El Gobierno constata la división separatista tras hablar con Rovira, Tardà y Campuzano

Las primeras conversaciones del Gobierno con dirigentes independentistas catalanes después de las elecciones del 21-D han tenido por objeto comunicarles la fecha de constitución del nuevo parlamento autonómico, y también han servido para comprobar el grado de división entre los mismos: no se hablan entre ellos ni está clara la jerarquía interna en cada formación. Mariano Rajoy les acorta una semana los plazos para que se pongan de acuerdo y pone en Semana Santa, el Sábado de Gloria, el día límite para investir al presidente de la Generalitat. Si no lo consiguen se repetirán los comicios.

La encargada de las gestiones en nombre del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, empezó por llamar a los portavoces parlamentarios de ERC, Joan Tardà, y del PDeCAT, Carles Campuzano, para explicarles que Rajoy se había decantado por el 17 de enero. Pero tuvo que esperar a las consultas de estos con sus respectivos jefes y llamar después a la secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, para constatar que quedaban informados y que no parecía que pusieran pegas. A los demás grupos la fecha elegida les pareció bien y la vicepresidenta prefirió saltarse a la CUP.

Con el expresidente de la Generalitat huido a Bélgica y rodeado de su camarilla de incondicionales y el exvicepresidente Junqueras encarcelado en la prisión de Estremera, Sáenz de Santamaría prefirió llamar a sus conocidos de los dos partidos separatistas con escaño en el Congreso. Son los mismos que le preguntan e interpelan en la Cámara en el último año: Campuzano y Tardà. Según fuentes del Gobierno, ninguno supo qué responder a su interlocutora. Sus jefes, además de destituidos de sus cargos públicos en aplicación del artículo 155 de la Constitución, están inhabilitados en la práctica como interlocutores directos por sus problemas con la Justicia, Junqueras que está en prisión preventiva acusado de rebelión, sedición y malversación de fondos, y Puigdemont, prófugo para no responder por los mismo delitos.

El portavoz de los diputados del PDeCAT sigue las instrucciones de sus superiores 'orgánicos' de Barcelona, pero es ajeno al círculo de confianza del expresidente de la Generalitat. Además de esperar respuesta dado que sus interlocutores tenían que consultar, la vicepresidenta tuvo que llamar también a la actual secretaria general de ERC, Marta Rovira.

Saénz de Santamaría despachó con la 'mano derecha' de Junqueras como máxima autoridad de los republicanos. Rovira estaba incluso llamada a optar a la presidencia de la Generalitat si su partido hubiera ganado las elecciones, pero Puigdemont quedó por delante de ERC y ella está imputada desde la semana pasada por el Tribunal Supremo (con Artur Mas y Anna Gabriel) por el mismo delito de rebelión que sus jefes.

Los independentistas han aceptado la fecha elegida por Rajoy que acorta los plazos manejados hasta ahora para elegir un nuevo gobierno de la Generalitat. Con las competencias intervenidas, el jefe del Ejecutivo tenía 20 días hábiles desde las elecciones para convocar la sesión constitutiva de la Cámara autonómica, en concreto hasta el día 23 de enero. Como explicó el propio Rajoy, a partir del día 17 el nuevo presidente del Parlament tendrá 10 días hábiles para convocar una sesión de investidura "si hay candidato".

Lo que no detalló el jefe del Ejecutivo son los siguiente pasos. La Cámara autonómica tiene dos meses a partir del 31 de enero para elegir presidente de la Generalitat y si no lo ha conseguido al terminar el plazo el Sábado Santo (31 de marzo) habrá nueva convocatoria de elecciones.

Después de las elecciones de 2015 los independentistas ya agotaron todos los plazos hasta alcanzar el último día posible un acuerdo que supuso el sacrificio del ganador de las elecciones, Artur Mas (como pidió la CUP), para colocar como presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont.