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La Audiencia Nacional da "credibilidad relativa" a Granados y espera ver pruebas
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La Audiencia Nacional da "credibilidad relativa" a Granados y espera ver pruebas

El ex secretario general del PP de Madrid asegura que el cabecilla de la financiación irregular era González mediante una red que incluía a empresas públicas y privadas

Foto: El exconsejero madrileño, exdirigente del PP y presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, a su salida de la sede de la Audiencia Nacional. (EFE)
El exconsejero madrileño, exdirigente del PP y presunto cabecilla de la trama Púnica, Francisco Granados, a su salida de la sede de la Audiencia Nacional. (EFE)

"Credibilidad relativa". Esta es la valoración que realizan fuentes jurídicas tras la declaración de este lunes del ex secretario general del PP Francisco Granados ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. El cargo popular madrileño trazó durante una comparecencia de más de tres horas un esquema sobre el funcionamiento de las cuentas en B del partido, en que implicó de forma directa a la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre y a la actual jefa del Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes, pero no aportó documentos u otras pruebas que sustenten esta versión.

La lectura ofrecida por Granados pone a su eterno enemigo Ignacio González al frente de la trama Púnica o, al menos, de dos de sus principales 'patas': la financiación irregular de las campañas electorales autonómicas y las comisiones en B de la empresa pública de suelo a través de los planes Prisma. Cifuentes —dijo— actuaba como 'brazo' de González en el núcleo duro de la red y así fue mientras les unió "una relación" que acabó "como en atracción fatal" cuando llegó la ruptura. La presidenta ya ha anunciado acciones legales contra el exconsejero de Presidencia por esta "difamación".

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Granados también lanzó 'recados' para Aguirre, beneficiaria última del dinero negro de las "campañas paralelas" que se organizaron para ella en ocasión de los comicios de 2007 y 2011. Nada se movía sin su conocimiento, dijo, y añadió que fue ella quien se encargaba de colocar en puestos clave a las personas que seleccionaba. "Los nombramientos en la Comunidad de Madrid eran exclusivos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, y no necesariamente por ese orden", concretó.

Las fuentes consultadas señalan que sus afirmaciones necesitan de un sustento documental del que ahora carecen. El propio Granados ha reconocido a su salida de la Audiencia Nacional que no ha traído documentación. Cuando se abandona un cargo público, se sale "con lo puesto", ha expresado. Fuentes de su entorno aseguran que este sustento probatorio, que también necesita la Fiscalía Anticorrupción, ya consta en la causa de Lezo, donde González figura como presunto cabecilla.

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De hecho, Granados ha apuntado en su comparecencia directamente a esta pieza. El 'gancho' para la entrada de fondos irregulares era en gran parte el Canal y la Agencia para la Administración Digital, antigua Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), núcleo de la trama de financiación irregular presuntamente liderada por González, según los indicios con los que cuentan los investigadores de esta segunda macrocausa de corrupción. Ambas tramas confluyen y, al unirlas, los datos cuadran. "Ahí está los números y el mecanismo o vehículo que se empleó", argumentan personas cercanas al ex secretario general popular.

La combinación descrita incluía a empresas públicas y privadas. Desde Arpegio y PromoMadrid a la Consejería de Turismo, por la parte pública, o la Licuas de Molpeceres y Swat en la zona privada. Por el momento, Granados tiene una nueva cita en la Audiencia Nacional el próximo 20 de febrero. Hoy se ha limitado a exponer su versión en respuesta a las preguntas de su abogado, José Javier Vasallo. En su próxima comparecencia será el turno del juez, la Fiscalía y las acusaciones populares, que se encargarán de repreguntar y reclamar detalles en los aspectos que consideren necesario.

"Credibilidad relativa". Esta es la valoración que realizan fuentes jurídicas tras la declaración de este lunes del ex secretario general del PP Francisco Granados ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. El cargo popular madrileño trazó durante una comparecencia de más de tres horas un esquema sobre el funcionamiento de las cuentas en B del partido, en que implicó de forma directa a la expresidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre y a la actual jefa del Ejecutivo regional, Cristina Cifuentes, pero no aportó documentos u otras pruebas que sustenten esta versión.

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