Cataluña y el 21-D ahondan las discrepancias y mantienen lejos la reforma constitucional

La posibilidad de reformar la Constitución sigue estando alejada, con la diferencia de que el Parlamento está más fragmentado que en anteriores legislaturas y cada uno de los partidos mantiene opciones muy distintas y con el agravante de que, 39 años después de su aprobación, la Carta Magna no había estado nunca tan en cuestión como está ahora, como consecuencia de la crisis institucional en Cataluña.

Del conjunto de pactos de los que salió la Constitución en la Transición, está roto el referido a la España territorial, después de que el Gobierno de Cataluña pretendiera su independencia unilateral y el Ejecutivo aplicara el artículo 155 para hacerse con el mando de la autonomía. Paradójicamente, la aplicación de un precepto constitucional provoca la ruptura total de ese pacto, probablemente por el desgaste de la Carta Magna, la falta de concreción de ese precepto y la lejanía de la población, de la que menos de un 40% de los españoles actuales pudo votar en referéndum la Constitución hace 39 años.

Un año más, como desde 1978, el Congreso celebrará el aniversario de la Constitución y, de nuevo, se escuchará a casi todos los partidos defender la necesidad de abordar esa reforma, pero, una vez más, se cerrará el acto sin trazas de que se inicie el proceso. De hecho, la única vía concreta posible, la de la comisión promovida por el PSOE para estudiar el funcionamiento del Estado autonómico para una hipotética reforma posterior, ha sido pospuesta al mes de enero, tras ser congelada por el PP y Ciudadanos, y sin que participen de momento ni Podemos ni los partidos nacionalistas e independentistas.

Opinión

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En 39 años solo ha habido dos mínimos retoques, ambos impuestos por Europa (uno sobre el derecho de sufragio de los comunitarios y otro sobre la deuda y déficit), y un intento frustrado de José Luis Rodríguez Zapatero que no pasó de un informe del Consejo de Estado, tras el desmarque del PP.

La expresión cada año de Mariano Rajoy en estos actos es la de asegurar que abordará la reforma si hay el mismo consenso de 1978 y si alguien pone sobre la mesa una propuesta concreta y limitada. Es decir, que antepone una condición imposible para pasar como sea cada día 6 de diciembre. En varias ocasiones ha barajado la opción de la reforma, llegó a formular una propuesta de 14 cambios en un acto del PP cuando estaba en la oposición y en privado ministros y dirigentes populares admiten su necesidad, pero bloquean luego todos los intentos.

Recientemente, Rajoy hizo un pacto con Ciudadanos que habla expresamente de ese cambio constitucional, pero un año después ha logrado congelarlo. “El Partido Popular y Ciudadanos se comprometen a estudiar la actualización del texto constitucional para la mejora de la Norma Fundamental que ha deparado que la sociedad española haya disfrutado del más prolongado periodo de prosperidad de su historia. A tal fin, se utilizará como referencia el informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones constitucionales de febrero de 2006”, decía aquel acuerdo en vigor, pero incumplido.

Y se comprometió con Pedro Sánchez a iniciar su estudio antes del 21-D, pero luego se echó atrás. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado para bloquear cualquier cambio constitucional.

El PSOE ha apostado por la creación de esa comisión como única vía para solucionar el problema de Cataluña. Quiere que por ese foro pasen los tres padres de la Constitución vivos (José Pedro Pérez Llorca, Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón), constitucionalistas y los presidentes autonómicos, para que en seis meses se haga una propuesta concreta de reforma. Luego , una vez aprobadas sus conclsiones en un pleno, deberá abrirse una ponencia en la Comisión constitucional que avance en la reforma.

Esa reforma no podría concluirse antes de finales de 2019 y necesitaría mayoría cualificada, disolución de las Cortes y elecciones, ratificación por un nuevo Parlamento y referéndum. Es decir, no estaría en vigor antes de 2020.

Los socialistas barajan tocar el capítulo de competencias, reconocer la plurinacionalidad y abordar los cuatro cambios que intentó Zapatero: establecer el nombre de las comunidades, incluir referencias a Europa, quitar la prevalencia machista en la sucesión a la Corona y reformar el Senado. Esta vía y el posterior referéndum de ratificación debería servir, según el PSOE, para establecer un nuevo encaje de las comunidades, y especialmente de Cataluña, sin posibilidad de invocar el derecho a decidir y un referéndum pactado que no cabe en la Constitución y que ha sido rechazado una decena de veces por el Tribunal Constitucional. Barajan otras propuestas como nuevos derechos, matrimonio homosexual o laicidad.

El problema es lograr ahora un consenso en el Congreso sobre esa reforma, empezando por determinar el alcance concreto de los cambios.

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Unidos Podemos es el tercer partido del Congreso y ha hecho bandera de la superación de lo que llama el 'régimen del 78'. Siempre ha hablado de abrir un proceso constituyente, con una profunda reforma constitucional, pero nunca ha sistematizado los artículos concretos que pretende modificar. Por ejemplo, se supone que es un partido republicano, pero en su programa no estaba incluida la supresión de la monarquía. Tiene capacidad para forzar con sus diputados un referéndum, para el caso improbable de que la reforma no afectara a artículos especialmente protegidos.

El partido de Pablo Iglesias no participa de la comisión del Congreso, a pesar de que el primero que la promovió a principios de este año fue Xavier Domènech, ahora su candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. También ha renunciado hasta ahora a iniciar el trámite de reforma. El reglamento del Congreso establece que "los proyectos y proposiciones de reforma constitucional a que se refieren los artículos 166 y 167 de la Constitución se tramitarán conforme a las normas establecidas en este Reglamento para los proyectos y proposiciones de ley, si bien éstas deberán ir suscritas por dos Grupos Parlamentarios o por una quinta parte de los Diputados". La dirección de Podemos ha barajado en varias ocasiones forzar esta vía, pero hasta ahora no lo han hecho.

Este grupo defiende el derecho a decidir y el referéndum pactado en Cataluña, a pesar de que no cabe en la Constitución y una futura reforma de la Carta Magna lo haría inútil.

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Ciudadanos se opuso a su creación, pero finalmente participa de sus trabajos. En teoría, es el partido que mantiene un discurso más centralizador y, por ejemplo, es el único que cuestiona el cupo vasco. No obstante, en sus propuestas programáticas y en su pacto con el PP incluyó reformas de la Constitución vinculadas con la regeneración, como la limitación de mandatos, la supresión de los aforamientos y el Senado. Incluso la reforma de la ley electoral que propugnó podría llevar unida el retoque en la Constitución.

Ninguno de los partidos nacionalistas, independentistas o soberanistas participará de esos trabajos. El PNV aseguró que no lo hacía porque no se dan las condiciones con la aplicación del 155, pero su portavoz, Aitor Esteban, ha abierto este martes la puerta a una futura presencia.

El PDeCAT intentó crear una comisión como esta hace meses, pero la coyuntura le ha hecho rectificar su posición. Y ERC ni se lo plantea.

Esa ausencia de partidos nacionalistas no impide aritméticamente la reforma, pero sí políticamente, porque obvia el pacto entre el Estado y las comunidades.