se celebrará en abril en la audiencia Nacional

Rubén Múgica, hijo del abogado asesinado por ETA, representará a Covite en Alsasua

Rubén Múgica, que ejerce de abogado en el despacho que ocupaba su padre Fernando Múgica, se estrenará como representante legal del colectivo de víctimas en un juicio por "delito de terrorismo"

Foto: Rubén Múgica, junto a Consuelo Ordóñez, en una protesta de Covite en San Sebastián con motivo de la denominada Conferencia de la Paz en 2011. (EFE)
Rubén Múgica, junto a Consuelo Ordóñez, en una protesta de Covite en San Sebastián con motivo de la denominada Conferencia de la Paz en 2011. (EFE)

Rubén Múgica juega un relevante rol dentro del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), del que es una voz autorizada como miembro de la junta directiva, pero apenas ha puesto sus dotes profesionales al servicio de la asociación. Como abogado, tan solo en una ocasión ha representado de forma legal a la entidad presidida por Consuelo Ordóñez. Fue con motivo de la denuncia interpuesta contra Pilar Urbano por incluir a Covite en el listado de “grupos de violencia política, terrorismo de extrema derecha neofascista y terrorismo de Estado” junto a los GAL, el Batallón Vasco Español o la Triple A en su libro ‘La gran desmemoria. Lo que Suárez olvidó y el Rey prefiere no recordar’. Y ganó el caso. La periodista y la Editorial Planeta, que en su defensa aludieron a un “error involuntario carente de intencionalidad”, fueron condenados en 2015 a indemnizar con 10.000 euros a la asociación por “intromisión ilegítima en el derecho al honor”.

Ahora espera volver a triunfar con su segunda representación para Covite: será el abogado de la asociación en el juicio que se seguirá en abril en la Audiencia Nacional contra los agresores de los dos guardias civiles y sus respectivas parejas en Alsasua el 15 de octubre de 2016. El reto al que se enfrenta es demostrar que los hechos corresponden a un delito de terrorismo frente a la tesis de la 'trifulca de bar' que defienden los ocho jóvenes imputados (a una novena persona se le levantó el procesamiento), que cuentan con el apoyo de las instituciones nacionalistas de Navarra y el País Vasco. La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita 50 años de cárcel para seis de los encausados por cuatro delitos de lesiones terroristas (12,5 por cada uno), 62,5 para otro al añadir el delito de amenazas terroristas y 12,5 para un último procesado por amenazas de carácter terrorista.

Covite, que participa como acción popular en el proceso, ha decidido designar a Múgica por su experiencia en casos de terrorismo en la Audiencia Nacional y por la “complejidad” y “relevancia” del proceso. Se juzgan unos hechos que, para el colectivo de víctimas, trascienden las fronteras locales de Alsasua, ya que constituyen la prueba más concluyente de que “las actitudes de fanatismo y odio” siguen muy vigentes en la sociedad vasca y navarra después del fin de la actividad armada decretada por ETA en 2011. Como asociación de víctimas, Covite tiene derecho por ley a asistencia jurídica gratuita, de la que se ha valido en innumerables ocasiones, caso de las denuncias por recibimientos a expresos de ETA a su salida de la cárcel, pero en esta ocasión “no ha habido dudas” para recurrir a Múgica de cara a la representación legal en el juicio que se celebrará del 17 al 27 de abril. A su experiencia como abogado penalista se añade además su “compromiso” con la asociación. “Para nosotros es una garantía”, resalta Ordóñez.

El juicio de Alsasua tiene un "especial significado" para el abogado: representará a Covite "como hijo de Fernando Múgica, un asesinado por ETA”

Para Múgica, este encargo, aprobado por la junta de la entidad justo antes de las pasadas navidades, tiene un “especial significado” por su condición de víctima del terrorismo desde que en 1996 ETA asesinara a su padre, el histórico dirigente socialista Fernando Múgica. Se podría decir que el caso de Alsasua representa para él una doble motivación: la profesional y la personal. De loo que no cabe duda es de que afronta el juicio “como hijo de Fernando Múgica, un asesinado por ETA”, tal y como hace constar de forma expresa. “Es un privilegio representar a Covite y más en este caso”, sostiene quien ejerce de abogado en el mismo despacho de San Sebastián que ocupó su progenitor, y en el que apenas se han introducido cambios físicos.

Para el que será su estreno como defensor legal de Covite en un juicio por “delito de terrorismo [no “tiene dudas” de la calificación de los hechos]”, Múgica se acaba de adentrar en el voluminoso sumario, si bien el caso no le es extraño en términos jurídicos. Oficialmente, hasta ahora no ha intervenido, pero sí ha participado en el estudio jurídico de los hechos y la redacción de la denuncia [confeccionada e impulsada por Pilar Osorio (Jefa del Gabinete Jurídico de Covite hasta diciembre de 2017)] presentada por el colectivo de víctimas por delitos de terrorismo y odio. Lo sucedido, según avanza la línea argumental que seguirá durante el juicio, fue algo “organizado” y de una “extraordinaria gravedad” que no se puede catalogar como pelea de bar o altercado de madrugada. “Fue sencillamente espeluznante. Una turba de vecinos organizando una marea popular para apalear a dos agentes y sus parejas”, sostiene para rechazar el posicionamiento de las principales instituciones navarras, que han salido en numerosas ocasiones en defensa de los encausados con declaraciones institucionales que denuncian las “desproporcionadas” penas que se reclaman y para exigir que la competencia para juzgar la agresión se devuelva al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona sin la calificación de terrorismo.

