El CGPJ ampara al juez del caso Cursach, sometido a un "continuo hostigamiento"

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado admitir a trámite la petición de amparo formulada por el magistrado que instruye el conocido como caso Cursach, Manuel Penalva Oliver, titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, ante el "continuo hostigamiento" al que, según denuncia en su escrito, está siendo sometido por varios de los letrados personados en la causa, que también se conoce como caso Policía local.

El magistrado refiere constantes seguimientos, pintadas amenazantes o insultantes en las inmediaciones o en la puerta de su domicilio e incluso el incendio de un vehículo en el garaje del edificio de viviendas en el que reside; además de maniobras que buscan su descrédito, anuncios más o menos velados de denuncias, demandas y querellas y la convocatoria de una manifestación pública para el mismo día -el pasado 27 de noviembre- en el que estaban citados para declarar en el Juzgado varios de los investigados en el procedimiento.

El delicado caso nace de la macrocausa en la que se investiga la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y Calviá. En la trama, antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones. Según los investigadores, el principal empresario del sector del ocio nocturno en Baleares, Tolo Cursach, habría contado durante años con la protección de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios a cambio de sobornos y regalos.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece, en su artículo 14, que "los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial”. Este órgano ha venido considerando que, para acceder al amparo, los ataques denunciados deben alcanzar una entidad que, por su repercusión, su intensidad, su momento procesal o su contenido personal, ponga en serio riesgo la capacidad de cualquier juez para decidir sin presiones determinantes, informa el CGPJ en una nota de prensa.

En el presente caso, la Comisión Permanente considera que, del relato de hechos expuesto por el magistrado, se desprende la existencia de datos y circunstancias que pueden suponer actuaciones inquietantes o perturbadoras de la independencia judicial y que encajan con algunas de los relacionados en el artículo 319 del Reglamento de la Carrera Judicial. Por ello, la Permanente acuerda admitir a trámite la petición de amparo formulada y, tal y como prevé el artículo 322 del citado Reglamento, dar traslado a los letrados referidos por el magistrado para que efectúen cuantas alegaciones estimen convenientes.

También se da traslado al Colegio de Abogados de Baleares a los efectos oportunos y a la Delegación del Gobierno en Baleares para que informe de quién comunicó la manifestación del pasado 27 de noviembre y para que, a la vista de lo relatado por el magistrado, adopte, en su caso, medidas de seguridad si lo considera oportuno.