Exmilitantes de Cs señalan a Villegas como responsable del desvío de fondos públicos

La práctica instaurada en Ciudadanos de desviar las subvenciones de sus grupos municipales a la sede central del partido fue ideada desde un principio (desde Barcelona) por Albert Rivera y se ha mantenido al menos hasta 2015. La cuenta de una sede en Madrid del Banco Popular recibía los fondos de toda España y en ella figuraban como apoderados el gerente y amigo personal del fundador de Cs, Carlos Cuadrado, y el 'número dos' de la formación, José Manuel Villegas. Esas han sido las principales aportaciones que han hecho dos exmilitantes de Ciudadanos ante la comisión del Senado que investiga la financiación de los partidos sobre hechos ya conocidos y llevados a la Fiscalía Anticorrupción, dado que se trata de un posible desvío de fondos públicos a fines privados (del partido) prohibido por la ley.

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Paloma Esteban

Inmaculada Sánchez, presidenta de la Plataforma por las Garantías Ciudadanas que agrupa a antiguos miembros del partido de Rivera que fueron expulsados o se dieron de baja en su día, y el abogado y también exmilitante de Cs, Alberto Ganga, se extendieron en explicar las irregularidades de su antiguo partido en materia de financiación. En concreto, aseguraron que no se emitían certificados del pago de cuotas de afiliación, que tampoco se contabilizaban las bajas de los afiliados, que los puestos en las listas para las municipales de 2015 se repartían según la aportación de fondos de los candidatos (hasta 18.000 euros por un número 1) y que la obligación de trasladar las subvenciones públicas recibidas de ayuntamientos y comunidades autónomas a la central de partido se estableció bajo pena de expulsión.

Sánchez calculó en 3.000 el número de militantes de Cs que la dirección ha dado de baja en menos de tres años por denunciar o pedir explicaciones por irregularidades internas o que se han ido sin más al comprobar el funcionamiento del partido. Sobre el caso de los grupos municipales, apuntó además que son más de 200 los concejales procedentes de la formación de Rivera que figuran ya como 'no adscritos'.

Los exmilitantes han citado ejemplos de ese tipo de prácticas irregulares en el manejo de fondos públicos en varios puntos de España, desde municipios de Madrid como San Sebastián de los Reyes o Fuenlabrada, a Jaén, La Rioja, Málaga, Sevilla o Valencia.

Ganga explicó que para disimular el trasiego de subvenciones, los responsables de los grupos municipales tenían que firmar una especie de contrato de prestación de servicios entre los afectados y la organización del partido. También insinuó que la nueva sede de Rivera en Madrid, que ya Cs intentó pagar con cargo a subvenciones de campaña, tiene detrás un entramado de propiedades y avalistas que debería ser investigada.

Los dos exmilitantes riveristas sólo tuvieron que responder a las preguntas o indicaciones del portavoz del Grupo Popular, Luis Aznar, porque el resto de los grupo no asistió a la sesión en señal de protesta al considerar que sólo se deben investigar las finanzas del PP (no las de los demás partidos), cosa que ya hace el Congreso en una comisión específica creada por la oposición para fiscalizar a la formación en el poder.