Los jueces condenaron a las concesionarias en otros colapsos... y Fomento las exculpó

Si usted viajaba en alguno de los tres millares de vehículos que quedaron atrapados en la AP-6 y considera que debe ser indemnizado, una de sus mejores opciones es buscar un abogado y prepararse para un largo proceso judicial. Al menos eso es lo que se desprende de los dos últimos colapsos producidos por la nieve en autopistas de peaje: la AP-1 en Burgos (febrero de 2004) y la AP-66 en León-Asturias (diciembre de 2008). En ambos, los tribunales dieron la razón a los conductores afectados, mientras los expedientes abiertos por el Ministerio de Fomento —el ministro Íñigo de la Serna anunció ayer la apertura de otro contra Iberpistas (Abertis) por el caos de la AP-6— exculparon a las empresas concesionarias y quedaron en papel mojado.

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Agencias

El perdón a las concesionarias de las autopistas de peaje por problemas en la circulación ha sido el resultado final de todos los expediente abiertos desde 2005 por Fomento contra ellas. En contestación a una solicitud de información presentada por el diario asturiano ‘El Comercio’ a través de la Ley de Transparencia, la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje aseguró no haber multado nunca en este periodo a las concesionarias pese a la apertura de varios expedientes contra ellas. Además de las investigaciones abiertas por los colapsos causados por las copiosas nevadas, Fomento también abrió dos expedientes en 2012 y 2014 contra la concesionaria de la gallega AP-9 por atascos y demoras en los puestos de peaje.

El perdón a las concesionarias de las autopistas de peaje ha sido el resultado final de todos los expediente abiertos desde 2005 por Fomento

Las situaciones vividas en los tres colapsos de autopistas de peaje por la nieve son prácticamente idénticas: cierre de las vías de pago que provoca que cientos de vehículos queden atrapados durante la noche, circulación con cadenas en las carreteras nacionales paralelas e intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado e incluso de militares para liberar a los afectados de las autopistas de peaje. Y a la espera de lo que ocurra con el expediente abierto ayer por Fomento a la filial de Abertis, los fallos administrativos y judiciales también son coincidentes.

Burgos 2004: 150 euros para cada afectado

En la noche del 27 al 28 de febrero de 2004, cientos de vehículos quedaron atrapados en la AP-1, gestionada por Europistas, como consecuencia de la nieve. A esta cifra hay que sumar las más de 5.000 personas que pasaron la noche en centros temporales (polideportivos, albergues, escuelas) de Miranda de Ebro, Briviesca y Pancorbo.

Al día siguiente de los hechos, el Ministerio de Fomento, liderado en aquel entonces por Francisco Álvarez Cascos, anunció la apertura de un expediente a la empresa concesionaria “para determinar posibles responsabilidades o negligencias”. Varias semanas más tarde, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) presentó una demanda judicial colectiva contra Europistas.

El caso Ausbanc desveló un acuerdo extrajudicial entre Ausbanc y Europistas en perjuicio de los cientos de usuarios atrapados

Los resultados de ambos procesos fueron totalmente diferentes. Mientras el expediente de Fomento concluyó sin sanción alguna, la demanda presentada por Ausbanc llegó hasta el Tribunal Supremo. En 2010 condenó a Europistas a pagar 150 euros a cada afectado por daños morales, al considerar que hubo negligencia, indemnización que se circunscribía a los conductores que se encontraban en la AP-1 hasta tres horas antes del cierre oficial de la autopista. El caso Ausbanc, por el que su presidente, Luis Pineda, se encuentra imputado y en prisión provisional, desveló un acuerdo extrajudicial entre Ausbanc y Europistas en perjuicio de los cientos de usuarios atrapados, según publicó El Confidencial.

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En su fallo, el alto tribunal confirmó que la concesionaria no informó adecuadamente a los conductores, ni utilizó “toda la maquinaria y advertencias luminosas en un tiempo razonable” ni reforzó el tramo donde se produjo el atasco. Además, la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos refrendada por el Tribunal Supremo subrayó que “siendo la nieve un fenómeno inevitable aunque previsible, se impone a la entidad concesionaria la obligación de adoptar las máximas medidas precautorias para evitar, o al menos atenuar, los riesgos de la circulación en tales circunstancias, mediante la advertencia de la existencia de nieve, la utilización de vehículos quitanieves y sustancias fundentes, así como la información sobre posibles accidentes o incidencias derivadas de ella que afecten a la normalidad en la vía, incluso, en casos extremos, acudiendo a la medida del cierre de la autopista”.

León-Asturias 2008: 900 euros para una pareja

El domingo 14 de diciembre de 2008 a las seis de la tarde, la autopista de peaje AP-66 que comunica Asturias con León quedó cerrada al tráfico por culpa de la nieve, atrapando durante la noche a un millar de vehículos y ocho autobuses. El colapso obligó a la intervención de la recién estrenada Unidad Militar de Emergencias (UME). La circulación no se restablecería hasta 21 horas más tarde. Mientras, en la carretera nacional, los turismos que tuvieran cadenas sí podían atravesar la Cordillera Cantábrica a través del puerto de Pajares.

Además de la apertura del expediente administrativo de rigor por parte del Ministerio de Fomento, el caos ocurrido en la autopista gestionada por Aucalsa motivó que Ausbanc y la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) llevaran a la empresa concesionaria a los tribunales en nombre de 90 afectados.

La primera sentencia favorable a los conductores llegaría un año más tarde. Los tribunales condenaron a Aucalsa a pagar 900 euros —6,45 euros por el peaje, 50 euros por la noche de hotel y el resto en concepto de daños morales— a una pareja que quedó atrapada seis horas en el coche. En total, la Justicia obligó a la concesionaria de la AP-66 a indemnizar a los 90 conductores afectados con casi 15.500 euros.

En cuanto al expediente administrativo, la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje lo fue demorando hasta 2015, cuando lo cerró definitivamente sin imponer multa alguna a Aucalsa. En la respuesta proporcionada a ‘El Comercio’, el organismo dependiente de Fomento consideró que “ante la situación excepcional que se produjo, no podía afirmarse que la sociedad concesionaria incumpliese gravemente sus obligaciones”. Y sentenció: “Los escasos incidentes como el ocurrido en la AP-66 han estado siempre motivados por causas imprevisibles que, aun pudiendo desbordar la capacidad de actuación, no implican necesariamente una actuación negligente”.

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