valencia, récord de agentes denunciados

El bofetón del policía, una excepción: caen las denuncias y las sanciones contra agentes

En los últimos diez años han descendido llamativamente las denuncias contra miembros de las fuerzas de seguridad de las casi 600 de 2009 a las apenas siete de 2017

Foto: Intervención policial en Valencia en 2012. (EFE)
Intervención policial en Valencia en 2012. (EFE)

La agresión de un policía nacional a una mujer en el barrio valenciano de Orriols ha provocado la apertura de un expediente contra el agente y su compañero de la Brigada de Seguridad Ciudadana. La Unidad de Régimen Disciplinario de la Jefatura Superior, que identificó rápidamente a los dos protagonistas, ha nombrado ya instructor del caso, un funcionario que investigará el bofetón que el policía propina a una mujer así como todo lo que rodea a lo que aparece en las imágenes del vídeo que se ha convertido en viral. Este director de la instrucción administrativa determinará, tras sus pesquisas, si es pertinente castigar a la pareja de agentes con una sanción o no.

Este proceder, según explican desde el Ministerio del Interior, es el habitual en estos casos y se lleva a cabo independientemente de la puesta en marcha de cualquier tipo de actuación judicial por los mismos hechos. Sin embargo, en el caso de que esta última prospere, la vía administrativa queda paralizada hasta que la penal concluya. De momento no hay constancia de que lo acontecido en Valencia haya sido denunciado en los juzgados, por lo que la investigación interna de la Policía continúa hoy por hoy su marcha.

El episodio del bofetón, sin embargo, es hoy una excepción en las fuerzas de seguridad. Cada vez hay menos denuncias contra agentes por asuntos de este tipo y, por ende, también han caído las sanciones. Así lo revelan los datos proporcionados por el Gobierno en respuesta al senador de EH Bildu Jon Iñarritu, que había preguntado en la cámara alta cuál era el número de guardias civiles y policías nacionales en situación de denunciados, sancionados, imputados, condenados, indultados o expulsados entre 2008 y 2017.

En concreto, la Inspección de Personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, encargada de la gestión y control operativo de la aplicación informática Plan Nacional de Derechos Humanos, ha trasladado al senador que en los años solicitados tanto el número de funcionarios denunciados como el de sancionados ha ido descendiendo progresivamente con excepción de 2009, único ejercicio en el que subieron ambos conceptos.

Ese año (2009) hubo 599 policías y guardias civiles denunciados y únicamente una docena fueron sancionados. La cifra fue bajando hasta llegar a los apenas siete funcionarios denunciados en el ejercicio que está a punto de terminar, por ningún sancionado. No en vano, en los últimos tres años no ha habido ningún policía o guardia civil castigado administrativamente, como muestran las cifras ofrecidas por el propio Ministerio del Interior, que ha revelado que en total entre 2008 y 2017 se produjeron 3.284 denuncias contra miembros de las fuerzas de seguridad del estado, de las cuales 57 acabaron en sanción. Es decir, apenas un 1,74%.

Desde el Ministerio del Interior se limitan a explicar que cada nuevo expediente administrativo que se abre contra un agente de las fuerzas del orden conlleva una investigación interna que deriva al final en la imposición de una sanción o en el carpetazo de la instrucción sin castigo alguno. No ofrecen explicación sobre el descenso de denuncias y sanciones y únicamente aseguran que "todas las informaciones reservadas siguen las mismas pautas, que son las que son".

En porcentajes la cuestión no ha sufrido el mismo descenso, dado que hay años en los que la proporción de sancionados casi alcanza el 3%, como 2008 y 2014, y ejercicios en los que se sitúa por debajo del 1,5%, como de 2010 a 2013 o los tres últimos años en los que se ha llegado al 0%.

El caso de Valencia, además, se torna como uno de los más particulares, dado que ostenta el récord de policías y guardias civiles denunciados por este tipo de hechos. En concreto, en los últimos diez años proporcionados por el Gobierno en la provincia de la capital del Turia ha habido más funcionarios de las fuerzas de seguridad denunciados incluso que en Madrid, que es donde se agolpa el mayor número de agentes del país. En Valencia, entre 2008 y 2017 hubo 538 denunciados por los 331 de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, al final, se registra casi la misma cantidad de sancionados (ocho en Valencia y nueve en Madrid).

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