La pirueta que permite juzgar a Puigdemont por rebelión pese al criterio de Alemania

La decisión de la Justicia alemana que limita las opciones de juzgar a Carles Puigdemont por rebelión puede sortearse con la aplicación de una remota pirueta jurídica que permitiría sentarle en el banquillo en España por el paquete completo pese a que la entrega esté limitada en origen. Eso sí no de forma automática sino quizá dentro de varios años.

[ACTUALIZACIÓN: La Justicia alemana decide extraditar a Puigdemont, pero solo por malversación]

Hay que buscar en la ley 23/2014 de Reconocimiento Mutuo de Resoluciones Penales en la Unión Europea para localizarla. En su artículo 60, la norma se refiere al principio de especialidad a la ejecución de una OEDE y explica desde el inicio que el consentimiento o autorización para el enjuiciamiento que otorgue Alemania ata al Supremo. Es decir la persona entregada a España no podría condenada o privada de libertad por "una infracción cometida antes de su entrega distinta de la que hubiere motivado ésta, salvo que el Estado de ejecución lo autorizase".

Sin embargo, este supuesto contempla varias excepciones y no será de aplicación cuando concurra una de seis distintas circunstancias. Entre ellas la norma especifica que no es aplicable cuando, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado miembro al que haya sido entregada, la persona no lo haya hecho en un plazo de 45 días desde su puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio después de haber salido del mismo.

Es decir, transcurrrido ese tiempo desde su vuelta a España y en el supuesto de que la entrega no se formalizara por todos los hechos por los que le reclama el Tribunal Supremo podria ser investigado por el resto siempre que el periodo transcurra una vez quede en libertad definitiva y no abandone el país. Una jugada complicada pero que puede servir de 'as' o seguro para garantizar a medio plazo que responda ante la Justicia española por el bloque completo de acusaciones que pesan en su contra.

El Tribunal Supremo se plantea, tras asumir la noticia, admitir la entrega solo por los hechos que afectan al uso ilícito de dinero de la Generalitat, los vinculados con el delito de malversación, Puigdemont no quedaría así a salvo de una acusación en la vista oral aparejada a una pena elevada. Las fuentes consultadas apuntan que la utilización de fondos que superan los 250.000 euros y las agravantes de daño a las arcas públicas acreditadas en instrucción pueden suponer penas de hasta 12 años de cárcel.

Por su parte, la Fiscalía alemana estudiaba desde el fallo de la Audiencia territorial, recurrir, pero solo puede hacerlo si aprecia que la decisión de los tres magistrados regionales —que no solo han considerado que la imputación por rebelión por que fue procesado Puigdemont en España es "inadmisible" sino que también le han dejado libre previo pago de 75.000 euros— provoca al Ministerio Público germano un perjuicio directo.