Sevilla: "Hay que reformar la Constitución, no lo hagan si no quieren llegar a acuerdos"

A la tercera sesión, va la vencida. El PSOE pudo por fin escuchar en la comisión territorial abierta en el Congreso que sí es necesario reformar la Constitución, porque el Estado autonómico contiene disfunciones, parte de las cuales requieren retocar el texto de 1978, sin miedo pero sí teniendo en mente que España no se puede permitir un "fracaso" si el melón se abre. Lo dijo el exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla. Socialista, sí. Pero también con el suficiente sentido institucional como para permitirse deslindarse de la senda oficial de su partido para lanzar advertencias y reconocer errores de gestión de pasados Gobiernos. "Si me lo permiten, yo les diría que hay que reformar la Constitución, pero no lo hagan si no están dispuestos a llegar a acuerdos".

Esa fue una de las sentencias lapidarias del exministro valenciano en su comparecencia ante la comisión de evaluación y modernización del Estado autonómico, tal vez el invitado de más lustre de este miércoles y el que más claramente dio cobertura a la posición del PSOE, el principal impulsor de este órgano. En las dos jornadas anteriores los diputados socialistas oyeron a los padres de la Carta Magna aún vivos —Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, José Pedro Pérez-Llorca y Miquel Roca— y a altos cargos —el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, o el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás— apostar por otras fórmulas, como la reinterpretación vía legislativa del texto de 1978, porque se mostraban poco amigos de tocar la Ley Fundamental. Sevilla, también perteneciente a una generación de políticos más jóvenes —además de que abandonó el Gobierno como quien dice ayer, en 2007—, sí tejió una exposición más 'arriesgada'. Horas antes, no obstante, los socialistas habían salido bastante satisfechos con las palabras de otro exministro de Administraciones Públicas de su partido (1993-1995), aunque muy anterior, el canario Jerónimo Saavedra. La óptica contraria, más recentralizadora, la proporcionaron otros dos ex primeros espadas del PP, el expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel y el exministro Rafael Arias-Salgado.

De entrada, el modelo actual, aseguró Sevilla, es de "éxito", y "hay que reconocerlo". "Pero para que lo que hemos hecho funcione mejor hay que hacer reformas. Muchas no dependen de la Constitución, pero otras llevan inevitablemente a la reforma de la Constitución", subrayó. Más aún: "Lo construido, tal y como está, no funciona bien. Necesita cambios, pero en la línea de la cooperación, para que funcione bien".

Lo construido, tal y como está, no funciona bien. Necesita cambios, en la línea de la cooperación, para que funcione bien

Sevilla remarcó que en estos 40 años hemos pasado de un Estado central con todos los poderes a "17 administraciones más una", el Estado, de tal forma que no se puede hablar únicamente de descentralización administrativa, sino política. Ahora bien, razonó que ese paso se ha dado de manera "imperfecta", pues España se ha quedado "a mitad de camino". "Nos hemos centrado en la confrontación y el ente nuevo que surge [de 1978], las comunidades autónomas, han tenido que ganarse espacio a codazos. El recurso al Tribunal Constitucional ha sido necesario para definir lo tuyo y lo mío. Pero hace falta dar el siguiente paso: a lo nuestro, a lo común, a lo que nos une y no a lo que nos separa", y en ese sentido la "cooperación" se presenta como un "principio" que ha de fundamentar la gestión política del Estado. "Y si queremos gestionar un Estado compuesto desde el modelo de cooperación, faltan herramientas, y las que hay no funcionan adecuadamente". En suma, que para que "funcione mejor el Estado de las autonomías" es necesario acometer "cambios muy importantes".

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"Se nos ha podido ir la mano"

A juicio del dirigente socialista, que ocupó la cartera de Administraciones Públicas de 2004 a 2007 y que hoy forma parte de la cúpula de la consultora Llorente & Cuenca, hace falta un "doble pacto", que consiste en una "lealtad constitucional mutua". De un lado, que el Estado reconozca que España tiene autonomías con competencias transferidas y que por tanto no viven en una condición de "sumisión" respecto a Madrid. Algo de lo que no han sido siempre conscientes, admitió, los Gobiernos centrales de uno y otro signo —"Se nos ha podido ir la mano"—. De otro, es necesario que las CCAA se den cuenta de que "el Estado debe funcionar para que el modelo funcione", y en consecuencia "no puede ser ni un estorbo ni nada residual", pues tiene un papel "fundamental" para garantizar la igualdad, la solidaridad o la unidad del país. Esta última reflexión no significa que Sevilla defienda la recentralización. Cree, de hecho, que es un "apriorismo" sentenciar que algo está mejor gestionado desde Madrid. "Del mismo modo que no todas las soluciones exigen cambios de la Constitución, no todas las mejoras consisten en devolver competencias", afirmó.

