La Fiscalía busca cómo resolver los escollos judiciales del 'procés'

La Fiscalía General del Estado estudia cómo actuar para mitigar o resolver algunas de las dificultades o escollos procesales que están surgiendo en el complicado procedimiento penal en marcha frente al independentismo en Cataluña.

Por ejemplo, la institución que dirige Julián Sánchez Melgar tiene serias dudas sobre la dispersión de procedimientos sobre hechos conexos y sobre la situación de los imputados que se encuentran en Bélgica y en Suiza. Fuentes de la Fiscalía explican que estudian si pedir que se unan las causas en una sola y si es conveniente aprovechar los inminentes autos de procesamiento en el Tribunal Supremo para activar las peticiones de detención y entrega de los fugados, entre ellos Carles Puigdemont.

Ambas decisiones tendrían que ser corroboradas o no por el juez instructor, Pablo Llarena, y tienen, en todo caso, contraindicaciones en el procedimiento, especialmente las referidas a los plazos, porque pueden suponer ralentizar la instrucción, según fuentes jurídicas.

Hay investigaciones paralelas en Cataluña sobre la actuación de las Fuerzas de Seguridad el 1-O

En este momento se instruye un sumario en el juzgado número 13 de Barcelona, otro en la Audiencia Nacional y otro en el Tribunal Supremo. El juez Juan Antonio Ramírez investiga la organización de referéndum ilegal del 1 de octubre y mantiene encausados a 21 ex altos cargos de la Generalitat, como el 'exconseller' de Hacienda Lluís Salvadó y el número dos de Economía Josep Maria Jové. La jueza Carmen Lamela investiga en la Audiencia Nacional la actuación de los Mossos en el proceso soberanista y fue quien encarceló a impulsores del 'procés' que ahora están imputados por el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Este último instruye un sumario en el que investiga a 28 personas por presunta participación en un comité ejecutivo que preparó, impulsó y aplicó el 'procés' independentista. Hay también investigaciones paralelas en Cataluña sobre la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado el 1 de octubre. Es decir, se ha dividido la investigación en las ramas empresarial/económica, la policial y la política.

La Fiscalía admite que todos esos hechos formaban parte de una operación encaminada a poner en marcha la independencia de Cataluña, al margen de la ley y que todos los hechos investigados son patas imprescindibles para llevarlos a cabo en busca de ese objetivo separatista. Por ejemplo, el proceso secesionista era imposible sin el referéndum ilegal y sin la supuesta colaboración de los Mossos y en las reuniones que investiga el Supremo se tomaron decisiones que afectan a hechos que se investigan en la Audiencia Nacional y en el juzgado número 13.

El juez Llarena tiene pendiente decidir si reclama a la Audiencia Nacional la investigación relativa a Josep Lluís Trapero, exjefe de los Mossos

El elemento común es la presencia en los sumarios del ministerio fiscal, que podría instar a la unión de todos los sumarios para evitar descoordinación o sentencias contradictorias. Fuentes de la Fiscalía general admiten ese riesgo, pero explican que unir los sumarios impediría una celeridad que el Estado pretende imponer para descabezar políticamente al independentismo.

El juez Llarena tiene pendiente decidir si reclama a la Audiencia Nacional la investigación relativa a Josep Lluís Trapero, exjefe de los Mossos. Fuentes jurídicas aseguran que se inclina por no incorporarlo al sumario que instruye.

Esas fuentes explican que doctrinalmente no es un tema resuelto y hay ejemplos negativos de macroprocesos y también de causas troceadas. Por ejemplo, el caso más extremo de macroproceso fue el de la corrupción de Marbella que obligó a meses de vista oral y una investigación y una sentencia casi inabarcable.

Un ejemplo contrario sería el de las causas procedentes del tronco común de Gürtel que provocan varias vistas orales, confesiones que no pueden incorporarse a diferentes sumarios y posibles condenas muy elevadas por suma de hechos que, básicamente, son coincidentes: comisiones, financiación ilegal y blanqueo.

