Romay Beccaría: ¿se puede presidir el Consejo de Estado con 84 años?

Por poco José Manuel Romay Beccaría no celebró su cumpleaños en el Congreso el pasado miércoles. Por muy poco. Acudió puntual a la cita de la Cámara, a las 10 de la mañana del 17 de enero, y su aniversario caía justo al día siguiente, jueves. 84 años. Ni más ni menos. 84.

El veterano Romay Beccaría (Betanzos, A Coruña, 1934) había sido convocado por su cargo, porque preside el Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Gobierno, desde 2012, cuando el Consejo de Ministros, liderado por Mariano Rajoy, lo designó. Ya había dirigido la institución años atrás, entre 2003 y 2004, justo tras el fallecimiento de Íñigo Cavero. Pero aquella era y es su casa desde muchísimo antes. En 1959 ingresó por oposición en el cuerpo de letrados del Consejo de Estado, en pleno franquismo.

El exministro de Sanidad y Consumo, exvicepresidente de la Xunta de Galicia, 'exconselleiro', expresidente de la Diputación de A Coruña, exparlamentario nacional y extesorero del PP comparecía el pasado miércoles en la comisión territorial del Congreso por su posición institucional actual, sí, pero también para que diera cuenta del informe que el órgano emitió en 2006 a petición del Gobierno de entonces, pilotado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la reforma constitucional. Romay hizo su exposición inicial durante casi una hora. Pero en la imponente Sala Constitucional de la Cámara, de la que cuelgan los retratos de los padres de la Carta Magna y una de las estancias de mayor carácter simbólico tras el hemiciclo, apenas se le escuchaba y se le podía seguir.

Su tono de voz era monocorde y demasiado débil, "muy bajito", tanto que algunos diputados y periodistas reconocían haberse perdido durante su discurso, más aún cuando se permitió una digresión sobre las vacas gallegas para ilustrar lo positivo que había sido la transferencia de competencias a las comunidades —porque del ganado enfermo el Estado no se preocupaba, sí cuando la Xunta asumió los poderes—, de la que él se encargó en sus primeros tiempos en el Ejecutivo autonómico. Y hasta hubo algún traspié, como cuando dijo que el Gobierno de Zapatero encargó el informe de la reforma "en marzo de 1205". Literal. Y quería decir, obviamente, 2005. "Ha sido soporífero", coincidían varios parlamentarios tras la comparecencia. El presidente de la comisión territorial del Congreso —comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico, el nombre oficial—, el socialista José Enrique Serrano entregó a las taquígrafas el discurso que llevaba preparado Romay. Es cierto que este no se atuvo completamente al guion, pero el papel sí podía servir para llenar "sus vacíos", y ellas se lo agradecieron "mucho", según confirmaban fuentes de su entorno.

El presidente de la comisión entregó a las taquígrafas de la Cámara una copia del discurso inicial, para que pudieran cubrir sus "vacíos"

El presidente del Consejo de Estado, padrino político de Rajoy, hiló una intervención [aquí en PDF], pese a las dificultades, lúcida, más expositiva que de opinión, y de hecho se permitió pocos juicios personales, aunque sí deslizó que quizá había que modificar la Carta Magna, sí, pero para dar más atribuciones a la Administración central, con el fin de garantizar la igualdad, la solidaridad y la cooperación, y a la vez advirtió de que la revisión del texto de 1978 no sirve para resolver "mágicamente" los problemas que aquejan al Estado autonómico.

Pero ¿puede presidir el Consejo de Estado un hombre de 84 años? ¿Algo mayor que, por ejemplo, el rey Juan Carlos, que abdicó en su hijo, Felipe, cuando tenía 76 años? Claro que siempre hay contraejemplos: sin ir más lejos, el predecesor de Romay en el cargo, Francisco Rubio Llorente (nombrado por Zapatero en 2004), ya fallecido, se marchó en 2012 a los 82.

