causa abierta en el juzgado 29

La UCO se defiende y dice que siguió a Marjaliza pero no halló indicios por drogas

Seis agentes de la Guardia Civil detallan cómo rastrearon al exsocio de Granados en la causa abierta tras la denuncia del exconsejero, que les acusa de no perseguir el delito

Foto: David Marjaliza, entrando a la Audiencia Nacional el pasado diciembre. (EFE)
David Marjaliza, entrando a la Audiencia Nacional el pasado diciembre. (EFE)

Seis miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de investigar el caso Púnica se defendieron la semana pasada en dependencias policiales de las acusaciones lanzadas por el exconsejero madrileño Francisco Granados. Según su versión, estuvieron investigando, siguiendo, escuchando y vigilando a David Marjaliza durante meses por si este pudiera haber incurrido en un delito de narcotráfico, entre otros ilícitos que se le atribuían. Sin embargo, declararon, en ningún momento encontraron indicio alguno que sostuviera la comisión de una infracción contra la salud pública por parte del que fuera socio del exdirigente del PP, supuesto líder de la trama de cobro de comisiones investigada por la Audiencia Nacional.

Así se expresaron los seis agentes durante la semana del 15 al 19 de enero ante agentes de la Policía Nacional en el marco de la causa que abrió el titular del mencionado Juzgado 29, Pedro Domínguez Morales, tras admitir a trámite la denuncia presentada por Granados, quien acusó a los seis agentes de la UCO de haber incurrido en un ilícito de omisión del deber de perseguir delitos por no haber investigado a Marjaliza por tráfico de drogas a pesar de que el exsenador aseguró haber aportado datos para hacerlo. El juez ha citado a los seis como imputados para el próximo 19 de febrero, día en el que les interrogará por estos hechos.

La querella, anunciada por el propio Granados durante el juicio que tuvo lugar en la Audiencia Nacional contra él y el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino por el chivatazo que este último le dio al primero para advertirle de que había una operación policial en marcha en Valdemoro, argumenta que hubo un trato de favor a Marjaliza por parte de los seis agentes. El escrito insinúa que desde el principio Marjaliza había colaborado con la UCO y que por eso los componentes de esta unidad de la Guardia Civil habían hecho la vista gorda con determinadas irregularidades.

En concreto, la denuncia del exconsejero popular explicaba que "por razones desconocidas" los agentes no hicieron investigación alguna en relación al tema del narcotráfico, que no persigue ni la Audiencia Nacional ni ningún otro órgano judicial. Aseguraba, además, que Marjaliza, cuyo testimonio en el caso Púnica constituye el núcleo de la acusación, "ha gozado hasta la fecha de una posición de privilegios y beneficios no amparados en norma penal o procesal alguna".

Sobre la posible existencia de un acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y Marjaliza, los agentes declarantes se limitaron a señalar durante su comparecencia que desconocían los términos de los pactos alcanzados por el ministerio público en ese sentido y que ellos, en cualquier caso, se limitaron a actuar en todo momento guiados por criterios policiales y al margen completamente de cualquier concierto entre las partes.

Francisco Granados junto a su abogado. (EFE)
Francisco Granados junto a su abogado. (EFE)

La defensa de Granados argumentó en su denuncia que "todos los miembros de la UCO que declararon (en la vista oral del citado caso del chivatazo) y participaron en la intervención y transcripción de las conversaciones, admitieron que por falta de medios no se investigó la relación de Marjaliza con traficantes, al considerar que era más importante investigar su implicación en la trama de corrupción".

Los seis agentes centraron la mayor parte de su declaración en explicar todas las intervenciones telefónicas, los seguimientos, los rastreos de documentación, las vigilancias, las entradas y registros o los testimonios ofrecidos por otras personas sobre Marjaliza realizados durante la instrucción del caso Púnica. Los declarantes incluso llegaron a señalar que el investigado era uno de los imputados sobre los que los responsables de las pesquisas habían estado más encima dado el papel que tenía en todo el entramado.

Tras detallar pormenorizadamente todas estas diligencias, los funcionarios señalaron que no había ni rastro de ilícitos contra la salud pública cometidos por Marjaliza. Argumentaron asimismo que no tiene fundamento alguno acusarles de trato de favor hacia Marjaliza, dado que este había sido protagonista de decenas de informes elaborados por ellos así como objeto de las medidas cautelares propuestas, entre las que se incluían la propia detención del imputado, la incautación de sus bienes o el bloqueo de sus cuentas bancarias, iniciativas que no casarían con ese supuesto favoritismo.

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