraron en septiembre del año 2016, creo recordar... Luego hubo una ampliación de esas diligencias, que están judicializadas, en enero del 17 y luego sobre el mes de abril entró otra denuncia de ese tipo", indicó. "De esas diligencias en concreto, que están judicializadas, se hizo algún trabajo operativo para constar algunos hechos en concreto para ver si había algún indicio.

El fiscal también demandó explicaciones sobre la presencia de actas de agentes tomadas el día del referéndum. "No pueden ser actas", negó categórico el testigo que indicó que debía tratarse de aquellos documentos que se pidieron a los jefes de comisaría para completar información. Insistió en que las actas no se pueden manipular y dijo que la única manipulación que hicieron de esas actas "fue leerlas". No pudo recordar si entre los papeles que iban a quemarse había datos de información a sus unidades sobre el movimiento de Policía y Guardia Civil el 1 de octubre. "No descarto que pueda estar, pero no recuerdo si había un papel en el que se decía", agregó.

Reunión con Puigdemont

Además, el alto cargo de los Mossos describió uno de los encuentros celebrados con la cúpula del Govern días antes del referéndum del 1 de octubre [minutos del 00:57:35 a 01:00:00 de la parte I]. Dijo que en la reunión, a la que acompañó a Trapero y a otros tres comisarios, estuvieron presentes Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. "Fue una reunión un poco frustrante porque lo que se nos trasladó por parte de los políticos es que había un mandato del pueblo, que había una acción del Gobierno y que se debían a ella y que la tenían que llevar adelante. Precisó que ese criterio del Govern les fue trasladado por el expresidente de la Generalitat, "el señor Puigdemont".

Salieron del encuentro, frustrados porque no se les había "hecho caso" aunque ni durante ese encuentro ni durante otros anteriores se les dio indicación alguna. "Nunca lo hubiéramos aceptado. Ellos son políticos y nosotros somos funcionarios de policía. No ha lugar", dijo. Insistió en este punto en que se advirtió al ejecutivo regional en varias ocasiones, incluso en la etapa de Jordi Jané al frente de Interior en que debían dejar a los Mossos "aparte de esta situación política".