El plan que tramaban los Mossos: un CNI con 30 agentes 'pata negra' de su academia

Los Mossos d'Esquadra estaban trabajando en la creación de una unidad de inteligencia dedicada a realizar labores de espionaje y contravigilancia. La nueva sección se iba a integrar en su Comisaría General de Información e iba a tomar como punto de partida la experiencia de la Unidad Central de Respuesta Operativa (UCRO), el grupo semiclandestino que presuntamente se encargó de ejecutar y coordinar seguimientos a líderes de partidos constitucionalistas y campañas de propaganda favorables a la hoja de ruta del Govern de Carles Puigdemont.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes internas de los Mossos, el plan se encontraba en una fase avanzada. Aspiraba a replicar en Cataluña las funciones que ejerce actualmente el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en exclusiva en el conjunto del territorio español, aunque fijando como máxima prioridad la consecución de los objetivos del movimiento independentista. De hecho, el proyecto contemplaba que en la nueva unidad solo fueran admitidos los candidatos que demostraran una adscripción sin fisuras a los postulados del secesionismo. La cúpula del cuerpo, que en el momento de la puesta en marcha del plan aún estaba encabezada por el mayor Josep Lluís Trapero, solo quería en la división agentes "pata negra", la fórmula con la que se conoce a los funcionarios entregados fervorosamente a la construcción de la hipotética república catalana.

El exconsejero de Interior, Jordi Jané, aprobó el pasado julio una convocatoria de 500 plazas, a pesar de que Hacienda autorizó inicialmente 50

Los responsables de la policía autonómica también habían decidido que 30 funcionarios de la actual promoción de ingreso en el cuerpo fueran captados para la división de inteligencia justo al salir del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC), la academia por la que pasan todos los nuevos agentes para recibir la instrucción básica. El exconsejero de Interior, Jordi Jané, aprobó el pasado julio una convocatoria de 500 plazas, a pesar de que el Ministerio de Hacienda autorizó inicialmente 50. El concurso, el primero que se celebra desde 2011, celebró su primera prueba el pasado 28 de octubre y la cuarta y última tendrá lugar el 17 de julio de 2018. Los admitidos ingresarán después en el ISPC y finalmente se incorporarán a la plantilla en 2019.

La intención de los mandos era que esos 30 agentes seleccionados en la academia renovaran y reforzaran a los efectivos encuadrados en la extinta UCRO, disuelta oficialmente este verano, aunque sus miembros fueron trasladados a otra sección de la Comisaría de Información de nombre similar, UCROINF, que ha seguido realizando las mismas labores de vigilancia y control de los líderes políticos contrarios a la independencia. Según fuentes cercanas a esa unidad, entre sus cometidos también se encontraba el diseño de campañas de propaganda y desinformación destinadas a amplificar la estrategia de los partidos y organizaciones secesionistas.

Hasta ahora, esta sección de los mossos, que ha llegado a contar con una dotación de unos 40 agentes, había actuado en el más absoluto secreto. Al menos una decena de agentes que trabajaba o colaboraba con la UCRO disponía de DNI falsos con identidades ficticias para efectuar los espionajes. El resultado de esas actividades, que no contaba con ningún tipo de autorización judicial, se plasmó en informes para consumo interno que habrían permitido al Govern de la Generalitat conocer los movimientos de sus rivales políticos.

La Justicia ya investiga estas irregularidades. Como adelantó El Confidencial este martes, la Policía Nacional ha descubierto documentos que confirmarían la existencia de seguimientos a políticos constitucionalistas entre los papeles que la Comisaría de Información de los Mossos trató de destruir en una incineradora de Sant Adriá de Besós (Barcelona) el 26 de octubre, solo unas horas antes de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En un primer momento, la policía catalana alegó que se trataba de una eliminación rutinaria de archivos para liberar espacio en sus oficinas centrales. Pero el contenido de las cajas revela que, en realidad, la corporación estaba tratando de deshacerse de información comprometedora.

La Policía Nacional ya ha remitido al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, en el que se investiga a Trapero y el resto de mandos de los Mossos por la actuación del cuerpo en el referéndum del 1-O, un informe preliminar sobre la documentación intervenida y este lunes aportará un estudio más exhaustivo. Además, las pesquisas dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona han permitido descubrir que los mossos habrían prestado ayuda a los altos cargos del Govern implicados en los preparativos de la consulta para tratar de impedir que las Fuerzas de Seguridad del Estado detectaran esas maniobras. Asimismo, como avanzó 'El Español', también ha quedado acreditado que agentes de la policía catalana espiaron el 1-O a la Policía Nacional y la Guardia Civil para alertar a los organizadores del referéndum de los colegios electorales a los que se dirigían y que estos pudieran preparar una respuesta.