Los riesgos de la remunicipalización: ¿es rentable para los ayuntamientos?

El de la remunicipalización es un debate que resurge o nunca desaparece porque siempre se lleva a la ideología. Después de años de externalizar la gestión de los servicios públicos vuelve a aparecer con fuerza la idea de la reversión a la gestión directa. ¿Existen soluciones menos traumáticas que aporten mayor seguridad y estabilidad para todos? ¿Qué riesgos conllevaría la remunicipalización de los sectores que hasta ahora han funcionado con concesiones?

Todos los modelos de gestión son posibles, pero para decidir entre ellos es necesario pensar en el bien común, evaluarlos técnicamente y cumplir las leyes. Esta premisa es la que han defenido los autores del libro 'El interés general y la excelencia en los servicios públicos' en un encuentro que tuvo lugar en el El Confidencial para debatir sobre el tema. En torno a esta idea han debatido Manuel Pimentel, doctor en Derecho y exministro de Trabajo; Carlos Alfonso, presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad Valenciana; Luis Míguez, catedrático de Derecho administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela; Roger Cots i Valverde, secretario general del Ayuntamiento de Gavá y profesor asociado de Derecho Constitucional de la UAB; María José Feijóo, profesora titular Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universitat Autònoma de Barcelona y Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho penal en la Universidad Rovira i Virgili.

Más allá de la frecuente polarización que desata el tema, hay una reflexión que hacer sobre las capacidades y limitaciones que ofrecen ambos tipos de gestión. El ciclo de la externalización se podría estar terminando pero, ¿están los ayuntamientos dotados de suficientes recursos y capacidad para asumir la gestión de los servicios públicos en la actualidad?

Remunicipalización, "un concepto equívoco"

¿Es cierto que con la gestión indirecta los poderes públicos ponen en manos de la empresa privada el gobierno de determinados sectores y se desentienden de su actividad? Solemos entender la externalización como sinónimo de privatización cuando en realidad son conceptos distintos, según los expertos consultados por este periódico. En el debate sobre la remunicipalización esclarecer sus diferencias es fundamental. La primera de ellas pasa por apuntar que en la externalización la administración pública "sigue controlando la actividad".

La mayoría de veces que se remunicipaliza sale más caro al ciudadano que cuando la gestión se externaliza. (Manuel Pimentel)

La ley consagra dos modelos de gestión, pública o privada, pero para Manuel Pimenel “la remunicipalización es un concepto equívoco porque la titularidad siempre es municipal” y, en su opinión, existen algunas ideas erróneas sobre los beneficios de la reversión. Por ejemplo, afirmar que la gestión privada de los servicios públicos sale más cara en términos sociales y económicos.

Según Pimentel esta idea no es del todo cierta, ya que “la mayoría de las veces que se remunicipaliza sale más caro al ciudadano que cuando esa gestión está correctamente externalizada”. Aceptar que no hay un modelo único es para los expertos el único punto de partida válido para lograr el bien común. Por ello, ante una posible entrada al ciclo de la reversión, el exministro recuerda que “hay gestiones privadas muy eficaces, que invierten en innovación, aplican nuevas tecnologías y comparten gastos que consiguen que la gestión privada no solo tenga mucha más calidad, sino también sea más económica”.

Cada municipio, un contexto diferente

En el dilema de la remunicipalización no se puede pasar por alto que el régimen local actual no establece diferencias entre municipios. Hasta ahora la uniformidad se ha tapado con leyes ad hoc en la grandes ciudades pero, ante una posible reversión, ¿habría que establecer diferencias entre los municipios que tienen capacidad de gestión y los que no?

Con el problema de la infrafinanciación de los municipios, Luis Míguez es muy claro: “La remunicipalización ha sido un fiasco, los ayuntamientos se encuentran con que no son capaces de asumir la gestión directa porque dependen de transferencias y subvenciones que a veces no llegan”.

La remunicipalización ha sido un fiasco, los ayuntamientos se encuentran con que no pueden asumir la gestión. (Luis Míguez)

Roger Cots, por su parte, lamenta que históricamente “en los municipios pequeños existe una especie de dejadez que solo se puede erradicar con buenos procesos selectivos y una mayor formación”. Para él, la clave de la excelencia en los servicios públicos está en el control, la dirección y la supervisión, ya que “no por tener más controles conseguiremos ser mejores”. Precisamente la falta de control sobre las empresas privadas ha sido uno de los incentivos que han acelerado este cambio a lo público.

