Cura de San Ginés, nobles a la greña, dinero en Panamá: el legado del marqués de Molins

La Fiscalía de Ginebra está decidida a averiguar el origen del dinero depositado en una cuenta corriente ubicada en la entidad Société Générale Bank & Trust de Luxemburgo cuyo titular es el abogado español Carlos Montes Toyos. El ministerio público sospecha que tiene una procedencia ilícita y que el letrado podría estar utilizando el banco extranjero para blanquear más de seis millones de euros. Por eso aceptó el reto que le planteó Pablo Benjumea Roca de Togores, sobrino del marqués de Molins, que interpuso una querella contra el abogado y su mujer, Nieves R. R., al entender que estos se habían apropiado de un dinero que en realidad era de la familia del denunciante.

Los cuartos, según alegó Benjumea, provenían de los casi 15 millones de euros que abonó el Ayuntamiento de Madrid a la familia Roca de Togores como primer pago por la expropiación —ejecutada en 2004— de la finca Las Jaboneras, que engloba los terrenos que hoy conforman el parque Enrique Tierno Galván. Consideran que el letrado se hizo con el dinero y lo trasladó de cuenta en cuenta por diferentes paraísos fiscales hasta depositar una parte en Luxemburgo. Tras varias diligencias de investigación, la Fiscalía de Ginebra remitió una comisión rogatoria a las autoridades luxemburguesas el 29 de noviembre de 2016 con el fin de que estas confirmaran que tras la cuenta del Société Générale Bank & Trust estaba Montes Toyos, extremo que ratificaron desde la entidad el pasado julio.

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Con la respuesta es la mano, el ministerio público suizo volvió a actuar. Tres meses después de la contestación, remitió una nueva comisión rogatoria, a la que ha tenido acceso El Confidencial, en la que reclamaba "intervenir de manera cautelar los saldos" del letrado en la cuenta de Luxemburgo "con el fin de que se proceda a un próximo decomiso" que será presumiblemente ordenado por el tribunal —según prevé la Fiscalía de Ginebra— en un siguiente paso para que el dinero sea "restituido al querellante". De momento, las autoridades de Luxemburgo no han contestado a este requerimiento, que fue formalizado el pasado 14 de noviembre.

La madre y la tía de Benjumea, sin embargo, no comparten la visión del querellante. En una carta remitida a este periódico, Blanca Roca de Togores —hermana del marqués de Molins y antigua dueña junto a la otra hermana (Carmen) de Las Jaboneras— asegura que el dinero que hay en la cuenta de Luxemburgo es suyo y de Carmen. "No entendemos por qué el fiscal de Ginebra ha solicitado bloquear nuestro dinero; no tiene ni pies ni cabeza", subraya la mujer, que explica que los fondos están a nombre de la mercantil Hillyard Ventures, que es mayoritariamente de ambas hermanas y que tiene a Montes Toyos como administrador. "Él es gestor de nuestro patrimonio desde hace muchos años; tiene plenos poderes para gestionar el dinero depositado en Luxemburgo; y cumple las instrucciones que tanto mi hermana Carmen como yo le hemos impartido", añade.

Blanca Roca de Togores —hermana del marqués de Molins— asegura que el dinero que hay en la cuenta de Luxemburgo es suyo y de Carmen

"Pablo no tienen ningún derecho sobre el dinero de Luxemburgo; pero pretende apoderarse de él cometiendo el más grave delito, acusar a nuestro abogado y amigo de haberse apropiado indebidamente" de los fondos, apunta la tía del querellante, que también reniega de su sobrino. "En la sociedad que detenta estos fondos está toda la familia decente más Carlos Montes; no tiene ninguna participación ni derecho mi sobrino Pablo Benjumea, porque desgraciadamente no le consideramos parte de la familia; ya nos ha estafado y robado bastante estos años", sentencia Blanca en referencia a un episodio ocurrido en 2003.

Una familia rota desde hace 14 años

Según relata, Pablo se llevó los 18 millones de euros que la familia obtuvo por la venta de un edificio que tenían en el número 13 de la madrileña calle Salustiano Olozaga. Precisa que él era el administrador de la sociedad que vendió el inmueble, que cogió el dinero, lo trasladó a Suiza y lo puso solo a su nombre.​ El querellante, sin embargo, relata una historia paralela. Cuenta que su madre y su tía prestaron un dinero a una sociedad suya con la que él adquiere el inmueble. Luego lo rehabilita y lo vende, por lo que entiende que debe quedarse con el beneficio. "Con este dinero, compró una casa en Zúrich por seis millones y la inscribió a su nombre; el resto, lo dilapidó en gastos exorbitantes", afirma Blanca, que añade que su sobrino hace poco incluso hipotecó ese inmueble que adquirió para seguir llevando el mismo tren de vida.

Este conflicto llevó a que las dos hermanas, según relata Blanca, pusieran al letrado como fiduciario de los fondos que un año después cobrarían de la expropiación de los terrenos del parque Tierno Galván. Detalla que le pidieron al abogado que sacara el dinero fuera de España, no sin antes pedir permiso al Banco de España e iniciar un procedimiento para determinar los impuestos que debían abonar. Los casi 15 millones de euros salieron al extranjero y pasearon de cuenta en cuenta desde Panamá hasta Luxemburgo. Como ambas hermanas eran residentes en el extranjero, arguye, podían llevarse el dinero, por un lado, para diversificar sus intenciones. Por otro, agrega, para que Pablo no pudiera acceder a él.

En este punto, además de Carlos Montes, aparece su hermano, José Luis, responsable de patrimonio artístico del Arzobispado de Madrid y párroco de la señera iglesia de San Ginés, frecuentada tradicionalmente por la nobleza madrileña y que alberga en su columbario los cuerpos de las familias de más rancio abolengo de la capital, como el expresidente de El Corte Inglés Isidoro Álvarez o los Koplowitz. Las hermanas Roca de Togores pusieron a monseñor como titular de una cuenta bancaria "con el fin de evitar" que su hijo y sobrino accediera a los fondos, según consta en el acta notarial que la propia Carmen firmó en 2011 a la que ha tenido acceso El Confidencial. En el documento, la madre asegura que el párroco aceptó el "encargo" y se puso al frente de un depósito en el Swiss Privatbank de Zúrich por medio de la sociedad Patramad. "Los fondos depositados me pertenecen por haberlos percibido del Ayuntamiento de Madrid como parte de la expropiación de la finca Las Jaboneras", añadió Carmen en la citada acta notarial, que relata que el sacerdote no recibió cantidad alguna por aparecer como beneficiario y que la cuenta fue cancelada por el propio cura en 2010.

Pablo entiende, sin embargo, que tanto el párroco como su hermano han tratado de instrumentalizar a las dos hermanas con el fin de sacar un beneficio económico. Únicamente quieren dividir a la familia y controlar el dinero, señalan fuentes del entorno del querellante, que consideran que tanto el cura como el abogado han aprovechado su ascendencia religiosa y de amistad sobre las dos mujeres para controlar su patrimonio. El Confidencial ha tratado de recabar su versión de los hechos al Arzobispado de Madrid, por si el mencionado 'encargo' de figurar en cuentas de Panamá por parte del párroco era conocido y aceptado por la curia. Sin embargo, la institución ha rechazado hacer declaración alguna al respecto.

"Queríamos ocultar el dinero"

"Queríamos ocultar los fondos a mi sobrino, puesto que tenía enormes gastos mensuales debido a su nivel de vida y estaba llevando a la ruina a toda la familia; para hacerlo, recurrimos a Carlos Montes", responde por su parte Blanca, quien cree que las querellas interpuestas contra ella y su familia en los tribunales son una estrategia para cansarles y terminar dándole una parte del dinero a Pablo. Sin embargo, la mujer rechaza la mayor. "Le hemos revocado todos los poderes y los derechos sobre la herencia; debe quedarle claro que el dinero no le pertenecerá nunca; la dignidad no se negocia", subraya.

