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El Govern citó de urgencia a la cúpula de los Mossos tras desvelarse su plan de espionaje
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por las informaciones de el confidencial

El Govern citó de urgencia a la cúpula de los Mossos tras desvelarse su plan de espionaje

Los Mossos d'Esquadra intentaron quemar los correos que se cruzaron sus mandos después de que este diario desvelara que querían comprar una aplicación para pinchar ordenadores y 'smartphones'

Foto: El exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. (Reuters)
El exjefe de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero. (Reuters)

El Govern convocó de urgencia a la cúpula de los Mossos d'Esquadra para evaluar el impacto de una noticia publicada por este diario que reveló que la policía autonómica había intentado comprar sistemas de espionaje para acceder al contenido de ordenadores y teléfonos móviles sin el conocimiento de sus propietarios. La Policía Nacional encontró las pruebas de esa reunión entre los documentos que los Mossos trataron de destruir en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) el pasado 26 de octubre, solo 24 horas antes de la aplicación del artículo 155.

Según consta en un informe de la Brigada Provincial de Información de Barcelona de la Policía Nacional —encargada de analizar los papeles que los Mossos pretendían quemar—, el 21 de julio de 2015, la secretaria del consejero de Interior de la Generalitat, que en aquel momento era Jordi Jané, envió un correo electrónico catalogado de “importancia ALTA” al secretario general de Interior y al director general del cuerpo de seguridad, Albert Batlle. “Bienvenidos, la reunión prevista para el 23 de julio a las 17 horas sería relativa a este artículo que ha salido publicado en El Confidencial. En esta reunión también está convocado el secretario general y el jefe de gabinete del 'conseller', Pere Ferrer. Gracias”.

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El artículo al que se refería el correo había sido publicado un día antes, el 20 de julio de 2015, y llevaba por título “¿A quién quiere espiar la Generalitat? Los correos de Mossos con los espías italianos”. La información desveló que el responsable del Área de Medios Técnicos de la policía autonómica, Tomás Copete, encuadrado en la Comisaría General de Información, se cruzó varios mensajes entre 2013 y 2015 con responsables de la empresa italiana Hacking Team, una firma especializada en el desarrollo de sistemas para el espionaje de las telecomunicaciones, incluso sin orden judicial.

Los mensajes, filtrados por Wikileaks, demostraban que Copete había hecho gestiones para comprar un sistema informático llamado Galileo. “Galileo está diseñado para infectar y controlar ordenadores y 'smartphones' de manera sigilosa”, explicó un directivo de Hacking Team al mando de los Mossos, después de que este solicitara información adicional. “Se le permite ​[a Galilelo] recoger de forma encubierta datos de los sistemas operativos más comunes, como Windows, OSX o Linux. Por otra parte, el sistema puede controlar todos los 'smartphones' modernos: Android, iOS, Blackberry y Windows Phone. Una vez el objetivo está infectado, puede acceder a toda la información, incluyendo las llamadas de Skype, Facebook, Twitter, WhatsApp, Viber y muchos más. (…) Galileo también introduce Inteligencia, un módulo diseñado para correlacionar la información recopilada, para acelerar su investigación y poner de relieve las conexiones pertinentes”.

El contundente informe sobre los documentos de los Mossos recuperados de la incineradora

Los documentos descubiertos por la Policía Nacional también indican que, además de los destinatarios que figuraban en el correo inicial, la convocatoria para evaluar la noticia llegó a otros mandos de la policía autonómica. “El correo es remitido por la secretaria de la consejería el 21 de julio de 2015 a las 10:06 horas (…) El mismo correo es reenviado a las 10:16 de la misma fecha por la secretaría del director general [de los Mossos] a dos receptores: Josep Lluís Trapero y Manel Castellví. A las 18:23 de la misma fecha, 21-07-2015, Josep Lluís Trapero remite correo a Manel Castellví conteniendo el mismo título que los anteriores, pero con el siguiente texto: 'Manel, mañana encontramos un hueco para hablarlo”. Trapero está imputado desde el pasado octubre en la Audiencia Nacional por un delito de sedición. Por su parte, Castellví fue máximo responsable de la poderosa Comisaría de Información hasta el pasado noviembre. Dimitió para no tener que obedecer al Ministerio del Interior tras la suspensión de la autonomía.

Foto: El grupo parlamentario de Ciudadanos la semana pasada en el Parlament. (EFE)

Junto a los correos también apareció una reproducción de la noticia con anotaciones manuscritas. El autor de los apuntes se desconoce, pero escibió un “tres” y el símbolo del euro junto a un párrafo en el que se hablaba de otro programa de espionaje que llevaba años siendo utilizado por la Generalitat. Se trata de Cerberus, una aplicación oculta incluida por la Consejería de Interior en decenas de teléfonos que fueron entregados a policías y políticos sin que estos supieran que podían ser controlados y escuchados. Este diario también reveló esta maniobra en 2013. Dos años después, el responsable del programa, el exconsejero de Interior Felip Puig, tuvo que admitir en el Parlament que los espionajes se habían producido.

La Policía Nacional halló la cadena de correos y la noticia con anotaciones en la caja número 21 de una furgoneta Ford Transit sin rotular de los Mossos, uno de los vehículos usados por la policía autonómica para trasladar documentación sensible a la incineradora. En otra caja también apareció un informe con datos personales e información de seguimientos a directivos y profesionales de este diario, sobre todo de la delegación del medio en Barcelona. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) condenó los hechos este lunes.

El Govern convocó de urgencia a la cúpula de los Mossos d'Esquadra para evaluar el impacto de una noticia publicada por este diario que reveló que la policía autonómica había intentado comprar sistemas de espionaje para acceder al contenido de ordenadores y teléfonos móviles sin el conocimiento de sus propietarios. La Policía Nacional encontró las pruebas de esa reunión entre los documentos que los Mossos trataron de destruir en una incineradora de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) el pasado 26 de octubre, solo 24 horas antes de la aplicación del artículo 155.

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