Junqueras acata el 155 mientras su libertad se juega entre la Audiencia y el Supremo

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha fijado para el próximo lunes la vista para revisar el ingreso en prisión del 'exvicepresident' del Govern cesado Oriol Junqueras y los siete 'exconsellers' que ingresaron en la cárcel el 2 de noviembre. A pesar de que la causa ya se encuentra en manos del Tribunal Supremo, es la Audiencia Nacional la que debe estudiar las peticiones para su libertad que ya formularon los acusados por rebelión y sedición hace días ante este tribunal, salvo que decidan desistir y centrarse en su estrategia en el otro. Salvo que ocurra algo que lo evite.

De forma paralela, las defensas de los ocho acusados han presentado este martes escritos ante el juez Pablo Llarena en los que reclaman su puesta en libertad. En ellos, los de ERC se muestran mucho más claros que en anteriores ocasiones respecto al cumplimiento de la legalidad. El escrito indica que Junqueras y el resto de los de Esquerra "aceptan la aplicación del artículo 155, no renuncian a defender sus convicciones políticas por vías estrictamente pacíficas y democráticas, y trabajarán con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita poner en manos de la ciudadanía la decisión sobre el futuro de Cataluña".

Junqueras se vuelve a pintar como un disidente político y destaca que la propia Constitución ampara dentro de sus principios de tolerancia el discurso político pacífico, incluso cuando dicho discurso es perturbador o chocante. Además, da pábulo de nuevo a la indeterminación, ya que en otro punto de su nuevo escrito subraya que obstentaban "legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña" el día en que fueron citados, ya con el 155 aplicado.

"El cese en el desarrollo de sus tareas y responsabilidades de gobierno no se planteó como una estrategia defensiva sino como una decisión personal de todos mis mandantes que, ante la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155 CE, decidieron abandonar dichas responsabilidades políticas y asumir el reto electoral fijado por el Gobierno de España", añade a continuación. También minimiza la reiteración delictiva y dicen que si en el futuro vuelven a ocuparlas, están firmemente comprometidos a canalizar su actuación por las vías del diálogo y la negociación.

A diferencia de su situación cuando fue decretada su prisión, defiende, ahora "son actores políticos de un proceso electoral y ello significa que en condiciones normales tendrían derecho a participar de los actos de campaña, así como tendrán derecho a ejercer la representación política de los ciudadanos si resultasen escogidos, circunstancia que no se aventura improbable dada su posición en las listas electorales".

Por su parte, el PDeCAT también ha hecho lo mismo. La defensa de Turull, Rull y Jordi Sànchez ha presentado escritos al TS en los que se solicita la libertad "porque no se cumplen ninguno de los supuestos de la prisión preventiva". En el caso de los 'exconsellers', pide la anulación de la fianza de 6,2 millones de euros impuesta por Lamela y comparecer ante Llarena si el instructor lo considera oportuno.

Si las defensas no lo subsanan, podría darse el caso de que las decisiones de los dos tribunales se superpongan. De forma paralela a la cita del lunes, los escritos remitidos al alto tribunal piden que se fije allí vista para revisar la situación de los encarcelados. Llarena debe ahora poner fecha con la presión que supone el arranque de la campaña electoral, que comienza a las 00:00 del próximo 4 de diciembre.

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La sección encargada en la Audiencia está compuesta por cinco magistrados, los mismo que decidieron hace días confirmar la estancia en prisión de los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. En los recursos presentados ante la AN quedó evidenciada la división entre ERC y PDeCAT. Mientras que los cuatro presos de la formación de Puigdemont se inclinaron por acatar de forma expresa el 155, los de Junqueras mantuvieron entonces un discurso más combativo con tímidas referencias al carácter político de la DUI. Señalaron también que se apartaron tras su destitución en aplicación del artículo de la Constitución.

La jueza Lamela los envió a la cárcel hace 26 días al considerar que jugaron un papel activo impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado, y franquearon todas las barreras que pudieran desviarles de su última finalidad. Aseguraba que existía un elevado riesgo de reiteración delictiva y destacaba, además, su elevado poder adquisitivo, que les permitiría fugarse y no responder ante la Justicia. "Basta recordar el hecho de que algunos ya se han desplazado a otros países", ponía de manifiesto el auto en referencia a Puigdemont y a los cuatro miembros de su Govern que se encuentran en Bruselas y no han respondido a las citaciones.