Fiscalía pide la imputación de 24 personas por el Canal pero deja fuera a Gallardón

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que instruye el caso Lezo que cite como investigados a 24 personas relacionadas con el primer pelotazo del Canal al otro lado del Atlántico, la compra de la filial Inassa en el año 2001. Entre los citados no está de momento el ex presidente regional Alberto Ruiz-Gallardón, que presidía el Consejo de Gobierno que autorizó esta adquisición. El anterior fiscal del caso, que dejó el cargo en octubre, sí solicitó la imputación de Gallardón. Entre los elegidos sí está el actual presidente de Adif, Juan Bravo; el presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid, Arturo Canalda; y el consejero madrileño Pedro Calvo.

Están, por ejemplo, todos los miembros del consejo de administración del Canal que el 14 de noviembre de 2001 asistieron al mismo y votaron a favor de la adquisición de la sociedad Inassa: Pedro Calvo Poch, Ignacio López-Galiacho Perona, Juan Mª del Alamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Juan Bravo Rivera, Francisco Díaz-Latorre, Adriano García-Loygorri Ruiz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña, Roberto Sanz Pinacho. También aparece en el listado Arturo Canalda como el director gerente del Canal que diseñó la operación.

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Anticorrupción también quiere que declaren como investigados Gaspar Cienfuegos-Jovellanos Fernández, consejero de Canal Extensia en el momento de los hechos (esta empresa se creó expresamente para servir de vehículo para comprar Inassa), Pablo López de las Heras (subdirector de Nuevos Negocios del Canal), José Antonio de Cachavera Sánchez (director económico del Canal), Salvador Cardona Aucejo, Javier Vilaplana Oliva, Jesús Sánchez Sánchez, Esteban Palacios Ortega, Santiago García Benavides y Ángel Conde Álvarez.

No obstante, la Fiscalía señala en el escrito que ha elevado al juez que deja abierta la imputación de Gallardón y de todo su consejo de Gobierno porque falta por analizar documentación. "Hasta la fecha no obra incorporado a las actuaciones ni el acta redactada sobre este Consejo de Gobierno ni la concreta documentación de la que dispusieron los consejeros antes de adoptar su acuerdo, información que resulta esencial para poder avanzar en la investigación y solicitar la declaración judicial de los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad que adoptaron este acuerdo". En ese Consejo, aparte de Ruiz-Gallardón, había 11 consejeros. Se trata de Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Manuel Cobo, Juan Bravo, Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno (hoy gerente del Teatro de la Abadía), José Ignacio Echániz (hoy diputado nacional por el PP), Pilar Martínez y Luis Blázquez.

Como ya publicó El Confidencial en octubre, la Fiscalía investiga a 29 ex altos cargos de Gallardón por la compra de Inassa. El Canal pagó 73 millones de dólares (entonces 83,6 millones de euros) por el 75% de esta compañía cuyos dueños habían pagado un año antes poco más de siete millones de dólares (ocho millones de euros) por el 25%. La empresa, como mucho, valía 30 millones de dólares. El ministerio público señala que esta operación se materializó el 13 de diciembre de 2001 "contraviniendo de plano los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración del Canal y el Consejo de Gobierno de la Comunidad, ya que, además de excederse en el objeto autorizado, al adquirirse, junto con el 75% del capital social de Inassa, el 51% de una sociedad dominicana llamada Watco SA, se hizo de forma distinta a la autorizada, no efectuándose, tal y como se había aprobado, su compra directa sino que se utilizó una sociedad interpuesta residenciada en un paraíso fiscal, ya que lo que compraron en realidad fue la totalidad de una sociedad panameña llamada SAA".

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La Fiscalía cree que la investigación practicada hasta este momento "evidencia la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición, centradas principalmente en la forma en que se planificó y ejecutó la adquisición, así como en la determinación del precio de compra y restantes condiciones estipuladas en el contrato, existiendo claros indicios de que pudo haber una sobrevaloración del precio y unas condiciones contractuales claramente perjudiciales para el comprador y, por ende, para los intereses públicos por los que el Canal debió velar".

El Ministerio Público pide nuevas diligencias debido "a la complejidad de esta investigación y a la necesidad de impulsarla al encontrarse en una fase muy incipiente". Entre ellas se solicita a la Comunidad de Madrid nueva documentación y que identifique a los miembros del Consejo de Gobierno que aprobó la compra. También solicita información al Canal y a la Consejería de Hacienda. También pide que declaren como testigos otras 22 personas.