"Fue sencillamente espeluznante, una turba de vecinos organizando una marea popular para apalear a dos agentes y sus parejas", sostiene

La magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela y la Fiscalía coinciden en que la agresión formó parte de la estrategia que llevó a cabo ETA para impulsar el rechazo hacia las Fuerzas de Seguridad del Estado y su expulsión de Navarra y el País Vasco a través de la campaña ‘Alde Hemendik' (Fuera de aquí). Según el relato recogido en varios autos por la jueza —la misma que envió a prisión a Oriol Junqueras y otros 'exconsellers' del Govern por su implicación en el proceso que derivó en la declaración unilateral de independencia en el Parlament—, varios jóvenes increparon a los dos guardias civiles en el interior del bar Koxka de Alsasua, donde los agentes, un teniente y un sargento, se encontraban de paisano y fuera de servicio junto a sus parejas coincidiendo con las ferias de otoño de la localidad.

Los cuatro tuvieron que abandonar el local y ya en la calle fueron agredidos por un grupo de entre 20 y 25 personas que acudió al lugar entre insultos y amenazas con expresiones como “tenéis lo que os merecéis”, “esto os pasa por venir aquí”, “hijos de puta”, “perros”, “putos pikoletos” o “alde hemendik”. A consecuencia de la paliza, el teniente tuvo que ser operado de rotura de tobillo y permaneció más de medio año de baja. Tras la actuación judicial, los agentes y sus parejas han tenido que abandonar el municipio ante el acoso al que estaban siendo sometidos.

Han pasado 15 meses desde la agresión y la presión contra la Guardia Civil sigue siendo muy elevada, con pancartas y pintadas en su contra. “Si me pregunta por una valoración más política que jurídica —toma la palabra Múgica indignado—, diré que, mientras el común de los españoles agradece a las FSE su labor en la salvaguarda de la convivencia, hay pueblos del País Vasco y Navarra que reivindican el derecho a apalear impunemente a la Policía Nacional y la Guardia Civil, y además reclaman que nadie les diga nada como si fuera un derecho natural o adquirido”. Y ante la postura de instituciones navarras y vascas y de partidos como PNV, EH Bildu y Podemos, que niegan la calificación de terrorismo en la agresión, replica que el Tribunal Supremo ha visto indicios de un delito de terrorismo al dejar en la Audiencia Nacional la competencia para juzgar los hechos. “Durante 40 años de adoctrinamiento y persecución ideológica y política, el nacionalismo vasco siempre ha salido en tromba en defensa de los agresores”, censura Múgica, quien critica que “esos mismos que han mostrado tanto apoyo a los agresores de Alsasua no han mostrado ningún apoyo a los dos guardias civiles y sus parejas”. “A ver cuándo muestran un mínimo apoyo a los apaleados”, señala.

En delitos de terrorismo juzgados en la Audiencia Nacional, Múgica ha ejercido la representación de la acusación particular en los asesinatos del jefe de la Policía Local de Andoain Joseba Pagazaurtundua, el inspector de policía Antonio Recio o el ‘ertzaina’ Iñaki Totorika. En la actualidad está metido en la reapertura de los sumarios de los asesinatos de su padre y del concejal del PP y teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez, que en estos momentos se encuentran en fase de instrucción.

—¿Cómo van estos dos sumarios?

—Lento [se resigna]. Lento, pero va [se consuela].

Covite ha escrito a Juncker para "desmontar las falsedades" de la izquierda ‘abertzale’ en el caso de Alsasua con el apoyo de instituciones y partidos

Múgica es consciente de que los ocho imputados, de los que tres (Jokin Unamundo, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz) permanecen en prisión provisional ante el riesgo de que vuelvan a cometer otros ataques o hechos delictivos por su “especial liderazgo y protagonismo”, no van a responder a sus preguntas. Ante la más que segura ausencia de palabras, Covite busca el pronunciamiento del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, a quien ha remitido una carta para “desmontar las falsedades” orquestadas por la izquierda ‘abertzale’. Con esta misiva, pretende frenar la “manipulación” que los radicales están haciendo de lo ocurrido en Alsasua con el apoyo de partidos e instituciones tras el escrito del vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, de que Europa actuará como “guardiana de los tratados” en este caso en respuesta a eurodiputados del PNV, EH Bildu, Podemos e IU. En el escrito, remitido a Juncker en noviembre, sostiene que la pena solicitada para los acusados —375 años en total— “no tiene relación con una supuesta trasposición errónea de la definición del delito de terrorismo ni con una normativa que prevea penas desproporcionadas”, ya que “de no apreciarse delito terrorista y ser enjuiciados en tribunales locales [en este caso, la Audiencia Provincial de Navarra], la pena que se solicitaría sería similar” a la que se solicita en la Audiencia Nacional (por atentado a agentes de la autoridad, lesiones no terroristas, amenazas condicionales a colectivos en conexidad con delito de odio/agravantes por discriminación ideológica).

España

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
1comentario
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios