las dificultades de un gobierno en minoría parlamentaria

Los partidos preparan un calvario contra el PP (y Rajoy) en el Congreso

Aprobadas 130 comparecencias ante la comisión de investigación sobre financiación de los populares, que acabará con la de Rajoy y tendrá que prolongarse hasta 2019

Foto: Álvaro Pérez, el bigotes, en la comisión sobre la financiación ilegal del PP, junto al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. (EFE)
Álvaro Pérez, el bigotes, en la comisión sobre la financiación ilegal del PP, junto al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. (EFE)

Como una gota malaya, al PP le irá cayendo cada semana durante meses en la frente la comisión de investigación sobre su financiación ilegal. "Un show que desvirtúa el sentido del Parlamento", para el número dos del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro; un deber de transparencia para el resto de grupos y, en todo caso, una pesadilla para los populares porque les rompe la agenda, mantiene en primer término político la corrupción e impide que se desligue de los escándalos.

Ir contra Mariano Rajoy es en este momento un activo en política más allá del PP. Por eso, en el empeño de esta comisión de investigación están el PSOE, Podemos y Ciudadanos, frente al PP que lamenta su desarrollo, pero admite que nada puede hacer para evitarla o para mitigar sus efectos. De las tres funciones clásicas del Parlamento, la deliberativa, la de control y la legislativa, solo funcionan las dos primeras. No se aprueban leyes por falta de mayorías y por el apoyo de Ciudadanos a los bloqueos que fuerza el PP, pero sí se debate y se somete al Gobierno, porque el partido de Albert Rivera se suma a PSOE y Podemos para acorralar al PP, con quien compite electoralmente.

Tanto como que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, lamentó hace días en una comida con los portavoces de todos los grupos que la abundancia de comisiones y subcomisiones estaba a punto de colapsar la Cámara, aunque no salga ninguna ley aprobada. Y uno de los portavoces de partidos minoritarios entienden que puede tener el efecto 'boomerang' de terminar por engordar a Ciudadanos, gracias a todos los demás.

La única conclusión posible para la mayoría que forman los tres grupos parlamentarios es que hubo una estructura de financiación ilegal del PP

La comisión ha recibido una prórroga hasta el 12 de octubre, pero ya se han aprobado más de 120 comparecencias que hacen imposible que en esa fecha acaben sus trabajos. De hecho, los tres partidos pretenden que el plazo sea ampliado entonces y, con toda seguridad, seguirá abierta hasta 2019, y, probablemente, hasta el final de la legislatura. Y para entonces, la única conclusión posible para la mayoría que forman los tres grupos parlamentarios, apoyados por nacionalistas e independentistas, es que hubo una estructura de financiación ilegal del PP. Les queda por determinar hasta dónde llegan las responsabilidades, es decir, quién tuvo conocimiento o capacidad para decidir ese sistema de uso de dinero negro procedente de comisiones por adjudicaciones. El PP solo podrá presentar un voto particular discrepante y con otro relato de los hechos.

La estructura de trabajo de los grupos se inició con la comparecencia sucesiva de periodistas, de policías, de implicados, de empresarios y de responsables políticos. En el cierre de sus trabajos será convocado Mariano Rajoy, precedido de otros exsecretarios generales del PP, por lo que el desgaste se mantendrá hasta el final. Tendrán que ir Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, entre otros.

Ya han comparecido Luis Bárcenas, Francisco Correa y Álvaro Pérez, entre otros, y los siguientes serán Francisco Granados, Esperanza Aguirre, David Marjaliza, Ignacio González y Cristina Cifuentes, entre otros. Esta última, presidenta de la Comunidad de Madrid en activo, es la que más irrita a los populares porque, aseguran que supone dar crédito a las denuncias contra ella de Granados y, además, será con toda seguridad la candidata del PP en unas elecciones vitales y en competencia clara con Ciudadanos. Y está pendiente fijar la fecha para la comparecencia de Ignacio López del Hierro, empresario casado con Dolores de Cospedal, y señalado por el Bigotes como uno de los que aportaba dinero ilegal al PP.

El Bigotes, Pablo Crespo y Francisco Correa durante el juicio de la Gürtel. (EFE)
El Bigotes, Pablo Crespo y Francisco Correa durante el juicio de la Gürtel. (EFE)

El objetivo de los partidos, según admiten, es lograr conectar todos los casos, el de Gürtel, el Lezo, el de Valencia y la Púnica, para "la visibilización sistematizada de un procedimiento estructural" de financiación ilegal en el PP. Algunos lo creen ya probado, al margen de las responsabilidades penales de cada uno de los procedimientos, donde no se enjuicia a nadie por financiación ilegal ya que en el momento de producirse los hechos no estaba tipificado como delito. El PP ya da por hecho que en 2019 se encontrará con un escrito de conclusiones aprobado por el Pleno del Congreso en el que se dará por demostrado que creó una estructura para financiarse ilegalmente en las campañas electorales. Antes llegará cada semana la gota malaya de las comparecencias.

Los populares, según el partido el Albert Rivera, ya han gastado la bomba de la comisión paralela del Senado, en la que solo está presente el PP y en la que, por el momento, no se ha podido demostrar nada equiparable a lo que se investiga en el Congreso y en cada uno de los procesos penales que afectan a Rajoy. Y Ciudadanos recuerda que el pacto de investidura firmado con el PP incluía crear esta comisión que, incluso, tuvo el voto del Grupo Popular ante lo inevitable.

Ciudadanos recuerda que el pacto de investidura firmado con el PP incluía crear esta comisión que, incluso, tuvo el voto del Grupo Popular

Bermúdez de Castro del PP habla de "juicio paralelo", de único interés de perjudicar a su partido, de 'show' y de "desvirtuar la función del Parlamento y las comisiones de investigación". Explica que recientemente, la portavoz del PSOE, Margarita Robles, se opuso a una petición para crear una comisión sobre un accidente con el argumento de que no podía crearse mientras haya un proceso judicial abierto.

Artemi Rallo, portavoz del PSOE en la comisión, da por hecho que al final tendrá que acudir Rajoy y explica que el PP siempre ha intentado frenar sus trabajos. Y, sin anticipar las conclusiones, explica que "va siendo evidente la forma en la que el PP creó un entramado para financiarse. Otros portavoces relatan la tensión de las reuniones a puerta cerrada con el popular Fernando Martínez Maillo, cuando se plantean determinadas comparecencias.

En esas reuniones, ha expresado preocupación el PNV, precisamente por la posibilidad de que la comisión se transforme en un instrumento político, al margen de sus conclusiones.

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