DESPOLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA Y LEY ELECTORAL

Rajoy y Rivera enfrentan otra semana negra: el pacto de investidura tiene doble prueba

Tras dos semanas de desencuentros, PP y Cs se reúnen en el marco de la reforma de la Ley Electoral y el Congreso debate un nuevo sistema de elección del fiscal general del Estado

Foto: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. (EFE)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i), y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. (EFE)

El termómetro que mide la temperatura entre PP y Ciudadanos afronta de nuevo unos días complicados después de que los socios de investidura lleven semanas en una crisis permanente. Este miércoles, dirigentes de ambas formaciones se sentarán en un encuentro bilateral —el primero en mucho tiempo— en el marco de la reforma de la Ley Electoral que el partido naranja exige con el apoyo de Unidos Podemos. La particularidad en esta reunión —los de Rivera ya se vieron con los socialistas el pasado jueves— es que lo que pondrán encima de la mesa los centristas está recogido en el pacto que permitió a Mariano Rajoy salir reelegido. Es decir, Ciudadanos entiende que si el PP da otro portazo, estará incumpliendo de lleno el punto 97 del acuerdo, y algo más importante, dado que reformar el régimen electoral fue una de las exigencias previas que Rivera lanzó para empezar a negociar la investidura.

Por si esta 'prueba de fuego' fuera poco, en palabras de la formación naranja, los socios tendrán otra ocasión para comprobar el estado de los cimientos de su relación este martes en el pleno del Congreso. Será a través de la iniciativa de Ciudadanos que propone modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Dicho de otra forma, el partido de Rivera lleva a la Cámara Baja una propuesta de ley que pretende modificar el sistema de elección del fiscal general "para que sea independiente y no se elija en función del Gobierno de turno". El texto registrado —que la Cámara deberá admitir o no a trámite para su posterior estudio y aprobación— contempla que la ratificación del nombramiento del fiscal general cuente con el apoyo de al menos dos tercios del Congreso, además de que la persona elegida para ocupar el puesto deberá comparecer ante la comisión de Justicia para que los diputados evalúen su idoneidad.

Esa mayoría supondría el respaldo de 233 diputados, más de los que suman PP y PSOE. Además, la iniciativa plantea que el mandato del fiscal general se amplíe de cuatro a seis años para evitar que coincida con las legislaturas y que su trayectoria se alargue al menos durante parte de dos ejercicios políticos distintos. También deberá acreditar 25 años de experiencia en la profesión, 10 más de los que se exige en este momento, y no podrá haber desempeñado ningún cargo público en la década anterior a su nombramiento. Fuentes de Ciudadanos reconocen que ven muy difícil contar con el apoyo del PP, "pese a haberlo firmado y estar obligados a hacerlo", como también dudan del de los socialistas. La sorpresa llegará probablemente de la mano de Unidos Podemos que, una vez más y como ha venido ocurriendo la semana pasada, parece que dará su visto bueno a la propuesta naranja. Fuentes del Gobierno aseguran que el PP votará en contra de la proposición, aunque no anunciarán su posición hasta poco antes de la votación. Si fuera así, sería rechazada porque el PSOE también votará en contra.

Como publicó este diario, a raíz de la negociación de la reforma electoral en la que los nuevos partidos comparten bastantes objetivos, las formaciones de Pablo Iglesias y Rivera parecen haber iniciado un nuevo frente común bajo la premisa de "regenerar la vida pública" que, además de la Ley Electoral, podría conllevar la lucha conjunta en otros ámbitos como la reforma de la radio y televisión públicas o la despolitización de la Justicia. Precisamente sobre esto último todo apunta a que volverán a coincidir este martes. Miembros de Ciudadanos reconocen ya que dudan de que los populares lleguen a admitir a trámite la iniciativa sobre la reforma en la elección del fiscal general, pero advierten al mismo tiempo de que si el PP sigue incumpliendo sistemáticamente el acuerdo de investidura, los riesgos de que la legislatura termine siguen incrementándose.

La formación de Rivera ha hecho gala en estos dos primeros años de la "responsabilidad" de su partido y "el compromiso de dar estabilidad al país", pero recuerdan que el pacto "no fue un cheque en blanco", sino que invistieron a Rajoy con la condición de que las cosas cambiarían, sobre todo en materia de regeneración. Sin duda esta semana volverá el cruce de reproches entre los socios de investidura y se pondrá de manifiesto una vez más la rivalidad que mantienen tras las últimas encuestas que apuntan a un importante crecimiento de los centristas en detrimento del PP. La batalla de la reforma electoral es una de las que Ciudadanos pretende luchar hasta el final, a sabiendas de que el PP condicionará su apoyo para que haya una nueva ley a que se incorpore una de sus viejas reivindicaciones: que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el diputado de la misma formación José Manuel Villegas. (EFE)
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el diputado de la misma formación José Manuel Villegas. (EFE)


La guerra de la financiación

Y a los incumplimientos del pacto de investidura que tanto irritan a Ciudadanos se ha abierto un nuevo frente: la comisión del Senado propuesta por el PP que investiga las finanzas del resto de partidos y que últimamente ha puesto en el foco el caso de Ciudadanos. Precisamente esta semana comparecerá Carlos Cuadrado, secretario de Finanzas del partido naranja, después de que el pasado jueves acudieran a la Cámara Alta exmilitantes del partido para describir el 'modus operandi' que el partido naranja tiene para controlar las cuentas de los distintos grupos municipales y autonómicos en España a raíz de las elecciones de 2015.

En la práctica, lo que el PP investiga es la existencia de dos cuentas en cada grupo municipal (una relativa a ingresos y otra a gastos) y la recomendación de Ciudadanos a todos sus grupos de ahorrar en torno a un 30% de las subvenciones otorgadas a raíz de los resultados electorales (en algunos casos varía) para demostrar "que las cosas se pueden hacer de otra manera y no hay que gastar lo que no se necesite", según explican desde la formación. La cuestión es que José Manuel Villegas, secretario general del partido, aparece apoderado de esas cuentas como Cuadrado para poder acceder a los movimientos y ejercer un verdadero control. Algo que reprochan desde el partido del Gobierno.

Precisamente este lunes el PP pidió al Tribunal de Cuentas que llevara la contabilidad de Ciudadanos a la Agencia Tributaria para que realmente determine si el partido de Rivera cumplió con todas las obligaciones. Una petición que los centristas han criticado con dureza, afirmando que "sería muy grave" que el Gobierno "pusiera a la Hacienda Pública al servicio del PP, politizándola y degradando las instituciones", y lo acusan de "actuar a la desesperada" a tenor de los últimos sondeos.

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