Además de la investigación que la Fiscalía de Ginebra mantiene abierta por el delito de blanqueo de capitales, que requiere demostrar que los fondos tenían una procedencia ilícita (en este caso, el querellante apunta a esa apropiación indebida), Montes está siendo investigado en otra causa en España. En concreto, esta última la dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid. Este último procedimiento se inició después de que Pablo Benjumea y su tía Blanca, que en ese momento vivía con su sobrino en Suiza, denunciaran a los Montes Toyos por tratar de quedarse con el dinero de la expropiación y tratar de manipular a Carmen. El entonces titular del Juzgado número 2, Arturo Zamarriego —instructor también del caso Nicolás—, imputó inicialmente a los dos hermanos por apropiación indebida y estafa, aunque en 2015 archivó la causa.

El querellante —ya sin el apoyo de su tía, que se pasó al lado de los Montes Toyos y de su hermana Carmen— recurrió ante la Audiencia Provincial, al entender que la Fiscalía de Ginebra había encontrado pruebas de blanqueo en la mencionada investigación abierta por la cuenta de Luxemburgo. El alto tribunal madrileño ordenó reabrir la causa en el Juzgado número 2 por delito fiscal, un ilícito necesario desde el punto de vista jurídico para que siga viva la posibilidad de que exista blanqueo de capitales, irregularidad que se rastrea únicamente en Suiza.

De momento, no existe causa alguna abierta contra Pablo Benjumea en este contexto familiar que se alarga ya más de 14 años. Su madre interpuso una querella contra él tras el episodio de los 18 millones del edificio de la céntrica calle Salustiano Olozaga, pero esta fue archivada porque la ley impide procedimientos penales entre familiares directos. La resolución dejaba la puerta abierta a que la madre iniciara una causa por la vía civil, pero esta no ha sido impulsada hasta el momento.

Todas las causas que siguen abiertas las puso en marcha Benjumea, que incluso trató de abrir una nueva vía cuando su tía dejó de vivir con él, aunque sin éxito. En concreto, interpuso una denuncia por secuestro, porque al parecer "alguien" vino a llevarse a Blanca. Este último procedimiento provocó que la Fiscalía emitiera una orden de detención, pero esta quedó finalmente en nada debido a que la tía alegó que su sobrino la maltrataba.

El ayuntamiento aún les debe 15 millones

En paralelo a estas causas, el Juzgado de Primera Instancia número 72 de Madrid abrió una nueva por la vía civil para determinar la validez de un contrato de cesión de derechos por una posible indemnización. Según alegó Benjumea, este supuesto contrato lo suscribió su tía cuando aún vivía con él con el fin de que en el caso de que el Juzgado 2 de Madrid concluyera que había habido una estafa, la virtual indemnización iría a parar a manos del sobrino. Sin embargo, Blanca niega que sea su firma la que aparece en el papel aportado por su sobrino, el denunciante. De ahí que el juzgado haya reclamado el original y ordenado una pericial que determine la veracidad del documento. Entretanto se aclara este punto, Benjumea ha reclamado el embargo del dinero procedente de la expropiación a modo de medida cautelar, petición que el juzgado aceptó, aunque solo si el denunciante aportaba tres millones de euros de fianza que finalmente no entregó.

Todas las causas que siguen abiertas las puso en marcha Benjumea, que trató de abrir una nueva vía cuando su tía dejó de vivir con él, aunque sin éxito

Al no haberse acordado la medida cautelar, por lo tanto, el dinero seguirá de momento en manos de las dos hermanas, que presumiblemente también tendrán derecho a cobrar los 15 millones de euros que aún tiene que entregar el Ayuntamiento de Madrid, dado que la cantidad total por la finca Las Jaboneras ascendía a 30 millones y por ahora el consistorio solo ha pagado la mitad. El segundo plazo, según explican desde el entorno de las hermanas, tan solo estaría pendiente de que Hacienda determine cuánto debe ingresar la Agencia Tributaria en concepto de impuestos por el embolso de la citada cantidad total. La Sección Segunda de lo Contencioso del Tribunal Supremo estableció el pasado noviembre el criterio que debe seguir Hacienda para calcular la cifra exacta que la familia debe abonar. Tras 10 años de litigio, la sala ha determinado que la cantidad es una quinta parte de lo que la Agencia Tributaria reclamaba inicialmente.