El Supremo toma medidas para evitar que los 'exconsellers' liberados salgan de España

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha tomado medidas para evitar que los 'exconsellers' del Govern cesados que fueron puestos en libertad hace unos días abandonen el territorio español. Así figura en una providencia a la que ha tenido acceso El Confidencial dictada tras el incidente relacionado con el exconsejero de Presidencia catalán, Jordi Turull, que acudió a renovar el pasaporte horas después de quedar en libertad en una comisaría de la Policía Nacional de Barcelona.

A pesar de que el consejero de Carles Puigdemont avisó al alto tribunal de que tenía el pasaporte caducado y de que había solicitado cita para renovarlo en la Policía Nacional y especificó que procedería a entregarlo en cuanto dispusiera de él, el magistrado decidió cubrirse las espaldas. Ordenó que se comunicara al Ministerio del Interior que no debía expedir pasaportes a ninguno de los 11 investigados que quedaron libres con fianzas en las dos rondas de declaraciones que ha llevado a cabo tras asumir la causa.

En la providencia se espefica que ninguno de los 'exconselleres' liberados ni los miembros de la Mesa del Parlament pueden solicitar este documento. Incluye uno a uno los nombres de todos los investigados que no permanecen en la cárcel: Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Carles Mundó, Carme Forcadell, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. El escrito especifica que "no procede en su caso la expedición de pasaporte al haberse acordado por autos del Instructor de los pasados 9 de noviembre y 4 de diciembre, la retirada del mismo".

En la providencia se espefica que ninguno de los 'exconselleres' liberados ni los miembros de la Mesa pueden solicitar este documento

En los referidos autos el magistrado no consideró que pesara en el caso de los miembros de la cámara baja catalana un especial riesgo de fuga. Respecto a Forcadell y los de la Mesa indicó en concreto que el peligro se difuminaba "por haberse presentado cuantas veces han sido citados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya" así como ante él.

Destacaba "el contraste con otros encausados en este proceso, que se encuentran actualmente fugados", en referencia al 'expresident' del Govern, Carles Puigdemont, y a los cuatro 'exconsellers' que se encuentran en Bélgica. Llarena se pronunció de forma similar en el caso del grupo del Govern cesado y descartó que pudieran huir de la acción de la Justicia. "Cuentan con un profundo arraigo personal, laboral y social, así como disposición para atender los llamamientos judiciales", decía en su caso.

Los antecedentes de la huida de Puigdemont, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Meritxell Serret y Antoni Comín han pesado sensiblemente en los procedimientos judiciales abiertos por rebelión y sedición tanto en el Tribunal Supremo como en la Audiencia Nacional. El 'expresident' y los exconsejeros salieron de España para sortear la citación de la jueza Carmen Lamela que quería interrogarles por la declararación unilateral de independencia.

Después de aquello la magistrada valoró como elevado el riesgo de que el resto siguiera el mismo camino y lo tuvo muy en cuenta a la hora de inclinarse por mandar a la cárcel a Oriol Junqueras y al resto. No puede olvidarse el poder adquisitivo de los investigados que pueden "abandonar facilmente el territorio español y subsistir en el extranjero". Otros eludieron sus responsabilidades penales.