¿Habrá pacto educativo en España? Los vetos políticos frenan la ley más ambiciosa

El Pacto Nacional por la Educación es uno de los proyectos legislativos más ambiciosos de la presente legislatura, si no el que más. Sobre la mesa, la posibilidad de firmar por primera vez en la historia un acuerdo de mínimos entre las principales fuerzas políticas para evitar que la educación se convierta en un arma electoral y que cada Gobierno eche por tierra la política educativa de un país cada cuatro años volviendo locos a la mayoría de los estudiantes cada equis tiempo. El martes pasado tuvo lugar la primera reunión del año de la subcomisión creada 'ad hoc' en el Congreso... y solo sirvió para confirmar los escollos que existen para sacarla adelante.

Esta subcomisión —impulsada por PP, PSOE y Ciudadanos y en la que participan todas las fuerzas parlamentarias salvo ERC— se creó ya hace año y medio, en diciembre de 2016. Un largo trámite hasta ahora destinado a escuchar a expertos a propuesta de los distintos grupos políticos —en total, 80 han pasado por la Carrera de San Jerónimo— y a elaborar un guion compuesto por 15 puntos sobre el que debe construirse el pacto definitivo. Es decir, ahora empieza la parte decisiva y era este martes cuando se retomaban las conversaciones tras el parón navideño para empezar a trabajar en el documento final. El tiempo no es ilimitado y en este caso lo es menos que nunca: los partidos tienen como fecha límite el mes de mayo para dar a conocer un texto consensuado.

El problema es que antes de meterse en harina ha surgido un nuevo punto de conflicto que debe resolverse a la mayor brevedad posible. Se trata de la metodología en el sistema de voto para sacar adelante los acuerdos que se tomen. En la reunión del 24 de noviembre del pasado año ya se acordó que la mayoría de dos tercios del Congreso era lo más acertado tanto para votar el acuerdo final como para la elección de otros puntos del pacto, asegurando un consenso amplio y estable para la futura ley de educación. Esto quiere decir que cualquier acuerdo en torno al pacto educativo debía contar con el visto bueno de una mayoría reforzada de 234 diputados (sobre el total de 350). PP, PSOE y Ciudadanos estaban de acuerdo y Unidos Podemos en un principio no se opuso. Sin embargo, la pasada semana los representantes de la formación morada descartaron por completo esta decisión: entendían que la mayoría de dos tercios obliga a que el PP esté necesariamente a favor de todo lo que se apruebe o, dicho de otra manera, esa mayoría le da opción de veto.

Será mañana cuando los distintos grupos consensúen por fin cuál es la exigencia para la votación. Y aquí es donde las posiciones pueden volver a enfrentarse. Unidos Podemos propuso la mayoría absoluta (descartada por PP, PSOE y Ciudadanos, que insisten en que deben apostar por mayores consensos) y después la unanimidad (el sistema utilizado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género), lo que causó fuertes reproches por parte del resto de grupos, que le recordaron la abstención practicada por la formación morada en la votación final.

Aun así, tanto populares como socialistas y centristas insisten en que se están haciendo "muchos esfuerzos" para que ningún partido "se sienta incómodo y abandone" el pacto. La cuestión es si serán capaces de llegar a un acuerdo para el sistema de voto. La portavoz socialista, Mari Luz Martínez Seijo, explica a este diario que defenderá una vía alternativa para tratar de aunar las distintas posiciones. Los socialistas defenderán la mayoría de tres quintos. "Podría servir para desbloquear la situación, entiende todas las posiciones, es una mayoría recogida en la Constitución y reduce un poco el número de diputados necesarios". En concreto, 210 sobre 350, y el PP, en efecto, no sería necesario si existe consenso en el resto de grupos de la Cámara.

Los grupos no ponen sus cartas encima de la mesa, pero las portavoces de PP y Ciudadanos, Sandra Moneo y Marta Martín respectivamente, avanzan que tratarán de defender la mayoría de dos tercios, el sistema acordado hace dos meses. En el caso de la popular, insiste en que en estos días mantendrá conversaciones con los socialistas para tratar de llegar a un acuerdo, recordando que lo más importante es "garantizar una mayoría consolidada". Además, afirma que el objetivo debe ser "buscar mayorías, no triquiñuelas" y reprueba en ese sentido a Unidos Podemos por buscar, en su opinión, "el pacto del veto en vez del pacto de las mayorías". Mientras, el partido de centro critica los "vaivenes" de la formación morada y considera "esencial" que en el acuerdo estén tanto PP como PSOE.

Pero la formación morada tiene clara su postura. El portavoz en la materia, Joan Mena, asegura que las mayorías de dos tercios y tres quintos "solo sirven para consolidar bloques y son muy excluyentes". En Unidos Podemos defenderán la importancia de "hacer un pacto más plural, abrirlo a otras opciones que sumen" y, por ello, insisten en que la mayoría absoluta reúne el suficiente consenso, además de que es el sistema recogido en el reglamento del Congreso para prácticamente todas las iniciativas legislativas. Estudiarán, según explica Mena, la propuesta de tres quintos del PSOE aunque les sigue pareciendo "insuficiente".

La cuestión es que los choques han comenzado incluso antes de empezar los contenidos. Una vez acordada la metodología, los grupos se intercambiarán los documentos iniciales con sus propuestas. El primero de los 15 puntos a debatir es "principios, objetivos y desafíos en el sistema educativo español". Un asunto muy general que, sin embargo, servirá para establecer los pilares del acuerdo. Los asuntos más peliagudos de los próximos meses no se le escapan a nadie: la educación concertada constituye uno de los principales (con posiciones completamente alejadas entre muchos de los grupos), la enseñanza de las religiones —en plural, tal y como viene escrito en el guion acordado— que, según viene recogida en la Lomce, sí computa para la nota final, y PSOE y Unidos Podemos tienen claro que esto debe dejar de ser así. Otros serán el cambio de estructura del sistema educativo en titulaciones y duración de estudios, la mejora en la formación del profesorado, la lucha contra el fracaso escolar y el 'bullying'. La cuestión es si los españoles verán el resultado en la presente legislatura.