el ejecutivo arguye que no es su competencia

El TC suspende la ley catalana que regula el cannabis y la balear que impide matar al toro

Tras sendos recursos del Gobierno, la aprobación de ambas normativas queda paralizada hasta que el alto tribunal resuelva si se trata de iniciativas ajustadas o no a la Carta Magna

Foto: Un hombre se prepara un cigarrillo de cannabis en Londres. (Reuters)
Un hombre se prepara un cigarrillo de cannabis en Londres. (Reuters)

El Tribunal Constitucional ha suspendido este lunes cautelarmente la ley catalana de asociaciones de consumidores de cannabis, aprobada tras una iniciativa legislativa popular con el fin de regular el cultivo y transporte de marihuana por parte de estos clubes. El alto tribunal toma esta decisión tras el recurso presentado contra la normativa por el Gobierno de España, que considera que el precepto vulnera competencias exclusivas del Estado y trata de dar amparo legal a actividades tipificadas en el Código Penal.

Una providencia del Constitucional admitió el recurso del Ejecutivo y suspendió la norma hasta que el tribunal resuelva el escrito, que según el Gobierno contraviene competencias de normativa penal así como las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre los productos farmacéuticos, la seguridad pública y las relaciones internacionales, dado que afecta a convenios internacionales suscritos por España.

Según el Ejecutivo, la norma que aprobó el Parlamento de Cataluña no es constitucional porque no puede ampararse ni en el derecho de asociación, ni en el de protección de los consumidores ni en el de protección de la salud. En su recurso, el Gobierno apeló en concreto al artículo 161.2 de la Carta Magna para suspender el precepto, como había ocurrido anteriormente con otros recursos contra la ley navarra, que pretendía igualmente regular los clubes cannábicos, o con un artículo de la ley de atención integral de las adicciones y drogodependencias del País Vasco, que pretendía amparar a las citadas organizaciones.

En paralelo a esta suspensión, el Constitucional también ha anulado cautelarmente varios puntos de la ley balear de regulación de las corridas de toros, que prohibía la muerte del animal. El alto tribunal admite en este caso igualmente el recurso del Gobierno contra la norma y, como en el asunto del cannabis, deberá resolver en un plazo máximo de cinco meses.

La suspensión relativa a la tauromaquia paraliza por lo tanto también la obligación de que todos los toros que salgan a las plazas de esta comunidad autónoma tengan al menos cuatro años cumplidos y en ningún caso superen los seis, que ninguno de los animales se salga del peso mínimo, que haya básculas en todas las instalaciones, sea cual sea la categoría de la misma, que los toros accedan a la plaza al menos 48 horas antes del espectáculo o que no sean recluidos en los chiquiteros durante su estancia, preceptos todos incluidos en la normativa balear.

La legislación autonómica impedía asimismo la presencia de caballos durante las corridas; limitaba a tres toros y diez minutos por evento, y prohibía el uso de divisas, puntas de pica, banderillas, farpas, estoques o espadas, puñales y cualquier otro objeto punzante que pudiera herir o matar al toro.

El Gobierno argumentó que todas estas medidas invadían competencias reservadas a organismos estatales encargados de regular el patrimonio inmaterial del Estado y la tauromaquia. Según el Ejecutivo, además, Baleares no tiene en su Estatuto de Autonomía competencias específicas para legislar en materia de protección de los animales. La norma, argumentó en su recurso, "invade o menoscaba competencias estatales que regulan las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes".

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