Así denunciaron dos directivos 'protegidos' los sobornos en Mediapro a la FIFA

Dos testigos protegidos en Estados Unidos son los que han contado con pelos y señales los sobornos a directivos de varias federaciones de fútbol de América Latina para la venta de los derechos de retransmisión a la multinacional barcelonesa Mediapro. Así se desprende de la documentación judicial a la que ha tenido acceso El Confidencial. En un auto de la jueza Carmen Lamela, se explica textualmente que “la información que se facilita ha sido obtenida principalmente a través de la información suministrada por el Testigo Colaborador 1 (TC1) y el Testigo Colaborador 2 (TC2), ambos ejecutivos de Media World y que participaron en los esquemas de sobornos; información suministrada por otros testigos; y datos financieros obtenidos en el transcurso de la investigación, incluyendo registros bancarios”.

El auto especifica que TC2 “era un alto ejecutivo y socio accionista de Media World y de su sociedad matriz, Imagina US. TC2 ha manifestado que Gerard Romy, también socio accionista de Imagina US, era el ejecutivo de Imagina Group encargado de supervisar las operaciones de Imagina US, incluyendo a Media World. En dicha calidad, Romy viajaba periódicamente desde las oficinas de Imagina Group en Barcelona, España, para reunirse con TC2 en Miami, Florida, para que este lo pusiera al día sobre las operaciones de Media World, incluyendo sus esfuerzos por obtener derechos de difusión y comercialización de los partidos clasificatorios de la Copa Mundial que pertenecían a las federaciones de la Uncaf”.

Romy, socio también de Mediapro, ya no es directivo de este grupo desde hace más de un año y su paquete accionarial se ha puesto a la venta en la actualidad.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron a El Confidencial que TC1 es el nombre en clave dado por el FBI a Fabio Tordin, mientras que TC2 es Roger Huguet. Tordin es brasileño y había sido responsable de la compañía Traffic USA hasta su fusión con Media World. La sede de esta compañía en Miami fue registrada el 2 de diciembre de 2015, 12 días antes de los registros efectuados en las oficinas de los directivos de Mediapro en España Gerard Romy y Jonathan Cummings. Los dos ejecutivos que residían en Miami llegaron a un acuerdo con el FBI, se convirtieron en colaboradores y aceptaron pagar 610.686 dólares cada uno en concepto de multa por fraude bancario y conspiración para lavado de dinero, según los documentos en poder de este diario. Tras el registro de Media World, el Departamento de Justicia anunció la imputación de 16 personas más, todos ellos directivos y exdirectivos de federaciones americanas de fútbol.

En documentos remitidos a España por la Justicia de los Estados Unidos, se especifica que Huguet “es un ciudadano de España naturalizado en los Estados Unidos y residente en Florida. Desde 2008 hasta el presente, fue director ejecutivo de Sports Marketing Company A y Media Company A”. Esta última es el nombre en clave de Media World y la primera es su filial en los Estados Unidos: el escrito aclara que “ Sports Marketing Company A tiene su sede en Miami y es filial de Media Company A”.

Una operativa dilatada en el tiempo

En otro de los puntos de la acusación del fiscal estadounidense, que obra en poder de El Confidencial, se señala que Huguet pactó “pagar una tarifa” a un alto directivo de Uncaf. Y más adelante especifica: “En varias ocasiones entre 2008 y 2015, el acusado Roger Huguet informó al co-conspirador número 4, con base en Europa, de los sobornos pagados en nombre de la empresa de Sports Marketing Company A a altos funcionarios de las federaciones de la Uncaf para asegurar los derechos de esas federaciones en los partidos clasificatorios para la Copa del Mundial. Entre otras cosas, Huguet informa al co-conspirador número 4 de que se habían utilizado contratos ficticios para ocultar la verdadera naturaleza y el propósito de los pagos de sobornos realizados en cumplimiento del plan. El co-conspirador número 4 aprobó estas conductas”. Con este nombre en clave se designa a Gerard Romy, entonces alto directivo de Mediapro, que era quien controlaba toda la gestión de las filiales americanas y viajaba periódicamente a Miami.

