Así robó el Govern los datos de los catalanes para confeccionar el censo del 1-O

El Govern de Carles Puigdemont sustrajo información de diferentes bases de datos oficiales controladas por la Generalitat para crear de forma clandestina el censo de votantes del referéndum del 1-O. Los archivos fueron cruzados posteriormente por técnicos del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), dependiente del Ejecutivo autonómico, para generar el listado definitivo con los nombres, apellidos, direcciones y fechas de nacimiento de los millones de catalanes convocados a la consulta ilegal.

Las pistas sobre el origen del censo del 1-O han sido descubiertas en una agenda Moleskine incautada por la Guardia Civil en la vivienda del secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda del Govern, Josep María Jové, mano derecha de Oriol Junqueras y uno de los arquitectos clave de la secesión. A pesar de las diferentes diligencias ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, la procedencia de los datos que manejó el Govern para el referéndum seguía siendo hasta ahora una de las mayores incógnitas del 'procés'. El documento hallado por la Guardia Civil, plagado de anotaciones manuscritas por Jové, ha despejado las principales lagunas.

Según escribió el propio Jové en su dietario, el 1 de agosto de 2016 mantuvo una reunión con el director del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), Federico Udina, para abordar la obtención de los datos necesarios para elaborar el censo de votantes. Durante el encuentro, Udina le contó que el Instituto Nacional de Estadística (INE) se encarga de recopilar regularmente la información de los padrones municipales de Cataluña. Después, el INE remite cada tres meses los datos actualizados a Idescat. Una vez llegan a este organismo, la información sale en una segunda fase hacia otras entidades catalanas. “Idescat pasa copias a CATSALUT (convenio y traspaso datos tarjeta sanitaria), a DG [Dirección General de] Atención Ciudadana y AOC [Consorci Administració Oberta de Catalunya]”, escribió Jové en su agenda. “Fichero con nombre, dirección, nacionalidad, fecha de nacimiento y [sic]”, precisó.

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Los investigadores apuntan que esa reunión desconocida hasta ahora fue el detonante del plan para apropiarse de la información censal que manejaba la Generalitat con un papel destacado de Idescat, un ente encuadrado en la Consejería de Economía y Hacienda que dirigía Junqueras. No era la primera vez que un Ejecutivo catalán utilizaba datos oficiales para un fin ilegal. La Guardia Civil infiere de otra anotación de Jové en la misma agenda que Artur Mas ya contó “con un registro de población de Cataluña” para celebrar la consulta del 9-N en 2014.

El 14 de octubre de 2016, tras otra reunión secreta para preparar el referéndum, Jové volvió a mencionar a Idescat en su moleskine. Primero, se refirió a la conveniencia de contar con un “informe jurídico” sobre el manejo de datos. Después, anotó el nombre del organismo de estadística junto a la palabra “censo”: “Idescat, alternativas, ¿quién lo trata? ¿protección de datos?”. A continuación también se preguntó qué empresas se encargarían de dar soporte tecnológico a la consulta y quién daría “fe pública” del resultado, si “funcionarios” o “magistrados”.

Esas nuevas pistas, analizadas por la Guardia Civil en un oficio del 28 de noviembre al que ha tenido acceso El Confidencial, ya han desencadenado las primeras consecuencias. El titular del Juzgado de Instrucción número 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, decidió abrir una pieza separada para investigar exclusivamente el uso ilegal de datos personales en la consulta. Y el pasado 5 de diciembre, la Policía Nacional entró en las instalaciones de Idescat para buscar indicios que apuntalen su colaboración con el 'procés'. Udina emitió un comunicado este lunes asegurando que, durante el registro, “facilitó inmediatamente el acceso a los sistemas de información de Idescat”. Según el director de la entidad, el interés de los agentes se centró en la “plataforma tecnológica Cerdà” para comprobar si contenía datos censales utilizados el 1-O. En el comunicado, Udina no rechaza en ningún momento su implicación en la trama, ni tampoco la del ente que dirige.

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En una entrevista concedida en marzo de 2014, este alto cargo de la Generalitat ya aseguró que su organismo debía ser considerado “una estructura de Estado” por el valor de la información que manejaba y se mostró dispuesto a facilitar los padrones para la consulta ilegal del 9-N. “Tenemos la información del censo municipal, pero éste un tema que no está definido. Hay una ley en trámite en el Parlament que dirá cuál es el organismo y cuál es el mecanismo para ver si esta información se utiliza o no. Si tenemos que actuar, actuaremos”, declaró entonces. “Somos una institución sometida a las leyes del país e igual que nos guiamos por la Ley de Estadística de Cataluña nos guiaremos también por las leyes que apruebe el Parlament de Cataluña”. A pesar de esas declaraciones de hace tres años, Udina y el propio Idescat lograron mantenerse en un discreto segundo plano durante el 1-O. Pero la agenda de Jové ha colocado de nuevo el foco sobre la entidad.

Las fuentes consultadas precisan que el Govern también habría obtenido datos de otras instituciones para tratar de mejorar la calidad del censo. Entre esas fuentes alternativas se encontrarían los ayuntamientos adheridos a la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y grandes consistorios que estaban fuera de esa plataforma. En estos últimos casos, la información habría circulado presuntamente a través de contactos informales.

Los datos de distinta procedencia fueron cruzados posteriormente por los técnicos del CTTI involucrados en la creación de la estructuras de Estado y en la preparación de la consulta para intentar detectar errores y elevar al máximo el número de identidades gestionadas. Por último, los responsables de la institución tecnológica cifraron el censo definitivo y lo volcaron en servidores extranjeros para que pudiera ser consultado a través de las múltiples páginas web del referéndum que lanzaron para evitar el bloqueo judicial. Los participantes en esta última fase del plan se coordinaron a través de la aplicación de mensajería instantánea Signal.