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"Cementerio de elefantes"

Hay visiones para todos los gustos. Más críticas, como las de los politólogos Pablo Simón, Juan Rodríguez Teruel o Máriam Martínez-Bascuñán, que entienden, en líneas generales, que ese dato demuestra lo "irrelevante" de una institución consultiva, no deliberativa, que ha sido utilizada por los partidos como "cementerio de elefantes", para aparcar a sus viejas glorias. Pero hay otras perspectivas, más comprensivas, como las de las constitucionalistas Yolanda Gómez y Teresa Freixes, que recuerdan que órganos similares los hay en otros países, con un perfil semejante, y que se necesita para proveer esos puestos a personas de dilatada trayectoria pública, capaces de elaborar informes y dictámenes de buena calidad jurídica y muy útiles para los académicos, no solo para el Ejecutivo.

Romay cobra 79.000 €, poco menos que Rajoy. Los consejeros permanentes superan los 100.000 € y los natos y electivos perciben por cada pleno

El Consejo de Estado es una de las instituciones más antiguas de España. Casi todos los historiadores atribuyen su fundación, con ese nombre, al emperador Carlos V, en 1526. Y se creó, recuerda la propia institución en su web, "para que hubiera alguien que se ocupase, con visión de conjunto, de los asuntos que afectaban a todo el Reino y especialmente a la política exterior, sin las limitaciones territoriales o específicas que tenían los antiguos Consejos de Castilla, de Aragón, de Indias, de Hacienda, etc.". Adquirió su rango constitucional en 1812, con las Cortes de Cádiz. Y la Carta Magna de 1978 lo consagra como supremo órgano consultivo del Gobierno, aunque es en realidad del Estado, pues emite dictámenes a petición del jefe del Ejecutivo y de sus ministros, pero también de los presidentes autonómicos. En 2017 tuvo un presupuesto de 10,8 millones de euros.

Romay, que como presidente del Consejo de Estado tiene rango de ministro, percibe un sueldo anual de 79.373,04 euros, en doce mensualidades y sin derecho a pagas extraordinarias. Un salario algo inferior al de Rajoy. 383,64 euros menos. Los ocho consejeros permanentes —que lo son con carácter vitalicio, y entre los que se encuentran la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, el exjefe de la Casa Real Alberto Aza, el exministro de Justicia Fernando Ledesma o el padre de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón— cobran más de 100.000 euros anuales, poco más que el secretario general (uno de los letrados mayores).

Los once consejeros natos —los que lo son por razón del cargo que ejercen, como el fiscal general del Estado, el gobernador del Banco de España, el director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, los presidentes del Consejo Económico y Social, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas o del Consejo General de la Abogacía, o el director de la Real Academia Española— y los diez electivos —nombrados por real decreto para cuatro años (para ocho años, en el caso de los expresidentes autonómicos), y entre los que figuran los exministros Ana Palacio, Isabel Tocino y José María Michavila, el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, la exdefensora del Pueblo María Luisa Cava de Llano o el expresidente del Senado Juan José Laborda— perciben dietas por asistencia a pleno, hasta un máximo de 974,16 euros al mes. Romay no imputó gastos en 2017 al Consejo por desplazamientos, como sí hicieron algunos de los consejeros electivos.

El ejemplo de Napolitano

Vaya por delante: no hay ley que impida al exdirigente del PP, que ocupa un cargo por designación del Consejo de Ministros, ejercer su puesto por su edad, ni ninguna norma que le obligue a jubilarse. "No hay problema jurídico. Hay casos en los que se limita el acceso, como los 35 años que son necesarios para ser presidente en EEUU, pero no existe esa limitación en este caso. Por tanto, será una cuestión de conveniencia, de la persona de la que hablemos, de quien lo nombra...", asegura Yolanda Gómez, catedrática de Derecho Constitucional de la UNED.

Simón o Teruel creen que el Consejo es un órgano "irrelevante", por eso importa poco la edad. Para Freixes y Gómez, hay que valorar la persona

Otra catedrática de Constitucional, pero de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Teresa Freixes, evoca el ejemplo de Giorgio Napolitano, respetado presidente de la República Italiana desde 2006 hasta 2015, y que se marchó del cargo a punto de cumplir 90 años. "No es la edad, por tanto, es la persona. Que en este tipo de órganos se sienten expresidentes, exministros, ex grandes magistrados, ex altos cargos... no desmerece la institución. En Grecia los consejos de ancianos eran muy valorados. No se puede sacralizar la edad, pero sí hay que tener en cuenta que la persona que ocupa cualquier función la pueda desempeñar bien. Un límite de edad es una pérdida para estas instituciones, porque estas personas de avanzada edad aportan experiencia".

