Nuevas pruebas contra Trapero en su tercera cita en la Audiencia Nacional

El exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero tiene este viernes una nueva cita con la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. En su tercera comparecencia acude con una nueva imputación sobre los hombros, por un delito extra de sedición, y un cúmulo de nuevas pruebas con las que no contaba la magistrada hace cuatro meses, cuando le interrogó por última vez.

Solo unas horas antes de su declaración, la Fiscalía ha resumido en un escrito todos los indicios que le constan contra el que fuera responsable de la policía autonómica, ahora relegado a un puesto administrativo tras la aplicación del 155. Refleja, por ejemplo, 17 llamadas efectuadas al entonces presidente de la ANC, Jordi Sànchez, durante los acontecimientos del asedio a la Consellería de Economía. "El investigado mantuvo durante todo el día contacto telefónico con Jordi Sànchez, hasta en 17 ocasiones, con lo que es claro que las condiciones que este impuso a la comisión judicial fueron aceptadas por el mayor", dice el fiscal.

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También destaca su necesaria intervención para que el referéndum ilegal del 1 de octubre pudiera consumarse y le responsabiliza de actuaciones como la vigilancia por parte de agentes de paisano y con vehículos camuflados a los dispositivos de la policía en las horas previas a la apertura de colegios electorales destinada a alertar a los responsables de las mesas electorales. No hubo decomiso de urnas o material electoral hasta que los puntos de voto se cerraron y el recuento había terminado. Pese a ello, los Mossos computaron algunos de esos centros en el listado de 99 locales cerrados por su actuación que presentaron después de la jornada.

Toda la actuación de los hombres de Trapero respondía a un plan previo que contaba con varios objetivos. Además de controlar a sus colegas de otros cuerpos policiales, intentaron que no se captaran imágenes de ningún 'mosso' durante las intervenciones policiales y que en ningún caso se produjera contacto físico con las personas que estaban presentes en los puntos de votación. También debían informar de en qué lugares había presencia de medios de comunicación u observadores internacionales, resume el fiscal.

Pere Soler

Este "plan preconcebido" contó con el apoyo directo del ex director general de Mossos d’Esquadra Pere Soler y la participación de Josep Lluís Trapero como experto profesional en materia de seguridad. Por ello, la Fiscalía pide ahora una imputación en la causa de la Audiencia Nacional del entonces responsable político del cuerpo, como adelantó El Confidencial, a la que suma la del secretario general de Interior, Cesar Puig i Casañas.

También suman nueva prueba los papeles de la incineradora. El fiscal confirma ahora que entre los documentos que iban a quemar los agentes hay datos que avalan que conocían previamente las movilizaciones que se preparaban para la celebración del referéndum en los lugares establecidos como colegios electorales. Existía una intención de desobedecer el mandato dado por la jueza del TSJC, acusa el fiscal. Hubo, además, órdenes posteriores a los agentes para que ampliasen, en realidad manipulasen, las actas que se redactaron el 1 de octubre.

Según el escrito, el cuerpo trató de aparentar que tenía un plan operativo para responder a esa orden judicial, pero era todo humo. Por ejemplo, las parejas de agentes aparecieron en los colegios a las seis de la mañana a pesar de saber que la consigna de los organizadores era llegar a los centros de madrugada, a las cinco. Las dotaciones de policía autonómica se presentaron así una vez las puertas o recintos de los colegios ya estaban ocupados.

Es básica para armar el puzle la doble declaración que prestó el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, responsable del operativo policial durante el pasado 1 de octubre en Cataluña. Tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional incriminó de forma directa a Trapero y le acusó de incumplir las órdenes directas de evitar el 1-O.