Un Juzgado abre diligencias por la denuncia de Granados contra 6 agentes de la UCO

Un Juzgado de Madrid ha abierto diligencias de investigación a raíz de la denuncia cursada por el exconsejero madrileño Francisco Granados contra seis agentes de la UCO por no investigar a David Marjaliza por un presunto delito de drogas que se deducía de las escuchas telefónicas del caso Púnica. Durante el primer juicio contra el excargo madrileño en la Audiencia Nacional los miembros de la Guardia Civil admitieron que existían indicios que vinculaban al empresario y entonces amigo de Granados con actividades vinculadas con el tráfico de estupefacientes pero no siguieron esa línea de investigación.

Según el auto de admisión a trámite, al que ha tenido acceso El Confidencial, el juez del 29 de Madrid incoa diligencias por una presunta "omisión del deber de perseguir delitos" y pide informe a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si procede la admisión a trámite. En su denuncia, la defensa de Granados aseguraba que "todos los miembros de la UCO que declararon (en la vista oral) y participaron en la intervención y transcripción de las conversaciones, admitieron que por falta de medios no se investigó la relación del Sr. Marjaliza con traficantes, al considerar que era más importante investigar su implicación en la trama de corrupción".

El abogado de Granados, José Javier Vasallo, cursó una segunda denuncia contra el propio Marjaliza, al concluir que de aquellos pinchazos se extraen indicios de que éste mantenía contactos con al menos dos personas con las que negociaba la compraventa de sustancias estupefacientes. En las conversaciones, los interlocutores empleaban un lenguaje en clave y se referían a entregas de dinero de ida y vuelta, bajo la cobertura falsa de supuestos 'vehículos'. Según las charlas, Marjaliza entregó en una de las ocasiones 30.000 euros y le devolvieron 55.000, un sistema que según el criterio de Granados encubre el lavado de fondos negros.

El escrito apunta que se han podido consumar presuntos delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y otros, "conforme se declaró por los agentes participantes" que así lo admitieron durante el mencionado juicio -sobre el presunto chivatazo del guardia civil Talamino- en el que ha sido condenado a dos años de prisión.

En cuanto a los agentes denunciados el exconsejero explicaba que "por razones desconocidas" no adoptaron investigación alguna por estos hechos, que no se persiguen ni por parte de la Audiencia Nacional ni por ningún otro órgano judicial. Denunciaba, además, que Marjaliza, cuya colaboración con el Ministerio Público y el testimonio ofrecido al juez instructor constituyen el núcleo de la acusación, "ha gozado hasta la fecha una posición de privilegios y beneficios no amparados en norma penal o procesal alguna". El hecho de no denunciar los indicios sospechosos es, para Granados, un presunto delito de omisión del deber de perseguir el ilícito.