Para Pablo Simón, politólogo de la Carlos III de Madrid, los 84 años de Romay son "irrelevantes", porque la institución en sí es "irrelevante", ya que "carece de valor político". "No es el Tribunal Constitucional, no son las Cámaras, no es el Gobierno. El Consejo puede permitirse que esté él. Todo lo que huele a alcanfor tiene a octogenarios al frente. Es un poco homenaje póstumo. El Consejo no deja de ser un micro-Senado, otro lugar de retiro dorado del que nadie ha planteado ninguna reforma en serio porque la gente no sabe ni que existe".

La opinión de Simón es muy parecida a la de Juan Rodríguez Teruel, profesor de Ciencia Política de la Universitat de València. "¿Qué pinta en una institución alguien de mucha edad y con sus facultades algo mermadas? Quizá es que la institución en sí no tiene peso, porque el Consejo no tiene poder de veto, ni influye en la vida política. Es un órgano legitimador. Cuando Zapatero acude a él en 2005 para que emita un informe sobre la reforma constitucional es para que le proporcione una opinión legitimada institucionalmente, pero no sirvió para nada más. El ejemplo de Romay indica que tiene un papel político muy irrelevante, más allá de que los constitucionalistas otorguen importancia a la tradición. Es un órgano que nos retrotrae a épocas anteriores, en el que se prima la experiencia, la 'expertise', pero más allá de las atribuciones constitucionales, en las democracias contemporáneas y en tiempos de la nueva política tiene poco sentido".

Opinión

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"La 'expertise' no es un valor abstracto en sí mismo —converge Máriam Martínez-Bascuñán, politóloga de la Universidad Autónoma de Madrid—, está condicionada también por la edad y por el género. Hay intereses que se ven mejor representados si se incorporan voces más jóvenes".

Martínez-Bascuñán: "La 'expertise' está también condicionada por la edad y el género. Hay intereses mejor representados si se incorporan jóvenes"

Freixes o Gómez recuerdan que no estamos hablando de órganos ejecutivos, sino puramente deliberativos, y por tanto tiene todo el sentido del mundo que se sienten en el Consejo personas mayores, con larga y fértil trayectoria pública, como ocurre con otras instituciones similares fuera de España. "No es descabellado y que estén es bueno. Sus informes son además técnicamente de buena calidad, y por eso son apreciados", valora Freixes, que pone otro ejemplo: los miembros del Tribunal Supremo de EEUU, que son cargos vitalicios, lo que garantiza una mayor independencia frente a las presiones.

"Conozco jueces muy mayores que tienen una lucidez mayor que la de algunos magistrados de 40 años —señala Gómez—, pero que han podido perder facultades de comunicación o de movimiento. En el Consejo sus miembros saben, por su dilatada experiencia, cómo hay que orientar el dictamen que haya que hacer, aunque luego los letrados les den cuerpo a las resoluciones. El informe que hizo de la reforma constitucional en 2006 tiene mucha enjundia, y en muchas ocasiones las puntualizaciones que reflejan en sus dictámenes son recogidas por el Gobierno. Es un órgano mucho menos famoso que el TC, pero está bastante profesionalizado, no tan político. Y sus textos sí tienen prestigio para nosotros, aunque no los conozcan tanto los ciudadanos de a pie. Es necesaria una institución de carácter técnico que depura las normas".

Simón, sin embargo, recuerda el escaso impacto de sus resoluciones, porque no son vinculantes, aunque algunas sean preceptivas, ya que "luego el Gobierno tiene la última palabra". Rodríguez Teruel reconoce que en las instituciones relevantes, el carácter vitalicio de un cargo puede constituir "un elemento de cierta autonomía de criterio". "Pero por otro lado esos cargos pueden ser influenciables por el contexto. No acabo de ver la necesidad en un órgano consultivo con peso político escaso. El carácter vitalicio está vinculado a la 'seniority', y tendría más sentido preservar esa autonomía en los magistrados del TC, claro que si estos fueran elegidos de por vida, habría una batalla campal aún mayor entre los partidos por ocuparlo".

