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Adif, PP, UGT, Cs, la FEMP, nadie asume (de momento) sus imputados del Canal
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varios siguen en cargos públicos

Adif, PP, UGT, Cs, la FEMP, nadie asume (de momento) sus imputados del Canal

El pacto entre Ciudadanos y el Gobierno obliga a la dimisión de cualquier cargo público investigado por corrupción, como es el caso de Juan Bravo, presidente de Adif

Foto: (Ilustración: Raúl Arias)
(Ilustración: Raúl Arias)

El punto 93 del acuerdo de investidura que Ciudadanos y PP firmaron en agosto del año pasado para que Mariano Rajoy llegara a La Moncloa es claro: "El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial". Este martes, el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo, decidió dar un nuevo impulso a la pieza número 1 y decidió citar como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a 24 personas relacionadas con el primer pelotazo del Canal al otro lado del Atlántico, la compra de la filial Inassa en el año 2001.

Dieciséis años después de esa operación, el listado de señalados salpica de lleno a gran parte del equipo que Alberto Ruiz-Gallardón tenía en el Canal de Isabel II. Hoy, algunos de ellos siguen como altos cargos con responsabilidades en el Gobierno de Rajoy, la Cámara de Cuentas de Madrid, la Federación Española de Municipios y Provincias, UGT, o incluso de asesores en el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid. El nombre más ilustre es el exconsejero de Hacienda Juan Bravo, hoy presidente del operador ferroviario Adif. El acuerdo entre PP y Ciudadanos obliga a su dimisión, pero de momento nadie mueve ficha. Ni desde Adif ni desde Fomento anuncian medidas inmediatas. El único Podemos, que ya el pasado 13 de noviembre (cuando ya se sabía que se le investigaba) registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para la destitución de Bravo.

Otro de los nombres clave es Arturo Canalda, el director gerente del Canal que diseñó la operación y actual presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid. Desde el Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes señalan que el puesto no depende de su Ejecutivo y que no le afecta el código ético que el PP de Madrid aplica para sus cargos públicos en la comunidad y diputados regionales. Ciudadanos Madrid ha pedido ya su dimisión. La Cámara de Cuentas depende orgánicamente de la Asamblea de Madrid, "pero actúa con plena independencia funcional", según la ley que la regula, la 11/1999, de 29 de abril.

Desde el Ejecutivo autonómico recalcan que no pueden forzar su dimisión. Fue elegido en junio de 2012 tras la propuesta del Gobierno de Esperanza Aguirre por un periodo de seis años. Según la ley solo podría dejar de ser presidente por las siguientes causas: "Fallecimiento, finalización de su mandato, renuncia presentada a la Asamblea de Madrid, por incapacidad apreciada por sentencia judicial firme, por inhabilitación por sentencia judicial firme y tras ser condenado por dolo o delito". Hay otra posibilidad, "por incumplimiento grave de los deberes de su cargo", algo que necesita los votos de tres quintos de los diputados de la Asamblea.

placeholder El presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda. (EFE)
El presidente de la Cámara de Cuentas, Arturo Canalda. (EFE)

Junto con Canalda, el juzgado ha citado a tres de sus más estrechos colaboradores en 2001: Pablo López de las Heras, José Antonio de Cachavera y Gaspar Cienfuegos-Jovellanos (los tres hoy en la empresa privada). El primero fue subdirector de Nuevos Negocios del Canal de Isabel II e impulsor de la compra de Inassa. Ya declaró en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid señalando que se trató de una "operación magnífica" y "una de las iniciativas más ventajosas que se han hecho en el sector del agua en el mundo".

De Cachavera, jefe directo de Pablo López, fue director económico y financiero y de desarrollo comercial del Canal y el directivo responsable de presentar el proyecto a la aprobación del consejo de administración de la empresa pública. Hoy es director general de la división de Servicios de OHL. El tercero, Gaspar Cienfuegos-Jovellanos Fernández, fue también director económico del Canal y apoderado de Canal Extensia, la empresa vehículo que se adquirió para comprar las acciones de Inassa. Hoy es socio fundador de PW&P (Professional Water & Partners).

Foto: Gallardón, en su comparecencia en la Asamblea de Madrid. EFE

El juez también ha citado a todos los miembros del consejo de administración del Canal que el 14 de noviembre de 2001 asistieron al mismo y votaron a favor de la adquisición de Inassa: Pedro Calvo Poch, Ignacio López-Galiacho Perona, Juan María del Alamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Juan Bravo Rivera, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri Ruiz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña, Roberto Sanz Pinacho.

Destaca el exconsejero Pedro Calvo, uno de los máximos colaboradores de Gallardón. Hoy trabaja en un bufete privado. De todos ellos destaca Francisco Díaz-Latorre, actual director general de la Federación Española de Municipios de España (FEMP). El Confidencial ha intentado sin éxito hablar con un portavoz de la FEMP. Fue concejal del PP en Boadilla del Monte y fue condenado por un juzgado a pagar 4.000 euros de multa por ir bebido y estrellar su coche contra otro, según publicó la revista 'Interviú'. Andrés Muñoz Hernández sigue siendo representante de UGT en el Canal y dirigente de la Federación de Industria, Construcción y Agro del sindicato.

placeholder El exconsejero y expresidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo. (EFE)
El exconsejero y expresidente del Canal de Isabel II Pedro Calvo. (EFE)

Juan María del Álamo, excoordinador general de Empleo, Desarrollo Empresarial y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, sigue trabajando para el consistorio de la capital. Actualmente es asesor del grupo municipal de Ciudadanos en el área de transparencia, pero ha sido adscrito por el Gobierno local a la formación naranja, es decir, no se trata de un cargo de confianza elegido por Ciudadanos. La Audiencia Nacional también quiere escuchar la declaración como investigados de seis personas relacionadas con la compra y venta de Inassa a través de distintas empresas interpuestas: Salvador Cardona Aucejo, Javier Vilaplana Oliva, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios Ortega, Santiago García Benavides y Ángel Conde Álvarez.

Algunos de ellos eran directivos de la empresa valenciana Tecvasa, que se alió con el Canal para comprar Inassa; directivos de la Sociedad General de Aguas de Barcelona (Agbar), los anteriores dueños de Inassa que vendieron sus acciones; directivos de sociedad panameña SAA (que compró las acciones de Inassa a Agbar antes de vendérselas al Canal), y cargos de la firma también panameña Soluciones Latinoamericanas del Agua SA (SLASA), que se quedó con el 25% de las acciones de Inassa después de la venta del 75% restante al Canal y a Tecvasa. Entre los citados no está, de momento, Gallardón. La Fiscalía ha pedido nuevas diligencias antes de imputar al expresidente regional.

El punto 93 del acuerdo de investidura que Ciudadanos y PP firmaron en agosto del año pasado para que Mariano Rajoy llegara a La Moncloa es claro: "El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción, hasta la resolución definitiva del procedimiento judicial". Este martes, el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Lezo, decidió dar un nuevo impulso a la pieza número 1 y decidió citar como investigados (la nueva figura jurídica de la imputación) a 24 personas relacionadas con el primer pelotazo del Canal al otro lado del Atlántico, la compra de la filial Inassa en el año 2001.

UGT Adif Mariano Rajoy
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