El PP ya no duda de que habrá PGE y los presentará antes del primer lunes de abril

La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes trabaja ya en el calendario concreto para que el Gobierno presente el proyecto de Presupuestos Generales del Estado en Semana Santa y las cámaras lo tengan aprobado en junio. Además, el Grupo Popular se prepara para cerrar los mismos acuerdos del pasado año en la materia, el primero con Albert Rivera, de quien esperan que "compense" con su apoyo a las cuentas del Estado el hecho de haberse apuntado en las últimas semanas a las causas e iniciativas de la izquierda contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Según fuentes gubernamentales, las únicas dudas que tienen en La Moncloa son de procedimiento, no sobre los apoyos ni la oportunidad de la presentación del proyecto antes de que termine marzo. En concreto, estudian si aprobar el proyecto en el Consejo de Ministros del viernes día 23 de este mes para llevarlo al Congreso el lunes 26, aunque sean ya las vacaciones de Semana Santa, o bien celebrar una reunión específica para las cuentas el martes o miércoles de esa misma semana para presentar todos los datos a la Cámara Baja el primer lunes de abril.

También manejan en el Gobierno la posibilidad de hacerlo todo de una tacada en la primera semana de ese mismo mes, pero medios parlamentarios consideran que el proyecto correría el riesgo de no tener recorrido en todo el trámite parlamentario, en el Congreso y en el Senado, a finales de junio, por lo que habría que habilitar algún pleno extraordinario en julio, ya en vacaciones oficiales de las Cortes. Cristóbal Montoro presentó las cuentas en la Cámara Baja el pasado año el 4 de abril.

A partir de esa presentación, los Presupuestos llevarán el desarrollo habitual: comparecencias de altos cargos, debate de enmiendas a la totalidad en la primera semana de mayo, debate y negociación de enmiendas parciales, envío al Senado para lo mismo y vuelta al Congreso de los cambios introducidos. En total, tres meses.

La virtud del procedimiento para el Gobierno es que durante todo el trimestre el proyecto tiene prioridad absoluta sobre las demás iniciativas, con lo que los planes de la oposición de acoso a Rajoy tendrán que esperar en buena parte para el siguiente periodo de sesiones, después del verano.

En el Ministerio de Hacienda y en la dirección del Grupo Popular admiten que además de recibir las instrucciones de poner en marcha el proceso de aprobación de las cuentas también dan por hecho que al final tendrán los apoyos suficientes para aprobarlos. Como si en La Moncloa vieran clara la posibilidad de una próxima constitución de un Gobierno 'convencional' en la Generalitat de Cataluña para que el PNV pudiera confirmar su apoyo al preacuerdo en la materia alcanzado el pasado otoño. O como si el Gobierno vasco también se hubiera cansado de esperar y de todas formas esté dispuesto a dar su sí a los Presupuestos esta primavera si la parálisis se prolonga en Cataluña con nuevos comicios.

El Gobierno contaba con obligar a Albert Rivera a "retratarse" con la presentación de unas cuentas ya acordadas con Ciudadanos desde septiembre pasado. Y el propio aludido ha sido el primero en salir al paso de la petición de elecciones anticipadas planteada por Pedro Sánchez para el caso de que no haya Presupuestos para presentarse como defensor y tutor de la estabilidad económica de España. Hasta pide la colaboración del PSOE, aunque lo sepa imposible.

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En el Grupo Popular consideran que a Rivera le toca en materia de economía compensar sus últimas apuestas por las iniciativas del PSOE, Podemos y el PNV. Ciudadanos se apunta a las iniciativas parlamentarias de la izquierda destinadas al desgaste de Rajoy por la vía de desmontar las reformas legislativas de la anterior legislatura larga: prisión permanente revisable, ley de seguridad ciudadana o aborto sin conocimiento paterno en casos de menores.

El Ministerio del Interior ya ha llegado a un preacuerdo con los sindicatos de policías y guardias civiles para subirles el sueldo, que era otra de las exigencias de Rivera, y solo queda pendiente el caso de Pilar Barreiro, la senadora del Grupo Popular que Ciudadanos quiere dejar sin escaño. En el PP lo consideran un problema menor pues confían en que el Tribunal Supremo archive la amenaza de imputación en las próximas semanas, con lo que dejaría a los riveristas sin el último pretexto para negar su apoyo.

En fuentes del Grupo Popular apuntan que, de todas formas, el TS tiene que pronunciarse en algún sentido antes de las votaciones de Presupuestos y si lo hiciera para pedir el suplicatorio de Barreiro tampoco habría caso, porque la senadora tendría que dimitir.