Hace falta, señala, un "doble pacto", que el Estado reconozca las autonomías y que estas vean que el Estado no es un "estorbo" ni puede ser "residual"

¿Qué cambios deberían introducirse en el sistema? Sevilla abogó por institucionalizar la Conferencia de Presidentes —el órgano que José Luis Rodríguez Zapatero, con él de ministro, creó en su primer mandato en La Moncloa—, alumbrar instrumentos comunes de administración —"se trata de hacer casa común"—, reformar el Senado, porque "tiene que ser más que una Cámara de segunda lectura" o "dar el salto a la cogobernanza", que exige "mecanismos y herramientas de cooperación. Respecto a la Cámara Alta, el extitular de Administraciones Públicas ve "difícil" reformarlo sin modificar la Constitución. También cree necesario reflexionar sobre la utilidad de las diputaciones, pues "es evidente que el modelo autonómico que tenemos se solapa con el modelo provincial que teníamos" antes de 1978. Y sí derogaría la disposición transitoria cuarta de la Carta Magna, la que prevé la posible anexión de Navarra al País Vasco.

Los portavoces del PP en la comisión territorial suelen preguntar a los comparecientes si es hora de cerrar el modelo autonómico. Sevilla cree que no se puede hablar en esos términos, porque "no hay nada definitivo excepto la muerte", y por tanto "hay cuestiones en las que el conflicto es inevitable, y lo que hay que hacer es articularlo para que no sea destructivo". Los populares también suelen demandar si hay consenso ahora mismo para tocar el texto de 1978, siempre con la intención de que el orador responda que no existe y así respaldar sus posiciones. No es esa la perspectiva de Sevilla. "Hay un poquito de mito" respecto a los consensos, señaló, porque ni todos los partidos estuvieron de acuerdo con la Constitución en su momento, ni con los dos primeros Estatutos que se aprobaron, ni con el polémico Estatut de Cataluña de 2006.

Aquí el exministro se permitió una crítica. "No fue bueno que no se buscara a fondo un acuerdo de PP y PSOE". Al comienzo, recordó, sí se "intentó", y él mismo mantenía contactos con el entonces líder del PP catalán, Josep Piqué. Pero al final el diálogo "descarriló" entre el presidente Zapatero y Mariano Rajoy y entonces se entró en un proceso que debiera haberse "evitado". Y además ERC se descolgó del acuerdo. Pese a todo, cree que hay que estar "globalmente satisfechos" de los estatutos de segunda generación que vieron la luz tras el catalán.

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El acuerdo se va haciendo

"¿Consenso? Tendrán que decirlo ustedes", apremió a los diputados. "Depende de ustedes, de hasta donde quieran llegar". Sevilla remarcó que España no necesita un proceso constituyente, como quiere Podemos, pero sí precisa de una reforma de la Carta Magna "partiendo de un perímetro muy acotado", que no quiere decir "muy limitado o muy pequeño", pero eso "sí se tiene que hacer con consenso". "El consenso no es un apriorismo, pero la voluntad de llegar a consenso sí". Ahí el exministro se alineaba con lo manifestado por Ferraz: que el acuerdo ha de ir construyéndose, que no es una posición de partida. "Hay que hacer una reforma de la Constitución y abrirla con voluntad explícita de llegar a un acuerdo. No solo por lo obvio, sino porque no creo que sea bueno para España un fracaso en la reforma de la Constitución. Si me lo permiten, yo les diría que hay que reformar la Constitución, pero no lo hagan si no están dispuestos a llegar a acuerdos", aconsejó.

Sevilla cree que la reforma "es una oportunidad para los [separatistas] que de verdad hayan llegado a la conclusión de que la vía unilateral no es posible"

También en respuesta al PP, manifestó que aun estando como está totalmente "en contra" del 'procés' y de lo ocurrido en Cataluña, no le gustaría que "frenara" aquellos cambios que el país necesita. "Sería darles la llave, y me niego. Yo no lo utilizaría como excusa [...]. Abrir un proceso de reforma es una oportunidad para los [independentistas] que de verdad hayan llegado a la conclusión de que la vía unilateral no es posible. ¿Hay que hacerlo por ellos? No, pero si esto puede ayudar, mejor [...], no tengo por qué despreciar este camino", añadió, defendiendo la apertura de esta comisión del modelo territorial, a la que aún siguen sin sentarse Podemos y las formaciones nacionalistas y secesionistas.

Sevilla no defendió a capa y espada el modelo federal que promueve el PSOE. No si eso entorpece el entendimiento, porque además tampoco hay "unanimidad" en torno a lo que representa. "A mí no me asusta el sistema federal, pero si genera problemas, llamémoslo Estado autonómico. Me interesa más el contenido. No nos peleemos por el nombre".

La visión más contraria a la de Sevilla la proporcionó el compareciente anterior, Rafael Arias-Salgado, ministro de la Presidencia y de Administración Territorial con la extinta UCD (1980-1982) y titular de Fomento (1996-2000) ya con el PP de José María Aznar. El exdirigente consideró incluso "enormemente arriesgado abrir un proceso de reforma constitucional que afectaría a la configuración global del Estado de las autonomías". "Los consensos son muy difíciles de construir, pero una vez conseguidos tienen una eficacia extraordinaria".

