El PP irá a juicio solo por delito informático en el caso de los ordenadores de Bárcenas

El juzgado número 32 de instrucción de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral por la destrucción de los ordenadores del ex tesorero Luis Bárcenas, aunque solo sienta al PP en el banquillo por el delito de daños informáticos. Sí serán juzgados en cambio por el delito de encubrimiento la actual tesorera del partido, Carmen Navarro, el representante legal de la formación, Alberto Durán, y un empleado del PP, José Manuel Alarcón (director del sistema de información). El PP se convierte así en el primer partido de la historia de la democracia española en sentarse en un banquillo de los acusados en una causa penal.

Para la magistrada Rosa María Freire hay suficientes indicios que prueban que el PP borró 35 veces los ordenadores que Bárcenas tenía en su despacho de la sede principal de Génova hasta la destrucción definitiva de los discos duros, que presuntamente tenían pruebas de la caja B del PP, que se investiga en una pieza separada del caso Gürtel en la Audiencia Nacional. La formación conservadora pidió el archivo del caso amparándose en la 'doctrina Botín', ya que el propio Bárcenas había retirado su acusación y la Fiscalía también había decidido no acusar.

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El Confidencial

Según Bárcenas, en los archivos de su ordenador Toshiba había información relativa a la supuesta financiación opaca del partido. En otro portátil Apple guardaba supuestamente información personal relativa a sus viajes, pantallazos de correos electrónicos, correos con su secretaria, con bancos, documentos sobre el medio 'Libertad Digital', la agenda de reuniones de su predecesor como tesorero, Álvaro Lapuerta, así como datos de donantes del partido, escaneos de pagos de la supuesta contabilidad B del PP y detalles de presupuestos de campañas electorales, operaciones de militantes e información sobre sus cuentas en Suiza.

El PP ya está siendo juzgado como partícipe a título lucrativo en la primera época del caso Gürtel, que ha quedado visto para sentencia tras 13 meses de declaraciones. Aquí se acusa a los populares de beneficiarse económicamente de los presuntos delitos cometidos por la trama de Francisco Correa.