Prostíbulos, 'cash' y "la muerte de Manolete": el exjefe policial de Coslada, ante el juez

Ginés Jiménez, quien fuera jefe de la Policía Local de Coslada, tenía ganas de comparecer ante el tribunal. Tras 10 años como investigado en el marco del conocido como caso Bloque, quería explicarse y responder a todas las preguntas de quien estuviera dispuesto a hacerlas. Y así lo ha hecho. El ex responsable policial ha contestado la mañana de este miércoles durante la tercera sesión del juicio que se celebra desde el pasado lunes en la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid a todas las cuestiones planteadas por la Fiscalía y por la acusación particular, ejercida por el ayuntamiento de la localidad madrileña, cuyo interrogatorio se ha extendido mucho más que el del ministerio público.

Jiménez se ha mostrado tranquilo y campechano, dando incluso más explicaciones de las requeridas, hasta el punto de que el presidente del tribunal ha tenido que cortarle en varias ocasiones para mostrarle que era suficiente con lo que ya había dicho. Ha asegurado que él tenía dinero guardado en la caja fuerte de su casa porque era la "filosofía" de su familia, tener siempre metálico a mano e ingresar lo mínimo en la cuenta corriente para asumir los gastos habituales que se cobraban por el banco, como la luz, el agua, la comunidad, etc.

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El exjefe de la Policía Local ha afirmado que llegó a tener 80.000 euros en efectivo en su casa durante la época en la que aún no estaba claro que se quedara en Coslada, ya que estaba pendiente de irse a una plaza en Andalucía o en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, una vez que el alcalde le pidió que se quedara en la localidad madrileña, Jiménez y su familia decidieron "reforzar" la cuenta corriente, dar la entrada para un piso y estabilizarse en la ciudad. Jiménez ha admitido que ganaba un sueldo mensual de casi 5.000 euros más los extras, y que eso, unido a otros ingresos, le permitía llevar una vida desahogada y ahorrar. "Lo considero bastante normal", ha respondido cuando la Fiscalía le ha preguntado qué le parecía acumular tales cantidades de efectivo en casa. "Mi primer coche, un Renault 14, lo pagué en metálico; fueron 54.000 pesetas", ha agregado.

El acusado ha negado todos los cargos que se le imputan, que la Fiscalía concreta en su escrito de acusación en pertenencia a trama organizada, ilícitos relativos a prostitución, a la omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, extorsión, amenazas, blanqueo de capitales y depósito y tenencia ilícita de armas. Sin embargo, el papel del ministerio público no parece ser el más firme. Durante su turno, el fiscal Antonio Gil García ha evitado preguntar por las supuestas amenazas que el procesado hacía a los dueños de los locales de hostelería del pueblo (algunos de ellos prostíbulos), por las licencias de armas o por el mencionado asunto de la prostitución.

Gil García —que el primer día de juicio incluso llegó a dudar de si habían prescrito algunos delitos o de si realmente otros hechos eran materia penal— se ha centrado en formular preguntas sobre el origen del dinero que el ex responsable policial tenía almacenado en casa. Jiménez ha explicado que los 23.000 euros que los agentes de la Policía Nacional encontraron en su domicilio iban a servir para comprar un Renault Mégane de kilómetro cero que el acusado ya tenía apalabrado con el dueño del concesionario.

También ha detallado que recibía periódicamente ingresos en metálico de sus hermanos, que tenían un negocio que les había puesto su padre y que le remitían cada año dinero procedente de sus ganancias; que sus suegros también les dieron 8.000 euros, y que en 2007 su hijo les devolvió un préstamo de 30.000 euros que sus padres le habían entregado antes para comprarse un piso. Ha explicado también que puso la vivienda a nombre de su mujer —extremo que los investigadores veían sospechoso— por seguridad, dado que poco antes la Guardia Civil le había advertido de que su nombre y su foto aparecieron en un piso franco del Grapo y que el instituto armado le recomendó incrementar las medidas de autoprotección. "Por eso me empadroné en dependencias policiales y puse el piso a nombre de ella", ha subrayado.

Sobre los más de 100.000 euros que recibió su hijo de un empresario —que la Policía Nacional atribuía al pago de una extorsión—, Jiménez ha especificado que es un préstamo que el industrial, amigo de la familia de toda la vida, le da para que este se compre su casa. Además, ha añadido, el préstamo lo concede después de que su hijo le presente a gente que luego le compra al empresario más de un centenar de vehículos. "Había tal relación de amistad que tenía el dinero, estaba desahogado y se lo dejó", ha dicho el ex responsable policial, que ha indicado que su familia nunca ha sido "ostentosa" ni en tema "de ropa, ni de coches ni de nada".