En octubre de 2015, el Gobierno del PP incluyó en la ley de Enjuiciamiento Criminal un artículo 17 que permite trocear las causas. "Cada delito dará lugar a la formación de una única causa. No obstante, los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso".

Una situación peculiar es que la sentencia que dicte el Tribunal Supremo en el sumario que incluye a aforados será firme porque no hay segunda instancia y, por ejemplo, las penas de inhabilitación se aplicarán inmediatamente. Por contra, las sentencias que se pudieran dictar en la Audiencia Nacional y en Barcelona podrán ser recurridas a una segunda instancia y no serán firmes hasta entonces. La primera causa, la de los aforados, es la más urgente para el Estado porque permite descabezar al independentismo y, por eso, le favorece que solo haya una instancia.

Es inusual que el fiscal y el juez no actúen inmediatamente para detener a los acusados de delitos que se sustraigan a la acción de la Justicia

La otra duda de la Fiscalía se refiere a los seis encausados que están en Bélgica y en Suiza. Es inusual que el fiscal y el juez no actúen inmediatamente para detener a los acusados de delitos que se sustraigan a la acción de la Justicia. En cualquier otro sumario se hubieran dictado esas órdenes y no se hubieran retirado, en busca del objetivo primordial de perseguir al presunto delincuente.

Lamela dictó inicialmente la euroorden para detener a Carles Puigdemont, pero luego Llarena la retiró y no accedió a dictarla como le pidió el fiscal cuando viajó a Dinamarca. Y el fiscal no recurrió ninguna de esas insólitas decisiones del juez, pese a que fuentes de esta institución aseguran que se hubiera cumplido inmediatamente en Dinamarca porque existe una reciprocidad o similitud de delitos entre ambos países.

Ahora, la Fiscalía asegura que duda si pedir al juez que active la detención de los fugados una vez que a finales de marzo se dicte el procesamiento de los imputados que están en prisión o en libertad provisional. Ese relato de hechos, avalado por indicios y pruebas practicadas, podría servir para activar esas órdenes de detención.

Esa decisión tendría la contraindicación de alargar los plazos, en contra del interés del Estado por celebrar cuanto antes la vista oral para sacar de la política pronto a los impulsores del proceso independentista. La Fiscalía estima que la entrega de los que residen en Bruselas se demoraría entre dos y tres meses y la de Suiza podría llegar a un año. Podría avanzar el proceso y hasta celebrar la vista oral sin esperar a que sean entregados, pero sería necesario celebrar una nueva vista contra ellos solo unos meses después, cuando fueran entregados.

Hay un riesgo añadido que se admite: que la Justicia de alguno de esos dos países acceda a la entrega, pero limitando el número de delitos por los que se les puede juzgar en España. Podría darse el absurdo de que hubiera un banquillo de clase A con imputación de más delitos y otro de clase B con menores imputaciones y condenas posteriores. El contrasentido aumenta si quien se supone que es el cabeza de todo, Puigdemont, puede ser condenado a menos pena que, por ejemplo, sus 'consellers'.

La Fiscalía estima que la entrega de los que residen en Bruselas se demoraría entre dos y tres meses y la de Suiza podría llegar a un año

La Fiscalía entiende que, en todo caso, será preciso en algún momento proceder a esa detención porque cada día que pasa es más contrario a la práctica habitual de los tribunales no perseguir a quien no se presente ante el juez. La ley española no permite juzgar en rebeldía y cabe también la posibilidad de que en el futuro haya una sentencia (firme porque solo hay una instancia para aforados) y sea necesario un segundo juicio para los que ahora estén fugados y puedan haber sido detenidos entonces.

Otro elemento que valora la Fiscalía es el de la reiteración delictiva, es decir, si el Tribunal Supremo considera que existe ese riesgo y, de hecho, por eso mantiene en prisión a los imputados no tiene sentido no actuar contra los que están fugados y permitir que puedan cometer los delitos investigados desde allí con órganos teóricamente representativos como el Consejo de la República Catalana. No pidiendo esa detención se estaría permitiendo la reiteración delictiva que se persigue con las prisiones provisionales.