cuestión presentada por un candidato al TS

Un recurso ante Europa amenaza con tumbar la Lezo... y salvar a González

Afectaría de forma directa a causas que están permitiendo esclarecer importantes casos de corrupción, tráfico de drogas, pedofilia e incluso terrorismo

Foto: Ignacio González, en la Audiencia Nacional.
Ignacio González, en la Audiencia Nacional.

Una cuestión prejudicial planteada en el TJUE contra la reforma de la ley que amplió en 2015 las medidas de investigación tecnológica pone en riesgo muchas investigaciones abiertas desde entonces, entre ellas la trama Lezo. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas y policiales, la estimación por parte de Europa de este recurso afectaría de forma directa a causas que están permitiendo esclarecer importantes casos de corrupción, tráfico de drogas, pedofilia e incluso terrorismo.

Si la cuestión se admite en los términos planteados, supondría la vuelta al sistema anterior, una norma obsoleta que no regulaba por ejemplo la colocación de micrófonos ambientales como los que permitieron, con autorización del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, intervenir las conversaciones de Ignacio González en su despacho y otros lugares. Esta prueba, clave para la instrucción, desencadenó la puesta en marcha del operativo que acabó en la desarticulación de la trama que presuntamente dirigía.

La Lezo es solo un ejemplo. Las novedades en la Ley de Enjuiciamiento Criminal se han utilizado desde entonces en otros conocidos casos. El móvil de Diana Quer pudo abrirse para acceder a su contenido gracias a esta regulación, que ha permitido también impulsar investigaciones en redes sociales por abuso a menores. La norma ha proporcionado a las Fuerzas de Seguridad del Estado una herramienta muy valiosa para el avance en casos sensibles, por lo que el riesgo de que se anule ha caído como un jarro de agua fría en las filas de la Policía y la Guardia Civil. "Si la ley se anula, apaga y vámonos", explica uno de los consultado a El Confidencial. Fuentes de Interior ven con preocupación el riesgo de anulación que tiraría por tierra —dicen— importantes casos impulsados en los últimos tres años.

Otra muestra del uso de la reforma legal es la investigación sobre la valenciana de 28 años desaparecida en Perú. La Policía Nacional ha reclamado a la peruana que agilice los trámites para rastrear el posicionamiento del móvil de Nathaly. El rastreo de las IPS de los terminales portátiles es muy habitual en este tipo de casos y está recogido en la norma.

El recurso fue planteado por la Audiencia de Tarragona a cargo del magistrado Javier Hernández, ahora candidato a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo Penal. El juez la impulsó a raíz de un robo con violencia de un móvil cuyo propietario acabó con cuatro costillas rotas y puntos de sutura. La policía solicitó datos relacionados con el terminal telefónico conforme a la nueva norma y esto acabó motivando que la Audiencia de Tarragona planteara al TJUE si la reforma respeta el principio de proporcionalidad de acuerdo a la normativa europea, es decir, si puede permitirse reclamar datos privados que afectan a los derechos fundamentales del investigado para un delito de este tipo.

"La cuestión prejudicial planteada es abiertamente contraria al informe que el Consejo General del Poder Judicial aprobó relativo al anteproyecto remitido por el ministerio", avisa una de las fuentes consultadas. En aquel dictamen, el órgano de gobierno de los jueces elogió la iniciativa precisamente porque introducía un régimen completo respecto a este tipo de medidas que suponen una injerencia en derechos contemplados en la Constitución y, en concreto, en su artículo 18.

Inseguridad jurídica

"Si se estima la cuestión planteada, volveríamos a la inseguridad jurídica, en definitiva se sustituye la cobertura legal basada en parámetros objetivos por el criterio que fije el juez 'ad hoc", indica otro de los consultados por El Confidencial. Según explica la propia cuestión prejudicial planteada, la reforma de la Lecrim introduce un doble criterio para valorar el grado de gravedad de un delito a la hora de acordar las nuevas medidas tecnológicas. Por un lado, establece que puede aplicarse para delitos castigados con un mínimo de tres años y, por otro, se refiere a los delitos cometidos por organizaciones criminales, terrorismo o los cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología.

"De manera alguna puede prevalecer el interés estatal de protección y de castigo de conductas infractoras si para ello se lesionan injustificada o desproporcionadamente los derechos fundamentales", dice el magistrado Hernández. La norma puede, a su entender, poner en entredicho derechos y libertades fundamentales y configurativas del espacio de ciudadanía garantizado por la Carta Magna.

Javier Hernández forma parte de la terna de cinco magistrados seleccionados por el Consejo General del Poder Judicial para acceder a la plaza vacante por jubilación en la Sala Penal del Supremo. Junto a él han pasado a la recta final la jueza Susana Polo, los magistrados de la Audiencia Nacional Ángel Hurtado y Manuela Fernández, Juan José López Ortega y Vicente Magro.

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