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El interrogatorio de la acusación particular, por su parte, se ha centrado en la supuesta extorsión que Jiménez hacía a los propietarios de los locales, que el exjefe de la Policía Local ha negado reiterada y rotundamente durante su declaración. Ha asegurado conocer a gran parte de los dueños de los establecimientos hosteleros por los que le preguntaba el representante de la acusación particular, pero ha rechazado haber enviado coches patrulla a los bares para amedrentarlos. Ha explicado que había algunos locales situados en una zona "conflictiva", donde había reyertas y los vecinos se quejaban mucho, y que ahí acudían en ocasiones agentes del cuerpo, pero que en ningún caso iban por orden expresa suya, sino en cumplimiento de su trabajo.

"Las inspecciones que se han hecho ahí han sido a requerimiento de los ciudadanos y por falta de documentación del establecimiento", ha dicho en referencia a un local denominado La Caleta. "Los protocolos dicen que, cuando un local se abre por primera vez, se puede actuar de oficio, lo puede hacer directamente Urbanismo o puede hacerse por requerimiento de los vecinos; a este sitio fue una patrulla a pedir documentación, fue una actuación de lo más rutinario", ha descrito tras ser interrogado por otro pub que pretendía hacer una fiesta de inauguración. "Le dijimos, como muestra de buena voluntad, que la hiciera a puerta cerrada y que fuera al día siguiente al ayuntamiento a regularizar la situación; así lo hizo, pero no habló con la persona y por eso le indicamos luego que hablara con los responsables de las licencias", ha añadido.

Jiménez ha admitido que en ocasiones venían empresarios a las dependencias policiales, pero que lo hacían porque se les había abierto expediente el día anterior por falta de licencia y que acudían para interesarse por la forma de obtener el permiso. Ha dicho que los agentes les indicaban que debían acudir a Urbanismo, en la cuarta planta, para solicitar la licencia. Ha negado en todo momento haber recibido puros u otros regalos de estos empresarios. "Todos los que han ido lo han hecho para solucionar problemas administrativos que tenían, nos preguntaban qué tenían que hacer, les indicábamos donde resolverlo y ya está", ha explicado el ex responsable policial. "Yo no era un jefe estirado; si el ciudadano quería verme y yo estaba, pues lo hacía", ha añadido Jiménez, que ha afirmado que "las inspecciones siempre fueron las necesarias".

El exjefe del cuerpo ha arremetido contra los investigadores de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional que se encargaron de las pesquisas contra él y el resto de agentes de la corporación local. De hecho, cuando el abogado del consistorio le ha preguntado por las cajas de 'cohibas' que la Policía Nacional asegura que le entregó un empresario, el acusado ha respondido con rotundidad contra los investigadores. "Eso es cosa de los instructores policiales de la Udyco", ha subrayado.

Les prometieron que si hablaban mal de Ginés, saldrían en libertad; si les hubieran pedido que dijeran que yo maté a Manolete, lo habrían dicho

No en vano, Jiménez ha acusado a estos policías de ser ellos los que realmente extorsionaron a los dueños de los establecimientos durante los interrogatorios. Ha asegurado que estos pretendían sacar testificales incriminatorias como fuera. "Los inspectores de la Udyco les dijeron que si hablaban mal de Ginés, saldrían en libertad; si les hubieran pedido que dijeran que yo maté a Manolete, lo habrían dicho", ha concluido Jiménez, que este jueves seguirá declarando en el marco del mismo procedimiento, que hace 10 años llenó ríos de tinta en los periódicos y horas y horas en los telediarios.

En concreto, en 2008 estalló el denominado caso Bloque o caso Coslada. Los agentes de la Udyco se personaron en las instalaciones de la Policía Local y del Ayuntamiento de Coslada y lograron que el Juzgado número 21 de Madrid, que dirigió la instrucción, imputara inicialmente a 26 personas. La investigación ha ido de más a menos y tanto el número de investigados como los delitos que se atribuyen han ido reduciéndose conforme avanzaba el procedimiento. Hoy —10 años y 10 jueces instructores después— se han sentado en el banquillo apenas una decena de policías y familiares.