Felicísimo, el jubilado de los 1,4 millones: de testigo en el caso Roldán a imputado en Lezo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha descubierto un vínculo entre dos grandes casos de corrupción de la historia reciente de España separados por dos décadas. Los agentes del caso Lezo han puesto el foco sobre un exdirectivo de OHL jubilado en 2013 que ya ha admitido ante el instructor de la causa, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ser el autor de los pagos que presuntamente hizo la constructora en 2007 a Ignacio González a cambio de la adjudicación de las obras del cercanías Móstoles-Navalcarnero.

Según ha podido confirmar El Confidencial, ese mismo directivo ya tuvo que declarar en el caso Roldán por el pago de comisiones al exdirector de la Guardia Civil para llevarse contratos —para construir y reformar cuarteles del Instituto Armado— que sumaron 17.000 millones de pesetas (102 millones de euros). El directivo en cuestión, Felicísimo Ramos, que entonces trabajaba en Huarte —integrada en OHL en 1998—, no pasó en aquel primer caso de la condición de testigo, pero el tribunal condenó a un compañero, Jorge Esparza, director comercial de la compañía. El presidente, Mario Caprile, se salvó porque su delito había prescrito.

Durante el juicio, Ramos reconoció que Huarte había pagado 700 millones de pesetas (4,2 millones de euros) a tres empresas (JM Estudios y Proyectos, Fox Estudios y Gextex Estudios) para que le consiguieran obra privada en España. Sin embargo, la Fiscalía logró demostrar que se trataba de sociedades fantasma creadas para encubrir las comisiones a Roldán y que nunca realizaron ningún trabajo. A preguntas del Ministerio Público, el directivo alegó que no podía presentar los supuestos informes realizados por esas empresas porque los habían destruido.“No hay espacios para guardar todos esos documentos. Necesitaríamos el estadio Bernabéu para guardarlos”, declaró, como recogió 'El País'. Ramos también aprovechó la declaración para atribuir los pagos a las sociedades instrumentales a otro directivo de Huarte que ya había fallecido, algo que tampoco creyó la Fiscalía.

Ramos reconoció que Huarte había pagado 700 millones de pesetas a tres empresas para que le consiguieran obra privada en España

Más de 20 años después de ese escándalo, Ramos vuelve a estar ante la Justicia por el pago de otro presunto soborno a un responsable político que tiene numerosos paralelismos con el caso Roldán, como el paso del dinero por Suiza o el pago de comisiones a cambio de obras. Esta vez, Ramos está imputado. Se le acusa de cohecho y blanqueo de capitales. Tras la fusión de Huarte con Obrascón (y la posterior de ambas con Laín en 1999), el exdirectivo continuó asumiendo labores de responsabilidad en el grupo resultante. Según declaró, primero se encargó del control de costes de OHL en el exterior y, en torno a 2006, asumió el puesto de director de control de gestión, aunque centrado sobre todo en la gestión de sociedades que dependían de la antigua Huarte.

Los hechos que investiga ahora la UCO se produjeron en noviembre de 2007. Ramos ha reconocido que ordenó a dos administrativos de OHL en México que dos filiales de la constructora abonaran un total de 2,5 millones de dólares (1,7 millones de euros al cambio de entonces) a la empresa panameña Lauryn Group en una cuenta en Suiza del banco Anglo Irish Bank.

El propietario de esa sociedad 'offshore', el industrial Adrián de la Joya, confesó en la Audiencia Nacional que Javier López Madrid, exconsejero de OHL y yerno del presidente del Grupo Villar Mir, Juan Miguel Villar Mir, le pidió que hiciera llegar parte de esos fondos (1,4 millones de euros) al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, presunto cabecilla de la trama Lezo. El juez sostiene que ese pago, que nunca llegó al dirigente del PP, fue una contraprestación por la decisión del Ejecutivo madrileño de adjudicar a OHL el Cercanías de Navalcarnero en octubre de 2007 —un mes antes de pagar el supuesto soborno— por un importe inicial de 364,4 millones, una obra que resultó ruinosa para la constructora y cuyo importe está pleiteando contra la Comunidad de Madrid en los tribunales.

López Madrid niega cualquier tipo de participación en esa triangulación de dinero, pero Ramos ha abonado el terreno para incriminarlo tanto a él como al propio Villar Mir. De hecho, el juez ya ha imputado a este último. El ex responsable de control de OHL manifestó que ordenó el pago por orden de un superior. Primero apuntó al ex consejero delegado Tomás García Madrid, que dimitió de la compañía el pasado octubre. Pero en declaraciones posteriores aseguró que no recordaba quién le había pedido exactamente que hiciera la transferencia a Lauryn Group, aunque precisó que necesariamente debía ser un alto cargo de la compañía que gozara de la máxima autoridad. Otros testigos han avalado ese relato.

En 2006 recibió un bonus anual de la compañía de 30.000 euros. Esa gratificación subió en 2007, año del supuesto soborno, hasta los 35.000 euros

La UCO ha descubierto otros indicios que apuntan a que Ramos pudo disfrutar de una protección especial de la constructora tras su participación en el pago. En 2006 recibió un bonus anual de la compañía de 30.000 euros. Esa gratificación subió en 2007, año del supuesto soborno, hasta los 35.000 euros. Además, aunque el directivo se jubiló en 2013 (tiene 69 años), los investigadores han descubierto que OHL lo tuvo en nómina con un acuerdo de colaboración externa hasta 2016, una relación contractual que, según empleados del departamento de Recursos Humanos de la empresa que han declarado ante la Guardia Civil, es completamente anómala.

También en 2016, la constructora le envió a su casa un chófer para que acudiera a las oficinas de la empresa a recoger documentación que al parecer había dejado olvidada. Supuestamente, los papeles habían aparecido durante una reorganización de los puestos de trabajo. La UCO registró la casa del exdirectivo el pasado 13 de diciembre y descubrió que entre los documentos que había recuperado había un correo electrónico con la orden de pago del presunto soborno a González y otro papel con los datos de la cuenta de destino de las transferencias. En los documentos aparecieron huellas dactilares que han sido cotejadas con los principales implicados. Este diario ha intentado repetidamente contactar con el ex directivo para recabar su versión de los hechos, pero no ha recibido respuesta.