El Gobierno calificó en 2015 al okupa Lanza como "una grave amenaza a la seguridad"

Rodrigo Lanza, en prisión preventiva como presunto autor del asesinato de Víctor Laínez de un golpe en la cabeza por llevar unos tirantes con la bandera de España, no era un desconocido para la Delegación del Gobierno de Zaragoza. Llegó a esa ciudad tras cumplir condena por dejar tetrapléjico a un guardia urbano de Barcelona y el 9 de julio de 2015 solicitó la inscripción en el registro de comunitarios -tiene nacionalidad italiana-. El Ejecutivo se lo denegó alegando "motivos de orden público y seguridad pública", según ha podido saber El Confidencial. Esgrimía sus antecedentes penales por el caso Ciutat Morta pero también que la policía había vuelto a ficharlo por una 'okupación' y que carecía de medios de vida. Lo calificó como "una grave amenaza al orden público y la seguridad pública".

"Rodrigo Lanza fue condenado por sentencia del 15 de enero de 2008, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 8ª), a la pena de 5 años de prisión por un delito de lesiones en concurso con un delito de lesiones cualificadas y de atentado". "La Delegación del Gobierno denegó la citada inscripción en fecha 1 de octubre por motivos de orden público y seguridad pública", se lee en un informe de la subdelegación del Gobierno de enero de 2016 sobre el caso.

Tras cumplir condena, Lanza se fue a Zaragoza. En una entrevista explicó que él y su novia eligieron la ciudad al azar en un mapa. Lanza, nacido en Viña del Mar, Chile, hace 33 años, tiene nacionalidad italiana. Al ser comunitario tiene libre circulación en la UE y se puede inscribir en ese registro si residen de forma permanente en España. Pero el decreto incluye una salvedad. "Cuando así lo impongan razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública, se podrá adoptar alguna de las medidas siguientes en relación con los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o con los miembros de su familia: a) Impedir la entrada en España, aunque los interesados presenten la documentación prevista en el artículo 4 del presente Real Decreto; b) Denegar la inscripción en el Registro Central de Extranjeros, o la expedición o renovación de las tarjetas de residencia".

La norma añade que para aplicar la excepción "por razones de orden público o de seguridad pública, deberán estar fundadas exclusivamente en la conducta personal de quien sea objeto de aquellas, que, en todo caso, deberá constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad, y que será valorada, por el órgano competente para resolver, en base a los informes de las autoridades policiales, fiscales o judiciales que obren en el expediente. La existencia de condenas penales anteriores no constituirá, por sí sola, razón para adoptar dichas medidas".

La conducta de Lanza encajaba en el supuesto de peligro para la seguridad pública porque estaba considerado "una amenaza real y suficientemente grave que afecta a intereses fundamentales de la sociedad". Y añade: "Para sostener esta afirmación, debe tenerse en cuenta una condena penal de cinco años por un delito de lesiones en concurso con un delito de lesiones cualificadas y de atentado. Es cierto que la existencia de condenas penales no determina, por sí sola, como señala el artículo 15 en su apartado 5 antes transcrito, la posibilidad de adoptar las medidas en él contempladas. Pero dicho precepto tampoco las exige como 'conditio sine qua non' para poder adoptarlas. Lo determinante, según dicho precepto, es la conducta personal de quien pueda ser objeto de ellas".

"Una amenaza real y suficientemente grave que afecta a intereses fundamentales de la sociedad"

Sobre la condena en Barcelona, destaca que "se refiere a delitos que atentan directamente contra la integridad física y salud, así como contra la autoridad. Basta leer el relato de hechos probados de la sentencia para entender la gravedad de los hechos por los que se le condenó y las penosas secuelas derivadas de su actuación para uno de los miembros de la Guardia Urbana de Barcelona, siendo el señor Lanza, según indica la sentencia condenatoria, la persona que encabezaba el grupo agresor".

Y a eso añade, "no como elemento determinante pero sí a valorar, el hecho de que conste un informe policial de fecha 18 de febrero de 2009 por ocupación de inmuebles en Zaragoza, máxime habida cuenta de que los hechos que provocaron la condena a 5 años del interesado comenzaron tras la ocupación de un inmueble en Barcelona donde se estaba desarrollando una fiesta por simpatizantes del movimiento okupa". Además de la condena y de los antecedentes policiales suma que "no consta acreditado ningún tipo de arraigo en nuestro país, ni se le conocen medios lícitos de vida". Y remata: "Así pues, cabe concluir que dicha conducta delictiva y su autor constituyen, en los términos antes expuestos, una grave amenaza al orden público y la seguridad pública que justifican la decisión de la Administración".

En la madrugada del pasado ocho de diciembre, Lanza agredió presuntamente a Laínez en el bar El Tocadiscos de Zaragoza. Este, un motero próximo a la extrema derecha de 55 años, llevaba unos tirantes con la bandera de España. Según los testigos, Lanza le recriminó que llevara esa prenda y sin mediar una discusión le agredió poco después. La jueza que investiga el caso lo ha enviado a prisión sin fianza.

Según el auto de prisión, hay indicios racionales de que agredió a Laínez "por la espalda, sin posibilidad alguna de defensa y utilizando al efecto un objeto lo suficientemente contundente como para provocarle una fractura ósea" en el cráneo "con hemorragia y afectación del tejido cerebral que puede considerarse como lesión principal y causa de la muerte". Cuando Laínez cayó al suelo, "le propinó fuertes golpes en la cabeza, quizá patadas" que le rompieron la nariz. Laínez murió días después. "No existe duda de la identidad de los hechos" porque cinco clientes identificaron a Lanza. El okupa reconoció haberlo agredido pero sostuvo que lo hizo en legítima defensa porque Laínez le amenazó con una navaja, un arma que no ha aparecido, según la juez.

Lanza se hizo conocido tras su condena por dejar tetrapléjico a un guardia urbano gracias a el documental 'Ciutat Morta'. La cinta se estrenó en 2013 en los circuitos independientes y cosechó una decena de premios. El vídeo denunciaba que todo era un montaje policial, que el caso estaba plagado de fallos, acusaciones policiales infundadas y malos tratos no investigados. Su emisión en TV3 en 2015 tuvo un notable éxito de audiencia y recabó nuevos apoyos. Crecieron las presiones para reabrir el caso. Los condenados, que se convirtieron en casi héroes para el movimiento okupa. La otra chica que estuvo en la cárcel por ese caso, Patricia Heras, se suicidó en 2011 durante un permiso y dio origen a la investigación.