el pulso político e institucional en cataluña revive pugnas en el gobierno

La vicepresidenta supera su peor momento y sobrevive al fuego amigo

El independentismo pide tiempo para lograr que Puigdemont se aparte y lograr un nuevo Govern sin imputados por su actividad en el proceso soberanista

Foto: Soraya Sáenz de Santamaría, en un acto en Valencia. (EFE Juan Carlos Cárdenas)
Soraya Sáenz de Santamaría, en un acto en Valencia. (EFE Juan Carlos Cárdenas)

Cuentan que un destacado dirigente del independentismo acudió en otoño a una reconocida librería jurídica de Barcelona que frecuenta a pedir todas las publicaciones y estudios sobre los delitos de rebelión y de sedición. El mérito de tal previsión es que la consulta legal se produjo antes de que el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentara la querella por tales delitos y sirve para constatar cómo en aquellos días algunos dirigentes del secesionismo ya preveían la dura respuesta del Estado.

A pesar de eso, el proceso hacia la independencia siguió adelante, pasando incluso por encima del plan inicial de convocar elecciones, con el impulso político de la movilización y las imágenes del 1 de octubre. Carles Puigdemont decidió el 27 de octubre guardarse el decreto de convocatoria que tenía redactado para seguir sin frenos y ese día se apartó definitivamente de la presidencia de la Generalitat, aunque él entonces no lo supo. La maquinaria del Estado aceleró con el 155, la acción judicial contra los protagonistas del proceso avanzó implacable, primero en la Audiencia Nacional, y luego en el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, y en La Moncloa se tomó la decisión de llegar al objetivo final de evitar como fuera que en las instituciones catalanas se mantuviera alguno de los protagonistas o actores secundarios del desafío. Era la única forma de constatar su éxito y la única de iniciar una nueva etapa, como ya ocurrió, salvando las muchas distancias, en el País Vasco tras el fracaso del plan Ibarretxe.

El equipo jurídico de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se puso a ello, buscando los recovecos legales, utilizando las instituciones del Estado y, a veces, sorteando el fuego amigo que esperaba un traspié para saldar cuentas de pugnas internas más o menos larvadas. La número dos del Gobierno ya salvó un amago de reprobación del PSOE por la acción policial del 1 de octubre, gracias a la presión de La Moncloa sobre el líder socialista, Pedro Sánchez. La paradoja de entonces es que quien intervenía en esa gestión de las fuerzas de seguridad del Estado era Juan Ignacio Zoido, el ministro más próximo a Dolores de Cospedal. Sí, está bajo dependencia directa de la vicepresidenta el CNI que falló en su información, especialmente, sobre las urnas del referéndum ilegal, aunque ahora es quien monitoriza al 'expresident' en Bélgica.

Mientras Mariano Rajoy decía el pasado 24 de enero en Onda Cero que no había motivos todavía para el recurso ante el Constitucional contra la candidatura a la investidura de Puigdemont, en La Moncloa la vicepresidenta ya trabajaba con la Abogacía del Estado para preparar tal impugnación. El objetivo era evitar la peligrosa situación de un Parlament invistiendo a un fugado de la Justicia, con obligación de frenarlo en el momento en el que el Rey iba a firmar el decreto.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)

Como en otras ocasiones, el presidente del Gobierno siguió la vía legal que le planteaba Sáenz de Santamaría ("la vicepresidenta Soraya", para el 'president' del Parlament, Roger Torrent, en abuso del habitual tic de quitar el apellido a las mujeres con poder). Y tras el tropiezo con el Consejo de Estado, en el Consejo de Ministros se planteó en el asunto, sin que hubiera la más mínima crítica o reticencia a la presentación del recurso. Expresamente, Rajoy y Sáenz de Santamaría hablaron a sus ministros en esa reunión de cumplir el objetivo de evitar la presidencia de Puigdemont y apartar a los líderes del 'procés' y así se lo trasladaron también a Pedro Sánchez y al propio Constitucional. Los que ella misma describió en campaña electoral como "descabezar el independentismo". O lo hacemos y forzamos el recurso o será inevitable la investidura y muy difícil la marcha atrás, les vino a decir a todos. El PSOE no puso pega alguna al recurso.

Sí hubo un cierto silencio percibido en la Moncloa de miembros del Gobierno y del PP que, ante el resultado incierto, esperaban que la vicepresidencia terminara por asumir toda la responsabilidad de un hipotético fracaso. El "fuego amigo" esperaba a que se estrellara o, al menos, que ella fuera la única responsable y desde La Moncloa se percibió el silencio atronador de algunos ministros que se ponían de perfil, a la espera del resultado.

Tras las dudas en el Constitucional, consciente de que innovaba también para salvar al Estado, los mensajes desvelados por el programa de Ana Rosa de Telecinco han supuesto un respiro para el equipo de la vicepresidenta. Como en la escena de la película 'Match Point', de Woody Allen, la pelota dio en la red y está a punto de caer del otro lado y la número dos del Gobierno salvaría el set y cogería ventaja, aunque aún se disputa el largo partido en Cataluña.

En esa estrategia se ha producido una extraña coincidencia de la Moncloa con casi todos los dirigentes independentistas de ERC y PDeCAT, con la única excepción del equipo más próximo a Puigdemont, para que solo haya en el Govern y la Mesa del Parlament dirigentes "sin mochila" para dejar atrás esa etapa del 'procés'. Y ha habido sondeos desde ERC para constatar la disposición de iniciar una nueva etapa de relación, dentro de la legalidad.

Estas semanas Oriol Junqueras suele hacer un gesto a sus visitantes en la cárcel de Estremera, moviendo despacio de arriba a abajo los brazos extendidos y las palmas hacia el suelo, para hacer ver que lo que hace falta es tranquilidad y darle tiempo al 'expresident' para que se eche a un lado. No contemplan otras opciones, aunque en público le mantengan como candidato único.

ERC asegura que espera todavía que los de Puigdemont les cuenten "la fórmula de la Coca-Cola" para poder ser investido de verdad, porque aún la desconocen y no atisban una manera posible. El tiempo parece correr en contra del 'expresident', pero favorece al Gobierno de Mariano Rajoy que mantiene el 155 en vigor. Aunque si pasan las semanas podríamos ir a otro conflicto: ¿cómo funciona un Parlamento cuando el Gobierno está intervenido con el 155? La Moncloa aceptó retirar el control del Parlament en la resolución del 155 que aprobó el Senado, por la convocatoria inmediata de elecciones, pero ahora no hay manera de hacerlo.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban. (EFE)
El portavoz del PNV, Aitor Esteban. (EFE)

Al Gobierno solo le viene mal que se prolongue esta situación para la tramitación de los Presupuestos. El PNV mantiene que hasta que no se levante el 155 no negociará y, de hecho, su portavoz, Aitor Esteban, tuvo que ponerse en contacto con la Moncloa para rectificar las optimistas declaraciones que daban por hecho el acuerdo sobre las cuentas. El plazo máximo para iniciar la tramitación es el 31 de marzo.

Y nadie quiere nuevas elecciones, entre otras cosas porque el PDeCAT tiene graves dificultades económicas como consecuencia también de la defensa jurídica de sus presos y Puigdemont y los encarcelados saben que para entonces podría no poder concurrir ya a las urnas.

Queda para esta próxima semana el informe de los letrados para determinar si ya corre el plazo de dos meses para la repetición de elecciones, aunque no haya habido votación. El Estatut es claro al asegurar que debe haber una votación fallida y la Moncloa cree que sí corre ya el reloj, pero los letrados del Parlament no han logrado llegar aún a ninguna conclusión.

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