El Gobierno deja en manos del juez la investidura de Puigdemont

El Gobierno asegura que no hay impedimento legal para que Carles Puigdemont pueda ser investido 'president' de la Generalitat, incluso aunque haya regresado a España y sea encarcelado. Tras estudiar la insólita situación legal, fuentes autorizadas del Ejecutivo aseguran que no hay ley que lo impida, aunque se trate de un absurdo legal y, en todo caso, quedará en manos del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que deberá autorizar cada uno de los movimientos de Puigdemont. Por eso, en principio, el Gobierno entiende que no tiene posibilidades de tomar medidas o iniciativas para impedirlo, aunque presente muchas dificultades prácticas y quede todo en manos del magistrado del Supremo.

El Gobierno asegura que confía en la propia división independentista y el proceso penal que persuadiría a Puigdemont de volver.

Según el análisis del Gobierno, la legislación electoral y el reglamento del Parlament permiten que una persona en prisión pueda ser candidato, elegido, y tomar posesión del acta a través de un apoderado. Es decir que no necesitaría regresar a España para ser reconocido como diputado. Obviamente, lo aplicado a él le es de aplicación al resto de 'exconsellers' que también se encuentran en Bélgica, fugados de la acción de la Justicia.

La dificultad vendría luego, una vez que se decida que el candidato a la investidura es Puigdemont. El reglamento del Parlament sí exige que la investidura sea presencial, es decir, que debe subir a la tribuna el candidato para exponer su programa. Para ello, Puigdemont deberá regresar a España e inmediatamente será detenido, llevado ante el juez del Tribunal Supremo y, previsiblemente, encarcelado.

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Puigdemont y el resto de exmiembros del Govern deben pedir permiso al juez para acudir al Parlament a la investidura, para presentar el programa y para votar. El juez tiene capacidad para decidir si lo autoriza o no.

Hay precedentes en el País Vasco de diputados autonómicos a los que se les permitió tomar posesión de sus escaños de forma presencial, en los años en los que la izquierda 'abertzale' presentaba como candidatos a presos preventivos de ETA.

El estudio jurídico del Gobierno de Rajoy concluye que si se produjera el absurdo político de la elección de Puigdemont, el juez Llarena deberá autorizar cada uno de sus movimientos mientras siga en prisión. Si fuera 'president' desde la cárcel no podría mantener las reuniones políticas e institucionales precisas para su cargo, salvo que expresamente las autorice el juez, pero no podría salir cada día. El Govern, como la investidura, quedaría en manos del juez.

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Agencias

Cada uno de esos trámites previos a la investidura exigirían procedimientos de consulta y autorización al juez, lo que puede alargar la incertidumbre política en Cataluña. En el mes de mayo deberá haber un 'president' o se produciría la inmediata convocatoria de nuevas elecciones para junio. Mientras seguiría en vigor el 155 de la Constitución.

En el caso de que Puigdemont sea investido, sería también el primer presidente autonómico que se sienta en un banquillo en el ejercicio de su cargo. La condena, previsiblemente, llevaría aparejada la inhabilitación, como ya ocurrió con Artur Mas, cuando ya había dejado el cargo, por el intento de referéndum del 9-N de 2014. En ese supuesto, la sentencia del Supremo ya sería firme y Puigdemont tendría que abandonar el cargo inmediatamente, aunque recurriera al Tribunal Constitucional. Solo cabría en ese momento un indulto del Gobierno central.