Sin embargo, Luis Míguez insiste en que “una cosa es que los ayuntamientos, por voluntad o capacidad, no hagan uso del poder tienen por ley” y otra negar que “el poder de la administración sobre el contratista es muy fuerte porque implica tener una empresa privada sometida a fuertes controles por parte de la administración”.

¿Riesgo de trabajo precario?

La reversión de lo privado a lo público tiene sus riesgos, entre ellos los que afectan al empleo. En ocasiones los ayuntamientos tienen que buscar fórmulas para que el personal pueda ser integrado en la plantilla municipal, una cuestión que según los expertos no es tan sencilla de resolver jurídicamente.

María José Feijóo recuerda que para acceder a la condición de empleado público y respetar el principio de méritos sería necesario superar un proceso de formación y selección. Por ello, en el cambio a la gestión directa “hay personas con condiciones laborales muy favorables que se podrían ver afectadas”.

La vuelta a lo público no puede suponer una peor calidad del empleo ni la estabilidad de los trabajadores. (Carlos Alfonso)

Ante este reto, Carlos Alfonso advierte que “la vuelta a lo público no puede suponer nunca un empeoramiento de la calidad del empleo ni la estabilidad de los trabajadores”. Pero, ¿existen suficientes garantías para impedir la precarización del empleo?

Para Carlos Alfonso, la nueva legislación de contratación pública de 2017 deja claro que “es esencial que exista transmisión de bienes patrimoniales entre el empresario que cede el servicio y la administración que lo recupera, porque de eso determinará que haya sucesión o no”. Y es que de esta decisión dependerá que se pueda incorporar a los trabajadores como empleados manteniendo su estabilidad.

¿Qué es más eficiente?

Para los expertos queda claro que la excelencia de los servicios públicos es posible tanto con la gestión pública como privada. Sin embargo, para conseguirlo insisten en que hay que ir más allá de la cuestión ideológica, analizar cada caso y atender a un principio clave: el interés general.

Decidir qué tipo de modelo es más eficiente para el ciudadano, es según Roger Cots “una decisión económica, porque el interés público no tiene apellidos políticos, sino que es de todos”. En su opinión, “venimos de una época en que se han forzado modificaciones contractuales inverosímiles” y que ahora “independientemente del tipo de gestión la decisión debe ser sostenible económicamente y favorecer a todos”.

Decidir qué modelo es más eficiente es una decisión económica: el interés público no tiene apellidos políticos. (Roger Cots)

Limitar la capacidad de contratación de los municipios es, para Carlos Alfonso, otra de las claves para poder ser eficientes. La legislación en materia de contratos del servicio público ha mejorado los criterios sociales y medioambientales.

En su opinión, por tanto, ahora hay mecanismos para estudiar cada caso, y eso es importante porque “es ineficiente delegar determinadas cuestiones a los ayuntamientos”.

El temor del ciudadano: la corrupción

Uno de los motivos que no se explicitan en el debate de la remunicipalización es el del juego sucio en las concesiones. Tras años de externalización de los servicios públicos, la idea de volver a lo público ha calado con cierto éxito como forma preventiva contra la corrupción.

Pero la nueva ley de contratación pública de 2017, según Gonzalo Quintero “ya no permite la vieja manera de recuperar una concesión de servicio invocando el interés general, ahora tiene que presentar un paquete de motivaciones y justificaciones para proceder a la expropiación del que hasta ahora ha sido concesionario”.

El ciudadano debe tener más información sobre qué porcentaje de dinero en los contratos se lleva quién. (María José Feijóo)

El catedrático de Derecho penal en la Universidad Rovira i Virgili admite que “la imagen de que la vía de la contratación pública ha sido una de las fuentes de corrupción no es un invento” pero se pregunta cómo se puede combatir el secretismo en la contratación.

Por su parte, María José Feijóo cree que “es importante que el ciudadano tenga más información sobre qué porcentaje de dinero en los contratos se lleva quién”, algo que se ha hecho en otros países y que, según la experta, sería positivo trasladar aquí. Plantearse la necesidad de un marco regulador, en su opinión, contribuiría a calmar el debate de la remunicipalización, ya que “nos daría mayor previsión y seguridad jurídica que trascienda el periodo temporal de los mandatos”.