¿Por qué quiere Podemos que se vote a los 16 años? Un millón de votos tienen la culpa

Junto al cambio de la fórmula para el reparto de escaños, pasando de la actual regla D'Hondt al sistema denominado Sainte-Laguë, una de las principales propuestas de Podemos para reformar la Loreg es reducir la edad para votar de los 18 a los 16 años. Una medida a la que Ciudadanos no ha puesto reparos para apuntalar la voluntad de entendimiento y "total sintonía" alcanzada en la reunión que los portavoces parlamentarios de ambas organizaciones, Irene Montero y Juan Carlos Girauta, mantuvieron el pasado sábado en la Sala de la Chimenea del Congreso de los Diputados.

Esta ampliación del derecho a voto supondría, según los cálculos de sus promotores, la suma de casi un millón de nuevos electores al censo. Electores que si se tienen en cuenta los últimos datos electorales del CIS correspondientes al mes de enero sobre voto y simpatía, de producirse nuevas elecciones generales, apoyarían mayoritariamente a Unidos Podemos y sus confluencias. En la franja de edad de 18 a 24 años, la mayoría de votantes se inclinan por la formación liderada por Pablo Iglesias. En total, el 27% de las personas que forman parte de esta franja de edad daría su voto a Podemos, siendo la primera fuerza en esta franja de edad, seguido muy de lejos por el PSOE, que recoge el 13,5% de los votantes de entre 18 y 24 años.

El voto joven es, por tanto, el principal caladero de la formación morada, según la intención directa de voto del CIS, que muestra los datos en bruto, sin cocinar. De hecho, a medida que avanza la edad de los electores, Podemos pierde paulatinamente apoyos. En la franja de edad de 25 a 34 años, Unidos Podemos y sus confluencias suman el 15,2%; en la de 35 a 44, bajan al 12,9%; en la de 45 a 54, al 12,7%; en la de 55 a 64, repuntan al 15,4%, y, finalmente, entre los mayores de 65 años solo cosechan el 3,5%.

Las formaciones más perjudicadas, atendiendo a que son las que menos apoyos tienen entre los más jóvenes, serían en primer lugar el PP y en segundo Ciudadanos. Los populares solo obtienen el 7,3% de los apoyos entre los votantes de entre 18 y 24 años, mientras que la formación naranja se queda con el 9,4%. Otros partidos como ERC también obtendrían beneficios de este cambio en la Ley Electoral, al recoger entre los jóvenes un 2,4% más que su media. Los republicanos fueron así los primeros en poner en la agenda esta reforma.

En noviembre de 2016 llevaron esta propuesta al Congreso, cuya toma en consideración fue rechazada con los 173 votos de PP, Ciudadanos y PNV. A favor de ampliar el derecho al sufragio se manifestaron PSOE, Unidos Podemos y PDeCAT, además de ERC, que sumaron unos insuficientes 168 votos. La votación ya fue entonces ajustada.

Pablo Iglesias, sobre la reforma de la Ley Electoral: "No va de a quién le beneficia, va de lo que necesita España en 2018"

Desde Podemos defienden que los jóvenes de 16 y 17 años puedan votar porque se trata de personas que, a pesar de "poder trabajar, casarse, tomar decisiones sobre su cuerpo, emanciparse, tener hijos, conducir algunos vehículos o ser juzgados penalmente, se les niega este derecho". Asimismo, argumentan que reduciendo la edad mínima para votar se acercaría a las nuevas generaciones "a nuestro sistema democrático y sería uno de los remedios más lógicos contra la crisis que vive la representación política, ya que permitiría que el resultado de las elecciones reflejara mejor la realidad del país".

Se trata de los claros beneficiados de esta reforma, aunque el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, insistía el pasado viernes durante una entrevista en 'Los desayunos de TVE' que la reforma electoral que negocian con Ciudadanos "no va de a quién le beneficia, va de lo que necesita España en 2018". Esto es "un sistema que favorezca los acuerdos y que respete la voluntad del país" porque "el Congreso de los Diputados se tiene que parecer más a España".

Otras grandes medidas que Podemos ha puesto sobre la mesa son la obligatoriedad de que las formaciones políticas presenten listas cremallera; la modificación del voto rogado para los residentes en el extranjero; la celebración de debates —dos como mínimo— entre los candidatos a la presidencia del Gobierno, y la reducción de gastos electorales mediante un 'mailing' único.