Las recetas para reforzar al Estado

La tesis del exministro es que hay que cerrar ya el grifo porque las CCAA han alcanzado ya un "techo competencial" que no se puede rebasar si no se quiere llegar a un "esquema confederal". "No cabe transferir más poder a las comunidades autónomas. El grado de descentralización que ha alcanzado el Estado español no tiene parangón en el mundo", apuntó.

"No cabe transferir más poder a las CCAA. El grado de descentralización que ha alcanzado el Estado español no tiene parangón", avisa Arias-Salgado

A su juicio, es mejor camino acometer mejoras en el sistema mediante leyes pactadas, sin complicarse demasiado la vida. De hecho, defendió que hoy es posible parir "leyes de armonización" —distintas a la Loapa, que fue anulada en parte por el Tribunal Constitucional—, porque el objetivo perseguido sería limar los aspectos disfuncionales. Un ejemplo que utilizó: servirían para aprobar una tarjeta sanitaria única válida en todo el Estado. Por lo que Arias-Salgado apuesta, pues, es por los "retoques", como los dos cambios exprés introducidos en la Constitución, en 1992, para permitir que los extranjeros pudieran votar en las municipales (artículo 13.2), y el de 2011, para consagrar la regla de estabilidad presupuestaria en el 135.

"Si hay consenso, se pueden hacer muchas mejoras del texto constitucional sin necesidad de reformarlo". Es decir, ni siquiera llegaría "a tanto" como la "mutación constitucional" que patrocinaba Herrero y Rodríguez de Miñón en esta misma comisión. Y además él no cree en la necesidad de abrir la Carta Magna para "mejorar" el funcionamiento del modelo autonómico.

En ese "cierre del sistema de traspaso de poder" competencial, Arias-Salgado entiende que habría que garantizar la "capacidad de decisión del Estado [las Cortes Generales y el Gobierno central]" en distintos ámbitos. Uno, reforzar el "monopolio radical" de la política exterior, pues produce una "distorsión extraordinaria" que las CCAA actúen en el escenario internacional. Dos, preservar la "unidad de mercado". Tres, incorporar las directivas comunitarias, afecten o no a competencias atribuidas a las comunidades. Cuatro, introducir mecanismos de cooperación "vinculantes". Cinco, aprobar unas "bases comunes y vinculantes" en lo que afecta al sistema educativo y la formación del profesorado. Y seis, implantar la tarjeta sanitaria única.

El exministro de UCD y PP defiende conceder al Estado el "monopolio" de la política exterior o dar carácter territorial al Senado por ley orgánica

¿Qué hacer con la Cámara Alta?, se le preguntó. El exministro de UCD y del PP cree que su reforma "no es imprescindible". Recordó que en su día se llegó a plantear una Ley Orgánica del Senado, para acentuar su carácter territorial. Él cree que esa puede ser una salida plausible "si hay acuerdo", y cree que no sería inconstitucional, pues sería una norma de desarrollo del texto de 1978.

Saavedra y Valcárcel: contra el "debilitamiento" del Estado y contra el adoctrinamiento en las escuelas

Por la mañana desfilaron por la comisión de evaluación y modernización del Estado autonómico del Congreso el socialista Jerónimo Saavedra, ministro de Administraciones Públicas entre 1993 y 1995, y el popular Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia entre 1995 y 2014 y vicepresidente del Parlamento Europeo. 

El exministro y expresidente de Canarias, exalcalde de Las Palmas y hoy Diputado del Común de las islas avisó del problema de la pérdida de poder del Estado frente a las comunidades autónomas, y en cualquier Estado federal, añadió, ese poder federal "no se puede debilitar".

"Hay que tomarse muy en serio qué recursos dejamos en manos del Estado a la hora de financiar las comunidades autónomas", alertó, tras pedir una reflexión sobre el límite que tiene que tener cualquier proceso de disminución del protagonismo del Estado, informa EFE. Saavedra afirmó que sí trasladaría a la Constitución, mediante un cambio en el texto, la reforma del Senado, pero no para suprimirlo. Un modelo posible, dijo, es el del Bundesrat alemán, en el que sus miembros son elegidos por los Gobiernos de los 'Länder'.

El exministro sí apoya una reforma constitucional, pero que esté "acotada" y que no suponga abrir "un proceso constituyente", pero siempre que exista un "amplio consenso" y una "capacidad de pactar" que él echa de menos en la política actual.

Valcárcel, por su parte, propuso, "sin complejo alguno", que el Estado recupere la competencia educativa si en las escuelas de determinadas comunidades autónomas persiste la "distorsión de la realidad, la permanente confrontación y la incitación al odio". Su planteamiento no es "usurpar" la competencia de educación a las CCAA, sino implantar los mecanismos precisos que permitan acabar con el "revisionismo histórico" que promocionan, a su juicio, los independentistas. 

El expresidente murciano rechazó modificar la Constitución para "contentar a quienes quieren romper España" o para alimentar los "egoísmos" políticos o territoriales, informa EFE. Él prefiere reformas legales ordinarias para abordar los problemas del modelo autonómico y para reforzar el papel del Senado como Cámara territorial.