La documentación generada en los Estados Unidos es contundente. En base a ella, la jueza Lamela subraya que el testigo protegido TC2 (o sea, Huguet) informaba a Romy “con regularidad sobre los sobornos pagados en nombre de Media World a los funcionarios de la Uncaf de Honduras, Costa Rica, Salvador y Guatemala, con el fin de conseguir los derechos a los partidos clasificatorios de la Copa Mundial que les pertenecían a estas federaciones. TC2 y Romy hablaban también de que se utilizaran contratos de consultoría conjuntamente con los pagos de estos sobornos, lo cual en la práctica ocultaba la índole y propósito reales de dichos pagos”.

La historia comienza, al parecer, en el año 2012, cuando un contrato con la Asociación de Fútbol del Caribe (AFC) de 23 millones de dólares, “para obtener los derechos de difusión y comercialización asociados con los partidos que jugarían las asociaciones miembros de la AFC para la clasificación de las Copas Mundiales de 2018 a 2022”, establece una comisión de tres millones de euros para Jeffrey Webb, “funcionario de alto nivel de la AFC y posteriormente presidente de Concacaf”. Webb fue también vicepresidente de la FIFA. Lo que debía hacer el alto directivo era adjudicar los derechos de retransmisión a la compañía TUSA (Traffic), que luego se los repartiría con Media World, pagando cada una de estas dos empresas la mitad del soborno. “Fue Gerard Romy, en nombre de Media World, quien celebró el convenio para compartir el costo del soborno de tres millones de dólares”, añade el auto.

Romy, según la investigación del FBI, informó a Huguet de que Costas Takkas, “un socio cercano a Webb, se comunicaría con TC2 para arreglar el pago a Webb, y que Medialuso, una filial en propiedad absoluta de Mediapro, una entidad afiliada con Imagina Group, efectuaría el pago. Romy le indicó a TC2 que encontrara un intermediario para que recibiera el pago de Medialuso con el fin de ocultar su índole y propósito reales. TC2 se comunicó con Trujillo, quien aceptó utilizar una de sus empresas, Sports Tournaments & Rights Inc, para recibir el pago de Medialuso”.

La acusación es pródiga en detalles, Según el texto, Romy también le indicó al testigo protegido “que enviara una factura falsa a Medialuso, que supuestamente correspondiera a trabajos relacionados con la Copa de Oro de 2013, un torneo de fútbol para el cual Medialuso había realizado trabajos legítimos, y que le enviara copia de la correspondencia a Jonathan Cumming, el director financiero de Imagina Group. TC2 y Cumming procedieron a intercambiar correos electrónicos, entre los cuales algunos incluyeron a Romy, sobre la transferencia de fondos de Medialuso a Sports Tournaments & Rights. Finalmente, en la primavera de 2014, Cumming confirmó que se había efectuado una transferencia de aproximadamente 500.000 dólares estadounidenses”.

Destino final: una mansión con piscina

TC2 y Takkas mantuvieron varias reuniones en Florida para acabar de diseñar la fontanería con el fin de pagar el soborno a Webb, lo que se hizo mediante una alambicada ingeniería financiera. Según la causa que se sigue en Nueva York, el inglés Takkas era consejero delegado de varias compañías mercantiles y de dos patrimoniales constituidas en las Islas Vírgenes Británicas y en las Caimán. También fue secretario general de la Asociación de Fútbol de las Islas Caimán y adjunto al presidente de la Concacaf cuando Webb asumió ese cargo. El FBI le acusa de conspirar “para pergeñar tramas que implicaban la proposición, el ofrecimiento, la aceptación, el pago y la percepción de pagos no revelados e ilegales, sobornos y mordidas”. Asimismo, controlaba cuentas corrientes en Nueva York, Miami y San Francisco “de importantes instituciones financieras de Estados Unidos y Suiza”.

En otro de los documentos que figuran en el sumario de los Estados Unidos se explica que la compañía Traffic, “a través de la empresa de 'marketing' llamada Media World (dirigida por los demandados Fabio Tordin y Roger Huguet), pudo dividir el coste de los sobornos. El dinero pasó a través de varias cuentas, incluso a través de un intermediario que era un socio comercial del demandado José Hawilla”. Y termina afirmando que el dinero llegó a las cuentas de Webb en Georgia, lo que le permitió “comprar una pequeña mansión e instalar una piscina”.