El politólogo de Valencia cree que en una época como la actual, en la que los ciudadanos cada vez demandan mayor "capacidad de adaptación y adecuación continua", y en la que demandan políticos más jóvenes, tiene "muchas dudas" de la conveniencia de que haya representantes octogenarios en las instituciones, "más allá del reconocimiento público que se debe a individuos que han prestado grandes servicios al Estado, como expresidentes del Gobierno o los padres de la Constitución". Rodríguez Teruel, autor de 'Los ministros en la España democrática. Reclutamiento político y carrera ministerial de Suárez a Zapatero (1976-2010', advierte de que en estos tiempos la necesidad de emitir "la imagen de buena salud es fundamental para sobrevivir al juego político y mediático", y el ejemplo más reciente es Donald Trump, al que se cuestiona su estabilidad mental.

Un elemento "de moderación"

La edad también introduce un elemento de "moderación", de "corrección" del sistema. Más antes, cuando el Consejo tenía mayor influencia y capacidad de freno, que ahora. Martínez-Bascuñán aporta otra reflexión: "No se pueden ocupar eternamente puestos de poder y parte del retraso y del descontento que vivimos tiene que ver con esa dificultad para la renovación generacional. Está bien partir del reconocimiento, pero creo que eso no debería ser incompatible con hacer más ágil la circulación de posiciones de poder y políticas. No es solo una cuestión generacional, sino de género. Cualquier renovación se conecta con la democracia porque implica introducir perspectivas nuevas y voces en la agenda política que a veces por ocupar posiciones eternamente se dejan de ver".

El rey Juan Carlos abdicó con 76 años, pero en su caso influyó, además del desgaste física, el caso Nóos, que minó su autoridad moral

Rodríguez Teruel sí ve cierta ventaja a que se habiliten "espacios de retirada" para viejas glorias de los partidos, porque si estos exdirigentes tienen "cierta salida o seguridad material, la corrupción disminuye". "En cambio, si la salida del juego político te aparta por completo, eres más propenso a la cleptocracia". ¿Es un incentivo el sueldo? Freixes o Rodríguez Teruel no lo creen, aunque "a nadie le amargue un dulce", y además son pocos con retribución fija (el presidente y los ocho permanentes)

¿Cabe hacer comparaciones con el caso del Rey emérito? Los expertos creen que no, porque don Juan Carlos abdicó por las complicaciones del caso Nóos y también por sus problemas físicos, recuerda Gómez, que avisa de que hay que analizar siempre "caso a caso". "Si el monarca hubiera mantenido intacta su autoridad moral —opina Rodríguez Teruel—, no habría sido un obstáculo su edad, porque en el fondo, como ocurre con el Consejo, son instituciones irrelevantes para el día a día político".

El caso de Romay no es único. Un diputado socialista con mucha carrera política detrás recuerda que "ha habido consejeros de Estado con cerca de 100 años, otros en cambio con poco más de 60". "Pero esto no tiene nada que ver con la regeneración democrática", añade, "siempre son gente con experiencia, juristas acreditados que conviven con gobiernos de todo tipo. Su función es asesorar al Ejecutivo compartiendo o corrigiendo los dictámenes preparados por los letrados. Siempre se les reconoce la 'auctoritas' de sus pronunciamientos. El problema no es la edad, sino la persona de la que se trate. Rubio Llorente, por ejemplo, podía. El Consejo es de los pocos órganos del Estado por encima de toda crítica y respetado por todo el mundo".

"Siempre se les reconoce la 'auctoritas' de sus pronunciamientos. El problema no es la edad, sino la persona. Rubio podía", asegura un socialista

El vetusto órgano consultivo seguirá su camino sin despertar demasiada atención. Quizá algo más en los próximos días si el Gobierno recurre al TC para impedir la investidura telemática de Carles Puigdemont, porque necesita su dictamen previo. Pero luego volverá a caer en un cierto olvido. Como casi siempre.